Eduardo Arana, de supuesto “premier en la sombra” a presidente del Consejo de Ministros: sus antecedentes y perfil

No ha sido el único que le ha atribuido al abogado una especial influencia dentro del gobierno la presidenta Dina Boluarte. “Él la asesora”, se escucha decir, junto a un adjetivo de mayor calibre, a la voz atribuida al exministro Juan José Santiváñez en uno de los audios grabados por el capitán PNP Junior Izquierdo ‘Culebra’.

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Eduarda Arana, por supuesto, ha negado tener ese rol. “No existen ministros o premieres en la sombra Todos caminamos con plena tranquilidad en el sol de la democracia. No existen esas afirmaciones, no son correctas. El gabinete que preside y dirige correctamente el doctor…Gustavo Adrianzén es un Gabinete cohesionado que trabaja bajo los lineamientos directos de él”, respondió en una conferencia de prensa en diciembre pasado.

No obstante, la particular cercanía y la confianza que tiene sobre él Dina Boluarte, incluso por encima de otros miembros de su gabinete, lo han colocado durante buena parte de la actual gestión dentro del círculo más cercano de la mandataria. El propio Eduardo Arana reconoció, implícitamente, la particularidad de su relación con la presidenta en esa misma conferencia de prensa.

“El hecho de cada ministro, de manera individual, colectiva o conjunta, pueda atender alguna de las necesidades propias de Estado, conjuntamente con la señora presidenta o, tal vez, en algunos temas que trasciendan más allá de lo que corresponda al gabinete, al Consejo de Ministros, no significa de modo alguna que existe algún tipo de salto al mando o el respeto al premier”.

Al margen de que haya estado “en las sombras” o no, la designación de Eduardo Arana como presidente del Consejo de Ministros ocurre en una coyuntura preelectoral, de crisis de inseguridad y de una creciente inestabilidad política en el Ejecutivo, lo que lo pone inequívocamente bajo los reflectores de la política palaciega.

Detrás de él hay una gestión como ministro que apoyó algunas de las posturas más polémicas del Ejecutivo y de la presidenta, una investigación fiscal ligada al Caso Cuellos Blancos del Puerto y un pasado como asesor en el actual Congreso, un Congreso que mira con tono cada vez más crítico a Dina Boluarte y que desde julio, podría vacarla sin la posibilidad de antes ser disuelto.

Eduardo Arana es un abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, nacido en Lima hace 59 años, que integra el Colegio de Abogados de Lima y del Callao. Además, forma parte desde 1994 de la ‘Gran Logia’ masónica y desde el 2004 del ‘Supremo Consejo del Grado 33 para la República del Perú’, tal como él mismo ha declarado en sus declaraciones juradas de intereses.

Desde el 2000, trabaja como docente en la Universidad Federico Villarreal. Poco después comenzaron sus vínculos con el sector público y el aparato judicial. Según reportó este Diario en un informe previo tras su nombramiento como ministro de Justica, Eduardo Arana fue nombrado en el 2002 Secretario Técnico de Selección y Nombramiento, como Coordinador Alterno del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

No obstante, según información de la época, en el 2004, el entonces presidente del CNM Teófilo Idrogo lo retiró del cargo luego de conocerse denuncias que vinculaban al abogado con una presunta parcialización a favor de algunos postulantes.

A fines de esa misma década, en enero del 2009, el entonces presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein lo designó jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema. Sin embargo solo duró 20 días en el cargo, ya que ese mismo mes se aceptó su renuncia.

También se ha desempeñado cómo árbitro en distintas entidades y, según sus declaraciones juradas, ha dado servicios de asesoría para empresas privadas.

Más recientemente, en los años previos a ser ministro, tuvo distintos cargos de asesor parlamentario. Tras un primer paso entre 2016 y 2018 y presumiblemente luego de una maestría en Italia que duró un año y medio (el diploma es de enero del 2022, según Sunedu), retornó al Legislativo como asesor de Benigno Leonel Cabrera Pino, congresista accesitario de Unión Por el Perú, entre mayo y julio del 2021.

