Dina Boluarte y su aval a Petro-Perú: Pidió al Gabinete “mejorar estado económico” de empresa antes de nuevo rescate

Tres semanas antes de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgara un nuevo rescate financiero a Petro-Perú por US$287,3 millones (en emisión de bonos soberanos, cuyo vencimiento será en agosto del 2034), la presidenta Dina Boluarte avaló esta transferencia. Entre el 2013 y mayo pasado, la empresa estatal ha recibido préstamos estatales por más de S/24.000 millones.

Según el acta de la sesión del Consejo de Ministros del 3 de setiembre último, a la que El Comercio tuvo acceso, Boluarte Zegarra consideró que Petro-Perú “es una empresa estratégica” para el país, porque “cumple un rol importante en la economía nacional” y destacó que su cobertura “alcanza a todo” el territorio.

También recordó que la referida empresa estatal “se encuentra dentro de un proceso” especial desde el 2023, a raíz de la inversión en la refinería de Talara. Ese año la compañía reportó pérdidas de US$822,8 millones, mientras que en el 2022 el saldo negativo fue de US$271 millones.

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Boluarte expresó, en ese sentido, su “preocupación” sobre la recuperación económica de Petro-Perú y solicitó “que se adopten medidas programáticas para mejorar el estado económico de la empresa”.

Además, sostuvo que existe la necesidad de incorporar mecanismos de control y de trazabilidad de los productos de la petrolera estatal, con el objetivo de evitar que estos sean utilizados en la minería ilegal, actividad “que genera un grave perjuicio sobre el ambiente y los derechos” de la ciudadanía.

La intervención de la mandataria en la referida sesión del Gabinete Ministerial se dio después de la presentación de Alejandro Narváez Liceras, presidente del directorio de Petro-Perú.

Narváez Liceras, según la misma acta de la cita, informó sobre la situación financiera de la empresa estatal en octubre del 2024, cuando asumió la presidencia de la compañía, y al cierre de ese año.

Y, además, expuso sobre “los factores que generan impactos negativos en los resultados” de Petro-Perú, las ventas de combustibles líquidos a nivel nacional y en Madre de Dios, así “como la protección de la compañía al 2030”.

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Una interferencia

Al respecto, el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla consideró que el pronunciamiento de Boluarte en el Consejo de Ministros sobre la situación de Petro-Perú “va en contra de la gobernanza” de esta empresa estatal. Agregó que la junta de accionistas, que está representada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el MEF, “son los que finalmente deben acoger o desechar las propuestas del directorio” de la petrolera.

“Que la presidenta se inmiscuya en estos problemas constituye una interferencia con el gobierno de esta empresa y, evidentemente, presiona [al MEF] para seguir salvando a una empresa que es insolvente”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Castilla refirió que “el factor ideológico pesa bastante” para que la administración de Boluarte continúe con los salvatajes a la petrolera estatal.

“Obviamente, si tuviéramos a un gobierno de derecha de verdad y con mayoría en el Congreso, probablemente hubiera optado por una salida radical, porque se trata de una empresa insolvente. Si las perdidas superan el 50% de su capital social, eso debería activar un proceso concursal o medidas mucho más efectivas”, expresó.

El ex titular del MEF opinó que la ruta de salida a la crisis económica de Petro-Perú pasa por cumplir el Decreto de Urgencia Nº013-2024, que incluye la contratación de un gestor privado, una desinversión en activos no estratégicos y “un plan real de reducción de personal de la referida empresa”.

“Hemos visto que nada de esto ha ocurrido, la empresa sigue siendo manejada por intereses políticos y sindicales [...] Los salvatajes a Petro-Perú, durante los últimos dos gobiernos, representan el 1% del PBI y eso es un montón de recursos”, acotó.

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La ex jefa de Gabinete Ministerial y ex titular del MEF Mercedes Aráoz afirmó que es “muy probable” que Petro-Perú vaya a continuar operando, pero remarcó que es necesario “cambiar su organización, vender activos y ‘adelgazar’ sus sobrecostos”.

Aráoz Fernández, también ex vicepresidenta de la República, indicó que “es claro” que la presidenta Boluarte “está buscando soporte político” para la empresa estatal.

