La presidenta Dina Boluarte respaldó el lunes pasado al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras el allanamiento fiscal a su vivienda, minimizando las investigaciones y cuestionamientos en su contra. En ese contexto, arremetió nuevamente contra el Ministerio Público y la prensa, a los que acusó de confabular para ejecutar un golpe de Estado blando.
“Pueden allanar la casa de todos los ministros si quieren, pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la fiscalía, que está jugando en pared con esta mala prensa para dar un golpe de Estado blanco [sic]”, aseguró durante una actividad oficial en el distrito de Chorrillos.
La fiscalía allanó la vivienda de Santiváñez, en La Molina, como parte de una investigación en su contra por presunto abuso de autoridad. El ministro es señalado de tomar represalias contra el capitán PNP Junior Izquierdo, quien fue reasignado a Moquegua como policía comunitario tras difundir audios que lo comprometen.
La mandataria añadió: “Ahora los golpes de Estado ya no vienen desde el Ejército, sino vienen del Ministerio Público. ¿A quiénes protegen? ¿A Odebrecht, al Club de la Construcción, a OAS? ¿A quién protege el Ministerio Público y atenta contra ministros atentos y honestos?”.
"Desde el gabinete en pleno, rechazamos totalmente este acoso político contra el ministro. Nuestra total solidaridad con él y total respaldo. Continuará siendo ministro del Interior y seguirá limpiando ese ministerio de los caviares que lo habían capturado".
Dina Boluarte, presidenta de la República
Más tarde, en el Centro de Operaciones de Emergencia, donde Boluarte lideró coordinaciones multisectoriales por las lluvias e inundaciones registradas a nivel nacional, Santiváñez fue recibido con aplausos por la presidenta, el primer ministro Gustavo Adrianzén y otros miembros del Gabinete.
La mandataria lo saludó con un abrazo efusivo y prolongado. Fue una muestra más de respaldo a uno de sus principales escuderos políticos.
Previamente, Santiváñez dijo a la prensa que la fiscalía se encuentra deslegitimada.
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El titular del Interior se refirió a diversas decisiones fiscales que, en su opinión, fueron equivocadas. Entre ellas - dijo - la denuncia constitucional contra 11 congresistas por presunta negociación incompatible y el archivamiento de una investigación contra Pablo Sánchez, extitular del Ministerio Público.
Ministro del Interior cuestionó al Ministerio Público luego del allanamiento de su casa. Calificó la diligencia como "un manotazo de ahogado, una treta” de esa institución a cargo de Delia Espinoza. Foto: Alessandro Currarino / GEC
Luego, el ministro de Educación, Morgan Quero, se sumó a los ataques contra la fiscalía. Aseguró que en esa institución existen “chacales que están enquistados en luchas intestinas de poder”.
Además, el titular de Educación respaldó la acusación de Boluarte sobre un supuesto complot para incitar un golpe de Estado blando.
“Nosotros nos solidarizamos con el ministro del Interior. Quiero hacer hincapié en señalar a aquellos detractores [...] [están] incitando a un golpe de Estado blanco [sic]. Un golpe que lo único que puede hacer es generar más rechazo por parte de la población”, aseveró.
Desde el Congreso, el legislador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) también cuestionó la diligencia fiscal, que consideró una represalia contra Santiváñez. Esto por defender una ley a la que se opone el Ministerio Público
“Sin duda es una clara represalia de la fiscalía contra el ministro del Interior, dado que ha defendido la ley aprobada por el Congreso, que devuelve la investigación preliminar a la policía, pero que la fiscalía se niega a aplicar. [...] Yo creo que es un abuso de la fiscal de la Nación, que realiza constantemente allanamientos como si fueran delincuentes”, dijo.
Hasta la publicación de este informe, el Ministerio Público no respondió a los ataques del Poder Ejecutivo. El Comercio intentó comunicarse con el vocero de esa institución, el exfiscal supremo Víctor Cubas, pero no obtuvo respuesta.
Ya en enero pasado, la mandatario calificó de “carpetas de circo” las investigaciones fiscales en su contra.
Y un mes antes, en diciembre del 2024, aseguró que el Ministerio Público acoge “leyendas mediáticas” para “crear historietas para sus carpetas fiscales”.
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Agrava el clima hostil
En el mismo evento, Boluarte acusó a América Televisión y Canal N de actuar en complicidad con la fiscalía para atacar a su gestión. Con ello profundizó la hostilidad que muestra su gobierno hacia las labores fiscales y periodísticas.
“Alguna noticia, alguna prensa o algún medio suelta la noticia, y Canal 4, a través de Canal N, repite, repite y repite la noticia, así sea falsa. E inmediatamente la fiscalía [...] en 48 horas [abre una] carpeta fiscal e inmediatamente [efectúa un] allanamiento de domicilio”, señaló.
El último domingo, “Cuarto poder” reveló que dos testigos protegidos declararon ante la fiscalía que el ministro, cuando ejerció como abogado, habría pagado sobornos a jueces y fiscales para influir ilegalmente en sus decisiones.
Para Boluarte, difundir información que comprometa a su gestión y a su entorno es un acto de hostigamiento.
“Es un acoso político permanente. [...] Debo denunciar que, desde el primer día que asumí la presidencia de la República por mandato constitucional, luego del golpe de Estado que diera el señor Pedro Castillo, un programa dominical llamado ‘Cuarto Poder’ no ha dejado de hostigar a la presidenta Boluarte durante todos sus programas. Y no solo a la presidenta Boluarte, sino a la familia de la presidenta”, dijo.
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La prensa, en general, ha revelado información que luego recogió el Ministerio Público para abrir investigaciones contra Boluarte y su entorno, como los casos Rolex, el ‘cofre’ y la designación de subprefectos.