En el interín, Arana tuvo su primer contacto directo con la política. Postuló sin éxito como regidor por Alianza para el Progreso (APP) en el distrito limeño de San Isidro. Como parte de su hoja vida, declaró ante las autoridades electorales que tuvo una demanda por alimentos, al final de la cual un juzgado de San Juan de Lurigancho ordenó el pago de una pensión alimenticia de 400 soles.

En un informe previo, este Diario reportó -citando documentos judiciales- que la decisión fue apelada el 2 de agosto del 2010; pero se confirmó en enero del 2011. Para el 10 de junio del 2011, el Poder Judicial había dictado impedimento de salida del país contra el hoy ministro por no “encontrarse garantizado el pago de pensiones futuras”; pero la medida se levantó en setiembre del 2011. Según su ficha Reniec, el jefe del gabinete figura hoy como divorciado.

“Lamento mucho que en algún momento se diera ese caso. No es un episodio del cual me sienta muy contento, pero sí algunas de las diferencias que tuvimos se tuvieron que ventilar en el sistema judicial y al final todo está bien”, dijo Eduardo Arana a RPP sobre ese caso luego de haber sido designado como ministro de Justicia.

Con la instalación del actual Congreso, pasó a ser asesor de la Comisión de Justicia, presidida por la legislador y exfiscal Gladys Echaíz (ex APP y Renovación Popular, hoy en Unidad y Democracia), entre 2021 y 2022. Cuando Echaíz pasó a presidir la Comisión de Educación, el hoy ministro también pasó a ser asesor de ese grupo parlamentario. Se mantuvo allí hasta julio del 2023, mes en el que se renuevan las presidencias de las comisiones parlamentarias.

En septiembre del 2023, poco después de su paso como asesor congresal, Eduardo Arana fue convocado para asumir cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Daniel Maurate, quien había sido reubicado al frente de la cartera de Trabajo y Derechos Humanos.

Poco después de su nombramiento, el portal Epicentro publicó el audio de una conversación telefónica suya con el ex presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, personaje clave en el caso Cuellos Blancos del Puerto. En esa llamada, de abril del 2018, Ríos lo trata de “hermano”, hablan sobre un proceso judicial y se menciona un “favor” que un tercero “está haciendo”. Posteriormente, el dominical Cuarto Poder reportó que se registran 180 llamadas entre él y el prófugo ex juez supremo César Hinostroza, otro personaje clave esa trama de presunta corrupción judicial.

En septiembre del 2023, una Fiscalía Suprema le abrió una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias a raíz de ese audio con Walter Ríos. De acuerdo con documentos judiciales del caso que revisó El Comercio, la hipótesis fiscal es que el tercero mencionado en el audio es un juez del Callao y que el “favor” consistiría en la dilatación de la ejecución de una sentencia.

El objetivo de la indagación es delimitar si de la conversación se puede advertir o presumir la comisión de un delito, lo que requeriría mayores elementos de corroboración. “Se tiene una sospecha inicial simple (…) donde existe un menor nivel de conocimiento, el cual surge cuando la fiscalía advierte que hay un hecho perseguible penalmente y basándose en su experiencia criminalística, inicia la investigación preliminar”, sostuvo el Ministerio Público en una de las audiencias del caso.

Desde que se inició la investigación, Eduardo Arana ha negado en múltiples ocasiones que haya algo irregular en su conversación con Walter Ríos. En enero de este año, luego de que el Poder Judicial autorizó levantar su secreto de las comunicaciones como parte de esta investigación, el ministro refirió que el hecho ocurrió cuando ejercía como abogado y fue a quejarse de que los derechos de un ciudadano estaban siendo afectados, ya que no se atendía su proceso.

Agregó que por eso pidió una cita formal y Walter Ríos, a quien conoció porque habían sido compañeros de estudio y quien era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, le pidió su teléfono. “Por defender los derechos humanos de un ciudadano a quien no se le atendía, ¿la Fiscalía pretende criminalizar el trabajo de los abogados? Eso no es correcto (…) Rechazo que cualquier tipo de llamada que haya tenido con cualquier juez o fiscal u autoridad tenga un contenido que sea irregular”, afirmó.

