El discurso de Dina Boluarte contra el sistema de justicia: los siete ataques en menos de un mes

Boluarte, quien desde octubre no brinda una conferencia de prensa, utiliza sus actividades públicas para cuestionar al sistema de administración de justicia y para victimizarse frente a las pesquisas que enfrentan ella y personas de su entorno, como su hermano Nicanor Boluarte, comprometido con “Los Waykis en la Sombra”, y el portavoz presidencial, Fredy Hinojosa y el exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini, implicados en el Caso Qali Warma.

El último lunes- durante la presentación de los logros de la pesca industrial de anchoveta en el Callao- la jefa de Estado afirmó que a “una exalcaldesa que goza de libertad, no le rompieron su puerta a pesar de que ella misma reconoció haber recibido millones de la corrupción”, en clara referencia a la exburgomaestre de Lima Susana Villarán. “En fin. Así está todavía parte de nuestro sistema judicial”, agregó.

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No obstante, en abril del 2018, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, entonces coordinador del Equipo Especial Lava Jato, dirigió el allanamiento a dos casas de Villarán de la Puente, una en Jesús María y otra en la playa Arica, al sur de la capital.

Boluarte omitió señalar que gracias a la Ley 32130, que fue aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno sin ninguna observación en octubre del año pasado, el juicio oral en contra de la exautoridad edilicia no ha podido instalarse aún.

Esta norma permite a los procesados apelar el auto de enjuiciamiento, el documento que ordena que un caso vaya a juicio. En este caso, siete procesados por los presuntos aportes ilícitos a la campaña del No a la revocatoria y a la reelección de Villarán en el 2014 apelaron esa resolución y sus recursos aún no son resueltos en segunda instancia.

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El circo, la “vergüenza” y la envidia

Una semana antes, también en el primer puerto, la presidenta calificó las investigaciones que la Fiscalía de la Nación le ha abierto como “carpetas de circo” y refirió que el sistema de justicia da “vergüenza” en el extranjero.

Tras retornar de Davos, Suiza, donde participó en el Foro Económico Mundial, Boluarte contó que en el exterior le dijeron “no es posible lo que está pasando en su país”. Agregó que la felicitaron, porque el Perú es un país “distinto” en comparación a la administración de Pedro Castillo.

El 21 de enero, un día después del atentado con dinamita a una sede de la fiscalía en Trujillo, la mandataria tampoco cesó sus cuestionamientos al Ministerio Público y al Poder Judicial. Refirió que su gobierno pondrá “mano dura” y que pondrá a los delincuentes ante las autoridades y que esperaba que desde ambas instituciones “no los suelten”.

“Vamos a ponerle mano dura, firmeza, delincuente capturado lo ponemos ante las autoridades y que las autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial no los suelten, no los suelten. Tienen que estar [presos] estos señores que están matando personas, que están asesinando diariamente, que están extorsionando”, manifestó.

Incluso- tras haber acudido a declarar ante la fiscal de la Nación por la investigación por presunta omisión de actos funcionales, a raíz de una cirugía en secreto a la que se sometió en junio de 2023- Boluarte dijo que sufre de “acoso político” por la mezquindad de un sector del país o “por intereses de otra índole” y debido a que “todavía se mantiene en nuestra sociedad el machismo”.

Añadió que este no solo viene “del lado del varón”, sino que existe “machismo y envidia de algunas mujeres”.

La jefa de Estado refirió que ha perdido la cuenta sobre las carpetas fiscales que tiene abiertas.

“A nosotros nos podrán armar mil carpetas, porque de verdad las arman. Además, todo está concatenado, alguien suelta la noticia, lo viralizan, lo repiten, lo repiten y lo repiten y al cansancio y porque lo repiten abren las carpetas fiscales. Nosotros vamos a ir a responder con la tranquilidad y paz en el alma. No tenemos nada que esconder. No soy mentirosa ni ladrona”, acotó.

En respuesta a los cuestionamientos de Boluarte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, dijo que la mandataria está “mal asesorada”.

“Pienso que debe estar mal asesorada porque en un momento donde requerimos que todos los poderes del Estado estemos unidos para hacer frente a problemas mayores, ella quizá está ensimismada en asuntos que todos debemos responder si nos corresponde hacerlo por una investigación”, manifestó en RPP.

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El portavoz del Ministerio Público, Víctor Cubas, advirtió que los riesgos que surgen como consecuencia del discurso de Boluarte son “la pérdida del principio de autoridad” y “la deslegitimación de las instituciones”.

Agregó que la jefa de Estado no solo tiene un discurso crítico sobre el sistema de administración de justicia, sino que “ha adoptado medidas concretas que afectan la labor de la investigación del delito que corresponde al Ministerio Publico y a la Policía Nacional”.

“En este caso ha desactivado la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el Ministerio del Interior ha pasado a la situación de retiro a los oficiales que prestaron servicios en esa división. Por otro lado, no han promulgado la ley que restituye la detención preliminar en casos de flagrancia, afectando la investigación de delitos graves como violación, corrupción de funcionarios, sicariato, extorsión, trata de personas, minería ilegal, entre otros”, remarcó a El Comercio.

