Martín Vizcarra en Barbadillo: ¿Cuáles son las implicancias en casos de futuros exmandatarios presos?

Vizcarra Cornejo, en la actualidad, afronta un juicio oral por presuntamente haber entregado dos obras, cuando fue gobernador regional de Moquegua (2010-2014), a empresas del club de la construcción a cambio de millonarios sobornos. La medida restrictiva obedece a un probable peligro de fuga de su parte antes de que se dicte la sentencia.

En un pronunciamiento a la prensa, el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, dijo que su oficina le solicitó al INPE “una reevaluación” de la situación del ex jefe de Estado.

“Entendemos que las disposiciones judiciales emitidas con respecto a la privación de la libertad del expresidente Vizcarra son por situaciones que se le imputan cuando venía desarrollando funciones como gobernador regional [de Moquegua] y no como presidente de la República. Por eso, la comisión especial del INPE decidió dentro de sus competencias calificar su permanencia de privación de la libertad en un establecimiento penitenciario común”, manifestó.

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Santiváñez refirió que le pidió al Instituto Nacional Penitenciario que esta medida sea “reevaluada considerando el honor que esta persona tuvo de ejercer la Presidencia de la República”.

En ese sentido, el otrora asesor presidencial dio cuenta de la Resolución de Presidencia N.º 264-2025-INPE/P (aprobada el martes, pero publicada el miércoles), a través de la cual “se reglamenta la permanencia y calificación de este tipo de personas”, en referencia a los expresidentes.

En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, el INPE incorpora el numeral 9.11 del punto 9 de la directiva “Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados en los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional”.

De esta manera, estableció que todo aquel interno “que haya tenido la condición de expresidente de la República, excepcionalmente, por razones de seguridad personal debe ser ubicado en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, independientemente del régimen penitenciario y puntaje alcanzado”.

Santiváñez se retiró del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sin responder a preguntas de los medios de comunicación, a pesar de que su equipo de prensa convocó a una conferencia y no a un pronunciamiento.

Fuentes de El Comercio indicaron que otra de las razones de la salida de Eduardo Alcántara del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue el manejo de la situación de Vizcarra. En Palacio de Gobierno, tras el traslado del expresidente al penal Ancón II, notaron que se había creado un precedente que a futuro podía afectar a Boluarte Zegarra.

Boluarte Zegarra es investigada en el Ministerio Público por presunto lavado de activos en el Caso Los Dinámicos del Centro y por presunta corrupción en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuando era la titular de esa cartera. Es decir, antes de ocupar la Presidencia.

En paralelo al pronunciamiento del ministro de Justicia y Derechos Humanos, la fiscalía anticorrupción allanaba la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y del abogado Percy Tenorio Gamonal, en el marco de una investigación por un presunto favorecimiento a la Mina “El Dorado S.A.

De acuerdo con el Ministerio Público, Santiváñez sería el cabecilla de una presunta red criminal, que habría reunido a diferentes abogados con el objetivo de que apoyen actos irregulares.

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“Se revirtió un acto que nunca debió materializarse”

El exgobernador regional de Moquegua ingresó al penal de Barbadillo este miércoles al promediar las 11:43 de la mañana.

Alejandro Salas- exministro de Cultura en el gobierno castillista, militante de Perú Primero y vocero político de Vizcarra- dijo que en el entorno del expresidente han tomado la decisión “con tranquilidad” y refirió que el gobierno de Boluarte Zegarra “ha revertido a todas luces un acto abusivo y que nunca debió materializarse”.

En diálogo con El Comercio, Salas indicó que aún no descartan que el también exministro de Transportes y Comunicaciones vaya a denunciar por presunto abuso de autoridad al presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, y a los que resulten responsables.

“Estamos esperando conversar con Martín Vizcarra para que nos dé las instrucciones [sobre la denuncia por abuso de autoridad]. Esta sería en contra del jefe del INPE y de todos los funcionarios que resulten responsables”, expresó.

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Erwin Siccha Pérez, abogado de Vizcarra, afirmó que no existía una justificación razonable para que haya un trato diferenciado entre su cliente y los otros expresidentes recluidos en el penal de Barbadillo, “Nosotros estábamos confiados en que el Poder Judicial iba a revertir dicho traslado [a Ancón], lo cierto es que se han adelantado a algo que tenía que ser revertido por la justicia”, complementó.

