Dos días antes de que el Congreso censurara a Juan José Santiváñez como ministro del Interior, el gobierno de Dina Boluarte instaló el llamado “cuarto de guerra”, cuyo objetivo, de acuerdo con Palacio de Gobierno, era contrarrestar al crimen organizado.

El miércoles 16 de abril, durante una sesión de esta instancia, la propia mandataria anunció que “cerramos esta etapa del ”cuarto de guerra"”. Según dijo, “seguiremos monitoreando con ministros, PNP y FFAA y con reuniones desde todos los frentes”.

Entre el 19 de marzo y el 3 de abril, este conjunto sesionó en 14 oportunidades. Pero solamente en 12, la presidenta y los integrantes del Gabinete Ministerial emitieron un pronunciamiento televisado.

Estos 12 pronunciamientos tuvieron una duración total de poco más de 153 minutos. Es decir, en promedio cada mensaje post reunión del “cuarto de guerra” es de 12′8′‘.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron a El Comercio que, tras la muerte de Paul ‘El Russo’ Flores, cantante de Armonía 10, a manos de sicarios y extorsionadores, partió de Boluarte Zegarra la idea de constituir un “war room” para hacerle frente a la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país. Esta sala tuvo dos objetivos iniciales: intentar apaciguar al Parlamento y evitar la destitución de Santiváñez (pero no le funcionó) y transmitir diariamente el número de operaciones, detenidos y patrullajes que realiza la Policía. No obstante, no dan cuenta del número de asesinatos ni de extorsiones en el país.

Hasta el 31 de marzo, de acuerdo con Sinadef, se han registrado 554 homicidios. Es decir, seis asesinatos al día en promedio.

En el gobierno se ha instalado la idea de que los medios de comunicación no difunden “sus logros”. Entre mediados de enero y fines de marzo, la mandataria y sus ministros protagonizaron 14 ataques a la prensa. De estos, cinco fueron quejas directas sobre cómo informaban los medios sobre la ola de criminalidad.

Por ello, el Ejecutivo ensayó una propuesta para instaurar una “franja informativa”, a la que dieron marcha atrás, tras cuestionamientos de exministros, expresidentes del Tribunal Constitucional y gremios periodísticos, que calificaron de “anticonstitucional”, “confiscatoria” y “antidemocrática” la pretensión.

Otras fuentes detallaron a este Diario que, desde hace unas semanas, la presidenta se venía reuniendo, por separado, con las altas autoridades de la Policía, las Fuerzas Armadas, Migraciones y el Instituto Nacional Penitenciario, así como con los ministros de los sectores a los que están adscritas estas instituciones.

“A ella le parecieron buenas las cifras y las propuestas y dijo que se debían anunciar, que se debían comunicar los resultados que son favorables y que no solo ella lo sepa. Ella misma puso el nombre de este espacio”, manifestaron.

Incluso, de acuerdo con las mismas fuentes, se barajó la posibilidad de hacer partícipes del “cuarto de guerra” a los gobernadores regionales y a los alcaldes, pero “era difícil traerlos”.

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Tensiones

Otras fuentes señalaron a este Diario que las sesiones del “cuarto de guerra” duran entre 40 minutos y 60 minutos y luego se da el pronunciamiento, que no solo es transmitido por TV Perú y Radio Nacional, sino también en las redes sociales de Presidencia y de casi todos los ministerios, así como de la Policía Nacional.

Dentro de las reuniones, de acuerdo con las mismas fuentes, se han dado “momentos de tensión” entre la presidenta y algunos de sus integrantes. Y aunque evitaron brindar detalles, estas “discrepancias” tendrían que ver con exigencias que realiza Boluarte para que se ingrese a penales, para que haya operativos migratorios en zonas afluidas de la capital y otros.

Fuentes relacionadas a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señalaron que el “war room” funcionaría de manera pública mientras dure el estado de emergencia declarado en Lima y el Callao. Es decir, hasta mediados de abril. Aunque no se tiene certeza, al cierre de esta edición, si se ampliara el estado de excepción.

“Este espacio no reemplaza al Consejo de Ministros, es una fuente de información, no dicta políticas, no establece una pauta, no aprueba planes. En el cuarto de guerra, se piden los resultados de los planes de cada institución. Y luego a partir de ahí se hace un feedback”, indicaron, al ser consultados sobre el poder que tiene este conjunto.

El “cuarto de guerra” es integrado, además de Boluarte, por los ministros Gustavo Adrianzén (PCM), Julio Díaz Zulueta (Interior), Walter Astudillo (Defensa), Eduardo Arana (Justicia y Derechos Humanos); por el director general de la Policía, Víctor Zanabria, y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas David Ojeda Parra (CCFFAA), César Briceño (Ejército), Luis José Polar Figari (Marina) y Carlos Chávez Cateriano (FAP).

También están Federico Llaque Moya, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y Fredy Hinojosa, jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia.

Adicionalmente, participan otros funcionarios del Estado, de acuerdo con la temática de la sesión del “cuarto de guerra”.

Por ejemplo, el 27 de marzo, estuvo la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Cecilia García Díaz. Ella sostuvo que, ante las extorsiones en contra de colegios, se llegó a un acuerdo con la Policía Nacional para que preste seguridad a las instituciones públicas y privadas al ingreso y salida de los estudiantes, “priorizando las zonas d mayor riesgo”.

