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Resumen
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Un días antes del voto de confianza ante el Congreso, el presidente José María Balcázar tomó juramento a un nuevo Consejo de Ministros. El relevo, en apenas un mes de gestión, se produjo tras la abrupta salida de Denisse Miralles, cuya gestión duró apenas 21 días tras un quiebre público de comunicación con Palacio de Gobierno.
La crisis se precipitó cuando, a última hora y por iniciativa de su asesora Angela Huatay, Denisse Miralles convocó una conferencia para exponer sus logros (una supuesta reducción del 40% en extorsiones y el restablecimiento del gas). El evento fue cancelado por orden del entorno presidencial, dejándola en el aire. Aunque luego le brindaron las gracias por la red social X y la misma Miralles presentó su carta de renuncia, su salida estaba programada, en el despacho presidencial, al menos desde el lunes.
Miralles aseguraba a José María Balcázar que conseguiría los votos en el Congreso, pero el jefe de Estado recibió comentarios negativos desde las principales bancadas. Renovación Popular, Podemos Perú, Avanza País y grupos de izquierda habían anunciado públicamente que no la respaldarían.
Para sucederla, el presidente designó como nuevo primer ministro a Luis Enrique Arroyo Sánchez, general de división EP en retiro. Según fuentes de este Diario, la decisión respondió a la valoración personal de Balcázar sobre los “galones” y la trayectoria militar de Arroyo.
No obstante, el perfil de Arroyo Sánchez ha sido objeto de investigaciones. Fue condenado a tres años de prisión efectiva por irregularidades en el mantenimiento de motores del Ejército, en el marco de una acusación por exceso en el ejercicio del mando. Sin embargo, en enero de 2023, la Sala Suprema Revisora del Fuero Militar Policial anuló esa sentencia y lo absolvió tras declarar fundado un recurso de revisión. Pese a ello, aún enfrenta procesos en la justicia ordinaria.
Según registros oficiales del Ministerio Público, el jefe del Gabinete figura como imputado en una denuncia ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa por presunta falsedad ideológica, concusión (colusión simple) y abuso de autoridad. El caso fue ingresado el pasado 25 de enero de 2023.
Ministros con procesos
El nuevo Gabinete presenta otros cuestionamientos. El ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, mantiene un proceso vigente por lavado de activos desde el 2017. En Interior, José Mercedes Zapata Morante asume con antecedentes como imputado por abuso de autoridad (2011) y denuncias por estafa que datan de 2002.
Situación similar es con la ministra de Educación, María Cuadros Espinoza, quien figura en registros fiscales con dictámenes por concusión y fraude en la administración de persona jurídica (2003), además de un proceso por prevaricato.
La enfermera Edith Pariona Valer asume el Ministerio de la Mujer con una investigación preliminar por presunta estafa (2023), en un caso por cobros indebidos en programas gratuitos de Telesalud.
Fue directora de Infosalud al inicio del gobierno de Pedro Castillo, pero la cesaron durante la gestión de Dina Boluarte. Pariona Valer estuvo afiliada, por casi 13 años, al Movimiento de Afirmación Social (MAS), agrupación izquierdista liderada por el condenado exgobernador Gregorio Santos.
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