“No vamos a permitir que nuestra Policía Nacional se politice”

Es cierto lo que dice. El rescate fue posible porque tenemos en nuestras filas a la Dirección de Investigación Criminal, que realiza una labor admirable en la lucha contra la delincuencia organizada y los delitos de alto impacto. En cuanto a Vladimir Cerrón, aclaro que, desde el Mininter, a través del Comando PNP, estamos intensificando su búsqueda y de todos los prófugos de la justicia. No vamos a desmayar, nunca lo hemos hecho. Pronto tendremos noticias, confíen en su policía.

—¿Es probable que haya salido del país?

Los detalles del caso no puedo revelarlos, pero Vladimir Cerrón va a caer.

—¿Es verdad que miembros de la PNP lo protegieron y facilitaron su fuga?

No descartamos ninguna hipótesis. Desde los organismos de inteligencia e investigación criminal se están haciendo los mayores esfuerzos por ponerlo a disposición de la justicia. Si algún miembro lo ha protegido, pronto lo sabremos y, tengan por seguro, le caerá todo el peso de la ley.

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—El Ministerio Público hoy está politizado. ¿No ha pasado lo mismo con la Policía Nacional?

No vamos a permitir que nuestra gloriosa Policía Nacional se politice. Las Fuerzas Armadas y la PNP no son deliberantes y así se deben mantener por principio constitucional.

—Analicemos a los gobiernos. ¿Cuánto daño le hizo Francisco Sagasti a la institucionalidad, al volarse 17 generales para que asumiera la comandancia su general preferido?

Ese caso fue muy polémico y entiendo que el Poder Judicial declaró improcedente la demanda que presentaron el ex comandante general Orlando Velasco y otros 12 generales. Siempre hay que cuidar las formas, pero la decisión fue tomada en su momento dentro de sus facultades constitucionales reconocidas.

—¿Pedro Castillo ha sido el que más maltrató a la policía?

Le hizo mucho daño. No sé si fue el que más daño le hizo a la Policía Nacional, porque nuestra institución ha sufrido embates en distintos momentos de la historia, pero siempre se salió con la frente en alto. El espíritu de la PNP es servir y hasta morir por el Perú.

—¿Los puestos de general y coronel siguen teniendo tarifas?

De ninguna manera. La corrupción es uno de los problemas que más daño le han hecho a nuestra Policía Nacional. Uno de nuestros ejes es atacar la corrupción; estamos hartos de esta lacra. En el próximo proceso de ascenso seremos extremadamente rigurosos, no hay margen para ninguna ilegalidad ni error, y tampoco para la ociosidad.

—¿Por qué creerle? Se ha recordado que usted como abogado defendió a policías corruptos. Sus detractores aseguran que defendió a gente de la peor calaña en la institución. ¿Qué garantía tenemos de que mantendrá a los policías buenos y que botará a los malos?

Quiero aclarar tajantemente que nunca he defendido a miembro alguno de la Policía Nacional cuyas pruebas hayan demostrado que fuera corrupto. Fácil es comentar sin conocer el trasfondo de los hechos. Las decisiones fiscales y judiciales lo acreditan, puesto que son los entes judiciales los que, luego del ejercicio de la defensa, han sobreseído o absuelto a quienes pude patrocinar. Yo no he reincorporado a ningún corrupto. Las sentencias obtenidas han sido esencialmente por demandas constitucionales en procesos de renovación de cuadros, y el patrocinio en los procesos penales han logrado absoluciones y libertades por falta de prueba. Los Babys de Oquendo, caso emblemático por el que se me vincula, fue una detención injusta de cerca de 17 policías, pero fue la propia fiscalía la que retiró la denuncia y el Poder Judicial lo ratificó luego de acreditarse que habían sido injustamente procesados sin pruebas. Nunca defendí a López Meneses, que es otra mentira que se esparce en las redes. Soy un abogado con amplia experiencia y siempre he trabajado en el marco de la legalidad.

—Anatoly Bedriñana, quien fuera asesor del exministro Silva, trabaja en el Ministerio del Interior. ¿Esto no perjudicará la búsqueda del prófugo?

Es un reconocido funcionario con más de 20 años de carrera. En los primeros dos meses del gobierno de Castillo ocupó el cargo de jefe de gabinete del exministro Juan Silva; renunció a los dos meses al advertir serias incongruencias en la alta dirección. Hoy es uno de los principales testigos de la fiscalía en contra de Silva y no ha tenido jamás la calidad de investigado, procesado u otra categoría que pudiera desmerecer su actuación como funcionario.

—¿Qué tipo de relación mantiene con Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte?

