Un nuevo testimonio reforzaría la versión sobre un presunto favorecimiento a la presidenta Dina Boluarte en el caso “Los Dinámicos del Centro”, que implica al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, según reveló “Cuarto Poder”.
Según el dominical, se trata del fiscal adjunto provincial Ángel Astocóndor Villalobos, quien declaró ante el Ministerio Público que el fiscal provincial Richard Rojas ordenó que el caso contra la mandataria se investigue en una carpeta diferente a la de Cerrón.
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Desacumular el caso habría sido una estrategia para dividir la investigación en dos grupos, es decir, abrieron una carpeta adicional, para colocar a Boluarte y a Pedro Castillo en fase preliminar.
Con respecto al otro grupo, que incluye a Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Arturo Cárdenas, entre otros, se llegó a formalizar investigación por lavado de activos. Se trató de una decisión que en la práctica favoreció a Dina Boluarte.
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Cabe indicar que el fiscal Richard Rojas es señalado por el aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva como el personaje que habría ayudado a Boluarte Zegarra a librarse de una orden de prisión preventiva.
“Esa decisión fue dictaminada por el fiscal provincial a cargo del caso, ya que se tenía el comunicado previo, meses antes del doctor Vela Barba, con relación a que en ese entonces la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, necesitaba ver en los despachos fiscales resultados y acciones inmediata especialmente en los casos emblemáticos, como es el caso 43-2021″, indicó.
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“Teniendo en cuenta ello el fiscal provincial decide formalizar contra 11 personas de las cuales ya se había recabado diversa información y documentación que generaría una sospecha reveladora”, agregó.
La solicitud de Rojas para reformular el caso fue extrañamente repentina para Astocóndor, sobre todo, porque recién habían transcurrido 16 de los 36 meses de investigación y existían 20 meses de plazo para seguir con las indagaciones.
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Separar a Castillo Terrones y Boluarte de la investigación, teniendo en cuenta el rol que ésta última cumplía dentro de la presunta organización criminal, llamó mucho la atención de Astocóndor y así se lo hizo saber al fiscal a cargo del caso, Richard Rojas.
“No se me pidió, pero yo la di en ese momento teniendo en cuenta que estábamos en un caso de organización criminal y podíamos seguir investigando por 36 meses. Sin embargo, la decisión de formalizar en un tiempo menor fue del fiscal provincial”, detalló.
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“El fiscal provincial me llamo a su despacho y en base a las necesidades inmediatas de resultados solicitados por la fiscal de la Nación, me informó que se iba a formalizar el caso, a lo cual yo respondí con una propuesta o una idea que si el caso es de organización criminal, por qué no se sigue investigando por 36 meses, a lo que respondió que ya era una decisión tomada por él”, añadió.
De acuerdo a este documento, Astocóndor entendió que la decisión provenía del más alto nivel. El fiscal Richard Rojas, hoy suspendido del cargo, hizo caso omiso a las recomendaciones de su adjunto y optó por solicitar prisión preventiva solo para Cerrón, Bellido, entre otros, y apartó a Dina Boluarte por motivos que nadie entiende.
Lo que ha levantado sospechas es que Rojas tomó esta decisión a pesar de que su despacho contaba con el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS).
Dicho documento revelaba información comprometedora contra Boluarte. Según la UIF, entre los años 2016 y 2022 la presidenta registró ingresos en sus cuentas por S/1 millón 97 mil y U$S2 mil 200, dinero cuyo origen se desconoce y habría ingresado en 665 depósitos en efectivo.
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Además, 64 % de los ingresos no tendrían justificación económica que los respalde. Del análisis efectuado, se presume que las operaciones registradas en las cuentas de Boluarte podrían estar vinculadas al delito de lavado de activos.
Entre las numerosas operaciones se han detectado movimientos sospechosos en sus 7 cuentas personales y en las 4 mancomunadas. En total, Dina Boluarte posee 11 cuentas a su nombre en el BCP.
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Fue de la cuenta mancomunada con Braulio Grajeda Bellido, dirigente de Perú Libre que logró ser viceministro de Gobernanza Territorial, desde donde Boluarte Zegarra transfirió dinero a Vladimir Cerrón.
Se trató de una transacción de S/15.709 que se realizó el 15 de diciembre del 2020 a la 9:28 a.m. El depósito ha sido confirmado por la propia mandataria en su declaración del 31 de enero del 2022 ante el Ministerio Público.
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La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos indaga aún sobre las tareas específicas que cumplió Dina Boluarte en su papel de encargada de las cuentas del partido de Cerrón durante la campaña electoral del 2021. El origen del dinero sigue bajo sospecha y hasta ahora nadie ha podido aclarar la procedencia de los montos.