En declaraciones a Canal N, Siccha sostuvo que su patrocinado estuvo “en una situación muy complicada” y expuesto a “un peligro inminente a su integridad física y de salud” en el penal de Ancón II. “En dicho establecimiento ha estado en el tópico, cerca de personas con tratamiento de tuberculosis y VIH. Y lo iban a trasladar a una celda de castillo, esto ha ocasionado un perjuicio a la integridad de Martín Vizcarra, han intentado humillarlo”, expresó.

Las consecuencias

El exministro de Justicia Víctor García Toma consideró que la última decisión del gobierno, de regresar a Vizcarra al penal de Barbadillo, solo busca “maquillar un craso error cometido por el INPE. “La decisión que adoptó el INPE en relación con el traslado de Vizcarra [al penal de Ancón II] rompió la práctica administrativa sobre el tratamiento penitenciario que se le daba a los expresidentes y lo hizo sin establecer claramente las razones. Esto ha generado un proceso de victimización que obviamente favorece políticamente al exmandatario”, criticó.

García Toma dijo que todo expresidente “está sujeto a un grado más intenso de peligro a su integridad física y moral”, porque las decisiones que tomó en el poder pudieron generar “odios y rechazos” y, por ende, su internamiento en un penal común no corresponde.

“Además, se debe preservar el respeto a la investidura, para que no se repita el lamentable hecho que sucedió con Augusto B. Leguía, que murió de la manera más miserable en un penal común. Eso no se debe permitir. El INPE está jalado, generó un problema innecesario”, señaló el también expresidente del Tribunal Constitucional.

El exministro de Justicia explicó que tras la Resolución de Presidencia N.º 264-2025-INPE/P, todo expresidente que a futuro reciba una orden de prisión preventiva o una sentencia condenatoria debería ser internado en el penal de Barbadillo, en referencia a Boluarte Zegarra. Ella es investigada por hechos de antes de ser mandataria.

“Se ha corregido, lo que debe quedar claro es que el gobierno se equivocó de cabo a rabo”, acotó.

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A su turno, el exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello opinó que estas “idas y vueltas” sobre la situación carcelaria de Vizcarra “han generado una mala imagen para el gobierno”.

“Esto de trasladar a un expresidente a un penal común era un despropósito que exponía la integridad de Vizcarra al estar con presos comunes. Y lo benefició para su campaña de victimización, sobre todo cuando él denuncia que existe una persecución política en su contra, cuando en realidad no es así”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Tello dijo que no existió una motivación técnica para que el expresidente haya sido llevado al penal de Ancón II.

“Mostraron una tabla para justificar que debía ir a Ancón II, pero en rigor es un expresidente y debía permanecer en Barbadillo. El señor Vizcarra, al haber sido jefe de Estado, maneja información sensible”, dijo.

Tello calificó como “un papelón” la actuación del INPE y remarcó que este retroceso solo evidencia que esta institución actuó por “una motivación política”.

Al ser consultado sobre la Resolución de Presidencia N.º 264-2025-INPE/P, el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Tello señaló que a partir de hoy ningún otro presidente que tenga una orden de prisión preventiva o una condena podrá ser llevado a un penal común.

“Indefectiblemente, los próximos expresidentes, que tengan problemas con la justicia, terminarían en el penal de Barbadillo”, finalizó.

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“Han reculado su torpeza”

El ex viceministro de Justicia Gilmar Andía dijo que el retorno de Vizcarra al penal de Barbadillo es “el desenlace de una torpeza política”.

“No había justificación para que Martín Vizcarra no se mantuviera en Barbadillo en su condición de expresidente, la clasificación no estaba definida y era a criterio del INPE. Con estas idas y vueltas se la pusieron en bandeja a Vizcarra para que diga que es un mártir. No midieron la situación política y al darse cuenta de su torpeza han reculado”, expresó.

En declaraciones a este Diario, Andía señaló que la nueva directiva del INPE trasciende al expresidente y en el fondo protege a Boluarte Zegarra ante cualquier orden de prisión preventiva o sentencia condenatoria por casos anteriores a asumir la Presidencia.

“Sí, definitivamente [esta decisión del INPE], es también para ella. Uno de los principales motivos por los que Santiváñez ha sido colocado en el Ministerio de Justicia es para proteger a la presidenta. Han previsto ya la situación de que ella pudiera ir a Barbadillo y no a un penal común. Con esta norma, ya no hay ninguna duda”, concluyó.