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A su turno, el exministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne dijo que las palabras de Boluarte pueden ser interpretadas de dos maneras: o busca un reperfilamiento de la deuda de Petro-Perú o direccionar mayores rescates. Añadió que los US$287,3 millones transferidos a la empresa estatal no serán suficientes y que lo más probable es que el gobierno encamine una nueva inyección de capital.

“Claramente, hay un componente ideológico, la presidenta piensa que se debe proteger a esta empresa estatal, sin necesidad de exigirle mayor eficiencia. En mi opinión, eso no es viable ni siquiera en un capitalismo de Estado, como el que funciona en China. Sí, hay un componente ideológico detrás de esto [de los continuos rescates]”, complementó en diálogo con El Comercio.

El último miércoles, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, justificó la nueva transferencia millonaria a Petro-Perú.

“Con relación a Petro-Perú, lo que se viene difundiendo en los medios es justamente parte del compromiso que como gobierno ya habíamos asumido: apoyar a Petro-Perú en los gastos de capital, es decir para la compra de bienes y combustibles [...] No se va a invertir un solo sol para pagar algo adicional que no corresponda a gastos de capital, de trabajo”, manifestó.

Un discurso de respaldo pese a la crisis

El respaldo de Boluarte Zegarra a Petro-Perú no es reciente. Por ejemplo, en su último mensaje a la Nación ante el Congreso, la presidenta dijo que la petrolera “es la primera y única empresa” del Estado del sector hidrocarburos que tiene como finalidad abastecer al mercado nacional “de forma eficiente, oportuna y competitiva”.

Incluso, señaló que la empresa estatal había recuperado participación en el mercado nacional y que empezó a exportar sus productos a Brasil, Ecuador “y muy pronto a Bolivia”.

En setiembre de 2024, tras la renuncia del directorio de la petrolera, la mandataria negó que su gobierno vaya a privatizar Petro-Perú.

“No podemos tener una planilla burocrática en tiempos de crisis, pero tampoco vamos a privatizar Petro-Perú, porque es la única empresa que lleva combustible, por ejemplo, a Purús, ahí donde no llegan las empresas privadas. Y en esa responsabilidad de que el combustible llegue a los lugares más recónditos de la patria para que nuestros hermanos y hermanas que se mueven en su motocicleta, en sus pequeños carritos, donde mueven sus economías, seguiremos vendiendo”, remarcó.

Durante su discurso, Boluarte señaló que su administración está “trabajando fuertemente y con mucha dedicación para sacar adelante a la única empresa que tiene la patria, que es Petro-Perú”.

También sostuvo que la meta de su gobierno es que la empresa estatal recupere su estatus “de antaño”.

A fines de diciembre de 2023, durante la ceremonia de inicio de operación plena de la Nueva Refinería Talara, la jefa de Estado indicó que esta planta “podrá procesar hasta 95 mil barriles de petróleo por día para abastecer a todo el Perú”. “En ese sentido, su funcionamiento contribuirá en la reducción de la importación de combustibles [...] Al mismo tiempo generará un valor estratégico para la industria de hidrocarburos, ya que procesará los crudos pesados de la selva que la anterior refinería no podía”, aseguró.

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No obstante, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) y de El Comercio, la nueva Refinería de Talara enfrenta fallas en su unidad de flexicoking, que ha registrado paralizaciones desde el 2024, lo que redujo su producción a 43 mil barriles diarios en febrero, 36% menos que en el mes anterior. Así, solo alcanzó el 45% de su capacidad operativa.

Además, en el primer trimestre del 2025, Petro-Perú perdió US$111 millones, 86% más que en el trimestre anterior. Este desempeño coincide con la caída del precio del petróleo, que podría llegar a US$56 por barril a finales del 2026, según la Administración de Información Energética Americana. Ello supone la continuidad de un contexto adverso para la empresa.

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En la sesión del Consejo de Ministros del 3 de setiembre también se presentó el gerente general de Petro-Perú, Óscar Vera Gargurevich. Él detalló “el estado situacional de la comercialización de combustibles en zonas de la selva” y también en las áreas con “presencia de la minería ilegal”.