La presidenta enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de cohecho, abandono del cargo, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Discurso peligroso
La politóloga Katherine Zegarra señaló que las declaraciones de Boluarte son populistas y polarizantes. Precisó que apuntan a la simpleza de identificar a un enemigo y atribuirle la responsabilidad de todos los males.
“Esto afecta gravemente la democracia. Está claro que los líderes populistas, en lugar de identificar que los problemas vienen de situaciones complejas, buscan la simplicidad. Se busca con esto polarizar a la ciudadanía, decir que hay un solo enemigo y eliminándolo, todo se resolverá mágicamente. Es bastante negativo y preocupante que esto venga de la élite política”, agregó en diálogo con El Comercio.
Zegarra precisó que la presidenta y su Gabinete se enfrentan a pedidos de rendición de cuentas, no al acoso político.
“El trabajo de la prensa es incomodar al poder, no halagarlo. [...] Pero cuando el poder político tiene ese tipo de comentarios, de alguna manera avala a grupos que atacan a la prensa”, alertó.
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, señaló que estamos frente al ataque más grave que ha propinado Boluarte contra la prensa.
“Desde la ANP no solo rechazamos las declaraciones de la señora Boluarte, sino que la calificamos como su más grave ataque a los medios y al periodismo en toda su gestión. Ha hecho una acusación gravísima al decir que la fiscalía juega en pared con la prensa. Habría que decirle, con absoluta rotundidad, que eso que ella llama acoso político permanente a su gobierno es periodismo. Es periodismo con todas las letras”, señaló en diálogo con El Comercio.
Poco después, la ANP señaló mediante un comunicado que las declaraciones de la presidenta no solo profundizan su historial de ataques y estigmatización contra el periodismo, sino que marcan una peligrosa escalada al señalar a los medios como cómplices de un atentado contra el Estado de Derecho.
“Es nocivo que la primera mandataria haga acusaciones directas a un espacio periodístico, intentando referirse al mismo de manera despectiva, como ha hecho con ‘Cuarto Poder’, alegaciones de propalación de información falsa contra América Televisión y Canal N o atribuir a la Fiscalía tener un trato discrecional con el periodista de investigación Gustavo Gorriti”, señaló.
Sobre Gorriti, director de IDL-Reporteros, la mandataria cuestionó que la fiscalía no allane su oficina, sin considerar que ello vulneraría la protección de las fuentes periodísticas.
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Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) exigió a Boluarte distinguir las funciones de la fiscalía y de la prensa, ya que operan de manera autónoma.
“IPYS exige a la presidenta Boluarte diferenciar los roles del Ministerio Público y de la prensa, los cuales son completamente independientes. Además, le recuerda su deber de aceptar la fiscalización y la crítica periodística que recibe su gobierno, sus ministros y ella misma en un contexto de evidente descontento ciudadano y serios indicios de corrupción por lo que se investiga a su gestión y su entorno”, señaló mediante una alerta.
En tanto, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmermann, señaló que Boluarte hizo esas declaraciones en un contexto determinado por dos hechos: las dudas sobre cómo Santiváñez accedió a un reportaje de “Cuarto poder” antes de su emisión el último domingo y el allanamiento de su vivienda.
“Evidentemente, la respuesta de Boluarte es motivada por esos dos factores. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sabemos que Santiváñez es escudero de Boluarte y Boluarte es escudera de Santiváñez. Se apañan y se ayudan mutuamente”, dijo.
Salazar alertó que la arremetida de la presidenta “envalentona a fiscales, jueces y congresistas” que pretendan atacar la libertad de expresión e información.
“Se crea y se perpetúa un discurso hostil contra los medios de comunicación. La respuesta natural del funcionario público luego de esto es: ‘No me gusta lo que dicen de mí, entonces voy a decir que es difamación o una persecución’. Y por supuesto, esto puede implicar asuntos más peligrosos, como responder con un proyecto de ley contra la prensa o con una investigación fiscal”, dijo.
“Boluarte es una persona que defiende una prensa libre, sino la que le conviene, que es, digamos, la que se está imprimiendo en TV Perú”.
Rodrigo Salazar Zimmermann, presidente del Consejo de la Prensa Peruana
En la actual gestión gubernamental, los periodistas se han visto limitados en la cobertura de los eventos oficiales de la presidenta. Por lo general, son confinados en espacios restringidos para evitar que formulen preguntas.
La mandataria no da conferencias de prensa desde octubre pasado. Para evitar responder, designó a Fredy Hijonosa como vocero de Palacio de Gobierno.
Respaldo desde la clandestinidad
El líder de Perú Libre y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, apoyó los ataques de la presidenta contra el Ministerio Público.
“Soy crítico de la usurpadora Boluarte, por su complot en el golpe de Estado a [Pedro] Castillo, pero que enfrente abiertamente a los caviares es lo correcto. La fiscalía está tomada por IDL, los jueces y fiscales le temen”, dijo en su cuenta de X (antes Twitter), que utiliza diariamente desde la clandestinidad.
Incluso, Cerrón propuso que el Poder Ejecutivo intervenga en el Ministerio Público. “El Consejo de Ministros debe aprobar la reestructuración de la fiscalía; es imposible que la ciudadanía esté investigada por una posible organización criminal que opera desde un Estado oculto”, señaló.
Cerrón permanece prófugo desde octubre de 2023. Recientemente, se reveló que el general PNP en retiro Roger Arista, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), declaró ante la Fiscalía que altos funcionarios de Palacio de Gobierno, incluida la propia presidenta, estaban al tanto de las operaciones de búsqueda. Y en octubre pasado, el exprimer ministro Alberto Otárola dijo que la captura de Cerrón se habría frustrado, en al menos una diligencia, por filtración de datos.