La defensa de Eduardo Arana presentó distintos recursos contra la investigación, entre ellos un control de plazos para que se ordene que esta concluya. Sin embargo, estos fueron rechazados y según informó su abogado a El Comercio, las pesquisas siguen en marcha luego de haber sido adaptadas a la Ley de Crimen Organizado, lo que permite que duren hasta 36 meses en fase preliminar antes de decidir si formalizan la investigación del caso o si lo archivan.

“(La investigación) aún está abierta, pero actos de investigación ya no hay, porque ya no hay nada que hacer. La fiscalía se tendría que pronunciar. Ellos adecuaron al proceso a (la ley) de crimen organizado, pese a que solo hay dos investigados. Entonces, ha asignado un plazo de 36 meses. Como es costumbre, para justificar ese plazo, hace una serie de cosas insulsas para mantener atado al investigado”, dijo Fernando Cirilo, abogado del ministro.

El letrado aseguró que no se encontró “absolutamente nada incriminador” tras el levantamiento del secreto de las comunicaciones de su defendido. “En esa conversación no se advierte ningún tipo de ofrecimiento de beneficio, dádiva, no hay. Después, de otros registros que podrían existir y que la fiscalía tiene procesados, no existe nada tampoco. Nadie, ni un testigo, ha dicho que haya habido algún tipo de beneficio”, afirmó.

La designación de Arana al frente del Minjus superó la polémica por esa investigación fiscal y su nombre se convirtió rápidamente en uno de los más cercanos a la presidenta Dina Boluarte. Como tal, le tocó defenderla en decisiones y momentos polémicos como el escándalo del Caso Rolex, la desactivación del equipo especial de la PNP y la detención de Nicanor Boluarte.

También ha defendió posturas cuestionadas del Ejecutivo relacionadas a su sector como el no haber observado la eliminación de la detención preliminar y luego haber observado su restitución; la propuesta sobre la pena de muerte; y, más recientemente, la abortada propuesta de una “franja informativa” para obligar a los medios de comunicación a informar sobre sus acciones.

Sin embargo, la defensa del hoy nuevo titular de la PCM a la presidenta tiene matices distintos a la de otros ministros ‘escuderos’. En una crónica para este Diario, el periodista Fernando Vivas escribió que mientras “el coro de los leales se rasgan las vestiduras y gimotean su respaldo incondicional a la jefa encabritada, él (Arana) es el único que puede decirle ‘esto sí, esto no’, gozando de su atención”.

“Es el premier en la sombra, es inteligente y si no lo ves adulando a la presidenta es porque ha sabido marcar su espacio, sus maneras”, dijo Alberto Otárola, citado en esa misma nota.

Un ejemplo de la relación entre la presidenta y su nuevo primer ministro, de acuerdo con otro reporte del mismo periodista para El Comercio, se relaciona con el fallido intento de la presidenta de viajar a El Vaticano para los funerales del papa Francisco: “Según una fuente de gobierno muy confiable, Eduardo Arana fue incluido en la delegación que acompañaría a la presidenta a Roma, antes de que se supiera del rechazo congresal. A Arana no le hacía gracia el viaje (…) Según mi fuente, Arana no sería capaz de decirle abiertamente a la presidenta lo que pensaba de su viaje, pero al menos le dio a entender al canciller que estaba en desacuerdo”.

La confianza entre la presidenta y el nuevo titular de la PCM también se evidencia en que es, junto a que es uno de los pocos que se mantiene dentro del gabinete desde el 2023, junto a los ministros Daniel Maurate (hoy en Trabajo), Raúl Pérez Reyes (hoy en Economía) y César Vásquez (hoy en Salud).

Queda por verse si Eduardo Arana lograra obtener la confianza del Congreso y se su gestión será tan larga como la de sus antecesores, Alberto Otárola y Gustavo Adrianzén, quien duraron poco más de 14 meses en el cargo. De hacerlo, llegaría con la presidenta hasta julio del 2026, en un contexto en que la supervivencia hasta esa fecha parece ser el principal objetivo de la mandataria.