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Ejecutivo legislará en estas temáticas de seguridad ciudadana

En el marco de las facultades legislativas, el gobierno considera nueve puntos prioritarios en seguridad ciudadana

Ejecutivo legislará en estas temáticas de seguridad ciudadana

Ejecutivo legislará en estas temáticas de seguridad ciudadana

El Congreso de la República aprobó el pasado jueves delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días. En el eje de seguridad ciudadana el pleno otorgó el permiso para legislar en nueve medidas específicas, entre ellas, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda acceder al secreto bancario y la reserva tributaria previa autorización de un juez penal.

Desde el gobierno, el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski mencionó ayer que en 4 o 5 semanas se tendrán listas “las cosas de seguridad ciudadana”, y que se dará prioridad al “asunto de las recompensas [y] el de las cárceles”. Por su parte, el titular de la PCM, Fernando Zavala, destacó que hay que “refinar el tema con algunas leyes”, aunque indicó que ya se han tomado acciones en cuanto al sistema de recompensas y la reorganización de la PNP.

Además, en la víspera, El Comercio pudo conocer que el Ministerio del Interior ya ha elaborado 20 normas.

Estas son las medidas aprobadas:

- Precisiones y modificaciones a las normas penales en lo que respecta a la tipificación de nuevos delitos, agravantes y beneficios penitenciarios contra crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, delincuencia común, inseguridad y afectación a la infraestructura y medios de transporte en hidrocarburos.

- Declarar en emergencia y reestructurar el Sistema Nacional Penitenciario en cuanto a infraestructura y administración, y revisar el marco normativo para la inversión en infraestructura, administración, tratamiento y seguridad penitenciaria, sin limitar atribuciones del sistema nacional de Control.

- Reestructurar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, mejorando la articulación multisectorial e intergubernamental y la participación ciudadana, así como la cooperación entre la PNP, gobiernos locales y regionales, sin afectar sus funciones.

- Adoptar medidas de prevención social de la delincuencia y participación ciudadana, sin afectar derechos humanos.

- Modificar la estructura del Ministerio del Interior para mejorar sus servicios al ciudadano, erradicar la corrupción, perfeccionar el marco normativo de la PNP en estructura, especialización, régimen disciplinario, carrera policial y régimen de salud, sin que afecte su autonomía.

- Dar normas para mejorar la política migratoria, la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como la regulación de seguridad fronteriza, respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes, sin que se permita la expulsión de los progenitores por razones administrativas.

- Fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, especialmente en el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UlF-Perú) contando con autorización de un juez penal.

- Otorgar mayores facultades a la UIF para que pueda compartir información sobre lavado de activos con el Ministerio Público y recibir información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

-Gestión de la PNP-

El ex director de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, comentó que hay "medidas acertadas", pero también cuestionó algunos puntos. Por ejemplo, destacó que se haya reforzado a la UIF. Asimismo, resaltó que se plantee la modificación de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, pues se podría dar más atribuciones a los alcaldes. “De acuerdo a la Constitución, la Policía Nacional es la encargada del orden interno y el orden público. La seguridad ciudadana, de acuerdo a la Constitución, les corresponde a los alcaldes, a las autoridades elegidas por el pueblo”, indicó.

Además, consideró positivo establecer un marco normativo para la contribución de la sociedad civil organizada. En este punto se refirió al caso de las rondas campesinas. No obstante,  dijo que “hay que tener cuidado, porque las rondas campesinas -si bien están reconocidas por ley- tienen que estar registradas, pero como no hay presencia de Estado en sus jurisdicciones en mucho de los casos estas aplican sanciones físicas contra sus detenidos”. Asimismo, destacó que se quiera regular la política migratoria.

De otro lado, Pérez Rocha se expresó preocupado por algunas iniciativas que consideró erradas. Por ejemplo, dijo que la reestructuración de la PNP -indicado en el numeral II-5 del proyecto- no se puede lograr en 90 días como estima el ministro del Interior Carlos Basombrío. “Me preocupa que se haga ver que en este corto tiempo se puede reestructurar a la Policía Nacional. Eso me parece que no está bien, no ha sido bien estudiado. Veo que el camino no está bien tomado y deberían convocar a gente que conoce del tema, como a ex directores de la PNP”, declaró a El Comercio.

Por su parte, el general (r) José Tisoc Lindley, también ex director de la PNP, recomendó al Gobierno prever una reestructuración de los servicios que presta la institución, conocer con mayor detalle el estado de las comisarías, así como evaluar la falta de efectivos en las calles.

Consideró que las facultades legislativas le darán al Ejecutivo un predominio sobre la PNP, pues aseguró que la entidad ha pasado por varias reformas con fines políticos y no desde “una perspectiva policial técnica”. “¿Qué cosa va a hacer la reforma, el cambio estructural de la organización de la policía o el cambio estructural de la mente de los policías? ¿Se va reformar los medios con que cuenta la policía o se va a traer tecnología para que la policía actúe mejor?”, se preguntó.

De otro lado, cuestionó que, nuevamente, se ejecute una reforma en la organización policial. “Es una redundancia la ‘reformitis’ en el país”, expresó.

Tisoc Lindley señaló finalmente que en estos momentos la situación en seguridad ciudadana “está cada vez peor”, pero el Ejecutivo se está “esforzando en botar a generales porque hay exceso de ese grado, como si los generales se autoascendiesen y quieren ser todos generales, cuando son los gobiernos que al no tener un objetivo nacional definido respetado por todos los partidos políticos ha llevado al Perú a un nivel equis en cuanto a seguridad. Cuando exista ese objetivo va caer lo que se llama la reforma. Adiós reformas”.

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