Dina, ‘Juanjo’ y el presupuesto, por Fernando Vivas

1. Soy yo, pero no es mi voz

El lunes amanecimos con el eco de unos audios que Junior Izquierdo, el capitán PNP ‘Culebra’, enroscado en una silla de chifa, habría extraído de una grabación a su amigo confeso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. El intenso ‘Juanjo’ (así lo llaman sus amigos y también el primer ministro, Gustavo Adrianzén) le habría contado a Culebra, en varias formas y momentos de una larga charla, que su ingreso al gabinete habría estado condicionado a que desparezca la Diviac: “Me preguntó [Dina a ‘Juanjo’], ¿usted puede desactivar la Diviac? (…) Yo le dije sí”. De esta forma, el flamante ministro se habría comprometido a algo que –lo dice en otro momento- sabía que era casi un imposible político y legal. Pero, como él mismo se explica en la conversación: “para subir, todo vale”.

Si los aburro con los ‘habría’ es porque el ministro ha dicho que admite que estuvo en un chifa con Izquierdo, pero da por falsos los audios. Si lo anotamos como noticia de impacto es porque la defensa del policía, el abogado José Carlos Mejía, nos ha confirmado que su defendido ha grabado y permitido la difusión de la reunión y está dispuesto a ayudar en las corroboraciones. Y porque, más allá del audio y de su probable autenticidad, sí es cierto que el discurso del ministro ha sido crítico del ‘equipo especial’ que daba apoyo al Eficoop y que la ha emprendido duramente contra el Ministerio Público que investiga a Dina (aportando insumos al primer ministro Gustavo Adrianzén para que haga lo mismo). O sea, públicamente, el ministro confirma de alguna manera lo que le habría dicho en privado a su amigo. A pesar de esto, la inseguridad de Santiváñez ante su permanencia en el gabinete es menor que la de otros ministros pues ha sido respaldado por declaraciones de Adrianzén y por un abrazo ‘ronron’ de Dina. Tiene colegas más inseguros pues podrían ser cambiados o fusionados (ver crónica aparte). El Poder Judicial, por su lado, batalla contra las nuevas leyes que acotan y restringen el concepto de crimen organizado: el juez Jorge Luis Chávez Tamariz ha hecho control difuso y convencional y ha privilegiado los tratados internacionales. El fiscal de la nación, por su lado, exhortó al Congreso, en mensaje a la nación, a no aprobar la ley que le quita parte de sus facultades de investigar para pasarlas a la PNP.

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2. ¿Y si lo quebramos?

El directorio de Petroperú, presidido por Oliver Stark, lanzó un ‘comunicado ultimátum’ (de estos hemos visto varios en ese barril sin fondo del Estado) urgiendo al gobierno a que se decida entre 3 vías: seguirles inyectando dinero por las puras, aceptar su quiebra y/o liquidación o una profunda reestructuración con apoyo de una firma extranjera, sin injerencia política y con un nuevo marco normativo. La primera opción la describen con asco y la tercera sin mucho entusiasmo; pero la muerte de Petroperú causada –según el comunicado- en buena parte por el elefante blanco de la refinería de Talara, no lo han querido poner con seriedad en la agenda porque implicaría un pago de deudas descomunal. El gobierno, acostumbrado a patear decisiones imperiosas para adelante mientras hace propuestas que sí implican cambios que lo desbordan (fusiones de carteras, crear un ministerio de infraestructura, entre otras); tuvo que abordar el tema tras el consejo del miércoles. Y Arista se reunió con el directorio luego de declarar: “Me sentiría sumamente incómodo (…) si es que se utilizara algún recurso de la tributación, de los impuestos que pagamos todos nosotros para financiar, solventar o para darle liquidez a esta empresa”. La solución aún no se conoce.

3. Presupuestívoros

El ministro Arista tuvo que dar una noticia más importante que la de Petroperú: que ya está lista la Ley de Presupuesto para el 2025. Dijo que es más realista y acorde a la proyección de crecimiento que la del año pasado. El presupuesto del 2024 creció 12% en relación al año anterior y esta vez, según Arista, crecería 4.5%, mientras la proyección de crecimiento económico que maneja el MEF es de 3.2%. Se abre, por lo tanto, una temporada de negociación no solo con bancadas congresales y sus dirigentes partidarios (si los hay), sino con gobiernos regionales, alcaldes y gremios empresariales.

Dina ha bajado las vallas para aceptar pedidos y reclamos de todos esos actores mencionados; lo que trae presiones de muchos sectores postergados dentro del propio aparato estatal, como los maestros del Sutep (con dirigentes en huelga de hambre esta semana) y del sindicato del mismísimo despacho presidencial. Todo esto, para no hablar de la gran mayoría informal a la que no le llega ni el debate tributario, ni muchas de las obras proyectadas ni la representación de los gremios. Quizá impacte a un sector dentro de esa mayoría, si llegara a buen puerto, la reforma del sistema de pensiones, consensuada entre las AFP, el MEF, Sunat y las bancadas del ‘Bloque’ que se extendería a los trabajadores independientes. El feriado largo tampoco alcanza a esa gran mayoría.