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Los tres patrones

De los 12 pronunciamientos tras las reuniones del “cuarto de guerra”, Boluarte ha participado en 11. Solo el domingo 30 de marzo no estuvo presente [ver recuadro]. La presidenta, en sus discursos políticos, ha repetido tres patrones: critica de manera constante al Ministerio Público y al Poder Judicial, a los que denomina una “puerta giratoria”. ¿La razón? Los acusa por la liberación de delincuentes que son capturado por la Policía Nacional.

El viernes 21 de marzo, tras la censura a Santiváñez, la jefa de Estado dijo que su gobierno aceptaba la decisión del Parlamento. Y cuestionó al sistema de justicia. “La Policía y el gobierno central los detiene [a los delincuentes] y, por otra puerta salen. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De nosotros que capturamos o de aquellos que los dejan en libertad?”, remarcó.

Otro patrón de los mensajes de Boluarte es que responsabiliza a los gobiernos anteriores de los altos índices de criminalidad. Esto por haber permitido “el ingreso de extranjeros indiscriminadamente” y sin que estos hayan cumplido “los mínimos requisitos de control migratorio”.

Y, por último, pone énfasis” en las medidas de seguridad que ejecuta el gobierno. Sus palabras se centran en destacar el número de operativos de la policía, la desarticulación de bandas y las capturas a presuntos delincuentes.

No obstante, las cifras que del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE) precisan que de los 43,747 detenidos en flagrancia entre enero y marzo de este año, la mayoría lo es por conducir en estado de ebriedad (24,32%), violencia familiar (18,87%), lesiones (8,04%), micro comercialización de droga (6,72%), hurto (6,17%), receptación (5,46%), omisión de alimentos (3,68%), y robo (2,75%).

En contraste, los detenidos por extorsión (0,66%), homicidio (0,54%), secuestro (0,16%) y sicariato (0,03%), no llegan ni a 1,5% de las aprehensiones.

Al respecto, el exministro del Interior Carlos Basombrío consideró que estas cifras “son demoledoras” de la tesis de la presidenta Boluarte de que el sistema de justicia suelta a los detenidos. Calificó de “huachafería” el uso del término “cuarto de guerra” por parte del gobierno e indicó que esta medida busca “ser efectista” y “conseguir apoyo popular”. “Por ello, querían una franja informativa”, agregó.

“Nada se puede hacer de un día para otro, no hay novedades significativas que se puedan tener de un día para otro. Esto [el cuarto de guerra] es propaganda gubernamental de mala calidad para continuar en su ofensiva en contra de la fiscalía. El objetivo del gobierno y de los congresistas es crear las condiciones para intervenir el Ministerio Público”, cuestionó.

En comunicación con El Comercio, Basombrío remarcó que los números presentados por la mandataria son “de los operativos que siempre ha hecho la Policía”. “O cree que la Policía está durmiendo. Deslizan que esto es nuevo y que es importante, pero es en realidad una puesta en escena. Y los generales de las Fuerzas Armadas están para la foto, no hablan, esa es una falta de respeto”, acotó.

Un mal uso del término

El ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro de Defensa Pedro Cateriano consideró que el gobierno hace “un mal uso” del término “war room”, al señalar que este solo se aplica cuando hay una guerra con otro país. Agregó que el Ejecutivo ha reiterado su conducta antidemocrática al continuar los ataques al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la prensa desde este espacio.

“La principal causante de la desinformación en el país es la presidenta Boluarte con su silencio y su comportamiento antidemocrático de no dar entrevistas, de no convocar a conferencias de prensa. Ella con sus silencios genera esta situación [de crisis]”, expresó.

En diálogo con este Diario, Cateriano dijo que se deben tomar con precaución las cifras que da el gobierno, al recordar que las que dio Santiváñez en el Congreso “fueron refutadas”.

“Esto [el cuarto de guerra] es otro paso en falso más del gobierno, como el servicio militar o policial obligatorio, o como la anticonstitucional iniciativa para imponer una franja de propaganda política, es más de lo mismo”, sostuvo.

El exministro de Defensa advirtió que durante el gobierno “de la dupla Pedro Castillo-Dina Boluarte hemos visto el avance de la minería ilegal en el país”.

“Si en algo ha tenido éxito la izquierda en el poder es en bloquear las inversiones mineras legales y permitir este avance descontrolado de la minería ilegal”, finalizó.

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“¿Contra quién es la guerra?”

A su turno, el analista político Enrique Castillo afirmó que el concepto de un “cuarto de guerra” es cuando hay un enemigo externo y que involucra a instituciones fuera del Ejecutivo. “Pero este no es el caso, solo está el gobierno, la Policía, las Fuerzas Armadas y otros y tiene como enemigos a la fiscalía y al Poder Judicial. ¿Contra quién es la guerra? ¿Es solamente contra la delincuencia?”, subrayó.

Castillo, en declaraciones a El Comercio, refirió que la presidenta no necesita de un “cuarto de guerra” para informar a la ciudadanía, sino de un espacio donde ella brinde conferencias a la prensa y responda a preguntas.

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El también periodista alertó que existe “un uso político” de este espacio a favor de los intereses del gobierno y no del país.

“Los miembros del gobierno identifican mal a sus enemigos, la fiscalía, el Poder Judicial y la prensa. Eso no es un cuarto de guerra, ese es un comité del gobierno. Y los mensajes que van a sacar son para justificar sus acciones y sus deficiencias”, concluyó.

Nota de redacción: Para determinar los patrones del discurso de Boluarte, El Comercio utilizó la inteligencia artificial Perplexity.