Ariana Lira Delcore

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La hoja de vida del nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre –designado en el puesto el último sábado–, continúa generando cuestionamientos.

Según un reporte de información personal de la (PNP), al que accedió El Comercio, el mayor en retiro y abogado obtuvo 30 sanciones disciplinarias en la institución entre 1997 y el 2015.

De estas, la mayoría (14) corresponde a faltas contra la obediencia. También figuran sanciones por negligencia, contra el decoro, contra el deber profesional, abandono de servicio o destino, y abuso de autoridad.

Por las faltas, se le impusieron desde dos hasta 15 días de sanciones simples.

Asimismo, el documento da cuenta de que el ahora director de la DINI fue declarado no apto para el ascenso en tres oportunidades. La primera de ellas fue en el 2004, por tener sentencia judicial condenatoria.

Al año siguiente, se lo declaró no apto nuevamente por haber obtenido “menos de 65 [puntos] en moral y disciplina”. En el 2010, el motivo fue que Fernández fue “desaprobado en conocimientos”.


La pregunta del día: ¿cuáles son los cuestionamientos al nuevo director de la DINI?
José Luis Fernández Latorre fue designado como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), pero su nombramiento ha sido cuestionado debido a su perfil profesional y a investigaciones en su paso por la policía. Según su reporte de información personal de la PNP, tuvo 30 sanciones disciplinarias entre 1997 y 2015. La mayoría por faltas contra la obediencia. En tres ocasiones fue declarado no apto para el ascenso, una de ellas por tener sentencia condenatoria.

Antecedentes

Este Diario informó ayer que Fernández fue investigado en el 2001 por haber agredido “sin mediar razones” a un alumno de la PNP identificado como Percy Alberto Ramírez. Producto de este caso, recibió una sentencia por abuso de autoridad.

Asimismo, de acuerdo con su expediente, en enero del 2005 fue investigado por presuntamente haber cobrado cupos a transportistas de la ruta Chota-Tacabamba.

Este Diario intentó dialogar con Fernández para efectuarle distintas consultas. Sin embargo, el funcionario optó por facilitar a El Comercio una nota de prensa en la que negó las acusaciones en su contra.

“Todas las imputaciones efectuadas en mi contra se refieren a un mismo caso, en el que se impusieron sanciones administrativas, pero nunca penales”, se lee en el documento.

Sobre la agresión al alumno de la PNP, Fernández señaló que en aquel momento se encontraba en Lima, lo cual dijo poder “acreditar documentalmente”.

“Es decir, físicamente no me encontraba en la localidad donde ocurrieron los hechos”, escribió.

Del mismo modo, el también abogado negó que haya cobrado cupos a transportistas. Por último, respecto a las sanciones disciplinarias, indicó que “son sanciones que no tienen relevancia y que no significaron mi expulsión de la PNP, como tampoco imposición de sentencia penal alguna”.

Según Fernández, solicitó su pase al retiro “por no compartir actitudes que colisionan con los principios y valores que me motivaron a servir al país como policía”.

“En consecuencia, desvirtúo cualquier hecho que ponga en tela de juicio mi honestidad y mi idoneidad para el cargo en el que se me ha designado, y reafirmo mi vocación de servicio al país, desde la posición que me ha confiado el señor presidente de la República”, concluyó la misiva.

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