Cubas, exfiscal supremo, también cuestionó que la presidenta Boluarte no haya formulado observación alguna a las leyes que aprobado el Congreso en perjuicio de la labor de investigación del Ministerio Público.

“Frente a ello muchos analistas de la situación política nacional han llegado a la conclusión que existe un acuerdo entre las agrupaciones políticas que tienen representación en el Congreso y el Poder Ejecutivo, en la práctica existe consenso y que además existe una situación de interdependencia”, concluyó.

En una entrevista a El Comercio en diciembre último, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, negó que su institución esté acosando a la presidenta Boluarte.

“Para nada, no es la intención. Con la presidenta solo estoy cumpliendo con mi deber y lo voy a cumplir escrupulosamente, sea cual sea el resultado”, dijo en aquella oportunidad.

Una guerra de poderes

Juan Jiménez Mayor, ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro de Justicia, sostuvo que el deber de un presidente de la República es el de respetar la separación poderes, por lo que “no puede estar afectando la credibilidad” de otro poder del Estado ni de una institución autónoma como es el Ministerio Público.

“El Poder Ejecutivo, históricamente, siempre ha querido avasallar al sistema de justicia. Por ejemplo, Alberto Fujimori penetró y controló el Poder Judicial y la fiscalía. Hoy en día tenemos a un sistema de justicia que ha aprendido a ejercer su autonomía”, señaló.

En declaraciones a El Comercio, Jiménez Mayor consideró que los ataques de la presidenta Boluarte a la fiscalía y al Poder Judicial “generan un ruido innecesario”.

“Tiene que haber un proceso de colaboración entre poderes respetando la autonomía. Para eso, se ha creado el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. No ayuda para el desarrollo de la democracia que tengamos una guerra de poderes en el país, la presidenta debe dar el ejemplo. Probablemente, tenga un proceso de agotamiento, pero los funcionarios públicos están sometidos a cualquier tipo de escrutinio e investigación”, subrayó.

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Es parte de una estrategia

Al respecto, Mabel Huertas, socia directora de 50 más 1, afirmó que existe “una estrategia discursiva” por parte del gobierno en contra de las instituciones del sistema de justicia. Recordó que inicialmente, las críticas al Ministerio Público y Poder Judicial tuvieron como protagonista al titular del Interior, Juan José Santiváñez, y luego al jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén.

“Ir en contra de las instituciones puede tener muchos réditos políticos, sobre todo en tiempos de polarización. Pero este no es el caso de Boluarte, estamos hablando de una persona que tiene conflictos, investigaciones y que eventualmente, cuando deje Palacio de Gobierno, va a tener que rendir cuentas”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Huertas sostuvo que existe una contradicción en la postura de Boluarte, en el sentido de que por un lado dice defender la democracia, pero, por el otro, “ataca a las instituciones”.

“Ahí hay una gran irresponsabilidad de la presidente, hay espacios para discutir lo bien o mal que va el sistema de justicia, que no es impecable. Ella, a través de propuesta debe fortalecer el sistema de justicia, ella no es una ciudadana más sino la presidenta”, expresó.

La también periodista explicó que parte de las críticas de Boluarte y sus ministros al sistema de justicia se deben a que buscan “un culpable” sobre el desborde del crimen organizado.

“El crimen organizado se le ha escapado de las manos al Ejecutivo, ellos tienen plena consciencia de que no lo pueden controlar y buscan ahora responsables. Y apuntan al Ministerio Público y al Poder Judicial, en vez de criticar se debe fortalecer con mayor financiamiento y tecnología [la lucha contra la delincuencia]”, finalizó.

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Los tres enemigos

El analista político Enrique Castillo remarcó que Boluarte tiene “tres instituciones a las que ella considera sus enemigos y a quienes confronta regularmente: la prensa, la fiscalía y el Poder Judicial”. “Si nos concentramos en los dos últimos, sus ataques se explican por la situación que atraviesa ella, su hermano y su círculo más cercano. La presidenta arrecia más en sus ataques para tratar de desprestigiar las pesquisas en su contra”, complementó.

En diálogo con este Diario, Castillo indicó que las investigaciones sobre la red de corrupción que operaba en Qali Warma, programa social que depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, “han avanzado bastante” y que hay elementos que apuntan a “gente cercana” a Boluarte, como el exministro Demartini y el vocero presidencial Hinojosa.

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“Mientras más avanzan las investigaciones, ella trata de crear una imagen de que esas acusaciones son falsas, que son creadas por sus enemigos políticos para tratar de desprestigiarla. Ella intenta desprestigiar a los que la investigan y acusan”, refirió.

Castillo dijo que el discurso de confrontación de Boluarte solo durara mientras ella esté en el poder, porque “tiene aún forma de lograr inmunidad e impunidad”, pero sostuvo que el riesgo es más para ella.

“Si la presidenta no tuviera nada que temer, no tendría problema en hablar en las citaciones y no buscar apelar al silencio. En el largo plazo, cuando ya no esté en el poder su situación se va a complicar aún más. Mira lo que le está pasando a Martín Vizcarra, atacó a fiscales y las investigaciones no dejaron de hacerse, se empujaron más y ahora se descubre todo. Ese es el riesgo para Boluarte”, concluyó.