Una relación profesional porque ambos ejercemos el derecho y somos expertos en el ámbito penal. Quienes practicamos activamente el ejercicio de la defensa nos conocemos. Tengo fotos con el doctor Vivanco y con el doctor Stefano Miranda, abogado del coronel Colchado. Tengo fotos con maestros del derecho penal y eso no me desmerece.

—¿Sus críticas a la denuncia del fiscal de la Nación contra la presidenta Boluarte y la demanda ante el TC para que no sea investigada no le da la razón a Zoraida Avalos? Ella dejó para después la investigación a Pedro Castillo.

Castillo dio un golpe de Estado, eso no resiste ningún debate. Castillo está preso por los presuntos delitos que cometió. No aplica la similitud.

—Ávalos no quiso investigar todo el grado de corrupción de Castillo y él se vio acorralado por las investigaciones de la entonces fiscal Benavides y, cuando declaró Salatiel Marrufo, dio el golpe de Estado.

En el extremo de que la fiscal de la Nación no tenía competencia para investigar a un presidente en ejercicio, comparto la apreciación.

—¿Perdón? Una cosa es investigar y otra es denunciar...

Claro que sí, pero lo que ha hecho el doctor Juan Carlos Villena, actual fiscal de la Nación, es denunciar, hacer lo que la Constitución prohíbe. Como hombre de derecho me someto a lo que decida el Tribunal Constitucional.

—¿También cree que existe acoso fiscal contra la presidenta?

Todos los peruanos merecen el acceso al debido proceso y un tratamiento igualitario ante la ley. El presidente de la República, por mandato constitucional, tiene inmunidad por el cargo que ostenta y se debe respetar la investidura hasta la conclusión de su mandato.

—¿La fiscalía busca la vacancia de Boluarte?

No puedo precisar eso; solo lo saben quienes trabajan en el Ministerio Público.

—¿El Ministerio Público hoy es el primer poder del Estado?

No, solo existen tres poderes constitucionalmente reconocidos y esos son el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

—Pero no podrá negar que la política está judicializada...

Aceptar esta hipótesis significa estar frente a una infracción constitucional. El Ministerio Público tiene como misión el ejercicio de la acción penal y utilizar dicha potestad para fines políticos significa contradecir ese marco constitucional y asumir responsabilidades que la propia ley sanciona.

—El puerto de Chancay se inaugura este año. Hasta este momento hay entre 60 y 70 policías para una población que irá creciendo por miles. ¿Cómo asegurará la seguridad en un puerto que será clave para la región?

El megapuerto de Chancay es un proyecto gigante para este gobierno y estamos accionando. Los policías que están en este momento vienen realizando tareas específicas, pero tenemos todo un plan para incrementar el contingente. Dentro de esta estructura se habilitará un complejo policial y una comisaría, lo que nos permitirá establecer todo un dispositivo de seguridad de primer nivel para garantizar la seguridad.

—¿Cuál es el plan de seguridad de este gobierno? ¿Qué acciones concretas existen más allá de los operativos?

Contamos con el plan Perú Seguro. Bajo un enfoque multisectorial, contamos con cuatro ejes: prevención integral del delito, el control territorial estratégico, la lucha contra el crimen organizado nacional y transnacional, y el fortalecimiento y modernización policial. Estamos buscando una articulación muy profunda con los gobiernos regionales y locales.

—¿Por qué muchos delincuentes son soltados después de ser capturados? ¿Dónde está el error?

Creo que no existe una correcta administración de la justicia, en muchos casos, vinculados a personas que incurren en diversos delitos y son capturados por la Policía Nacional. Si un juez, si un fiscal o si un policía es corrupto, toda la cadena de persecución del delito se afecta. La corrupción es un mal que afecta a las instituciones y hace que el sistema entero se vea vulnerado. Estamos impulsando el libro de reclamaciones en las comisarías para potenciar el servicio. Lo repito: tenemos la política de corrupción cero y seremos inflexibles. Yo no soy un ministro de escritorio. Salgo a la calle con mi policía en esta lucha sin cuartel contra la delincuencia. Hemos salido a cazar a los criminales. Por eso, oficial que no trabaja tiene que ser removido o cambiado. Somos inflexibles con la pasividad.

—¿La Diviac se convirtió en la policía política?

No lo es, en la Diviac hay excelentes cuadros policiales. Confío en ellos, como lo hago con cada integrante de la Policía Nacional hasta que no se demuestre lo contrario. Nunca una unidad policial debe politizarse porque como lo dije y repito: la PNP no es deliberante. Nos debemos a la ciudadanía y nuestra principal subordinación es a la ley.

—¿Por qué Colchado se habría apurado tanto en allanar la casa presidencial si no tenía plan de operaciones?

Todo ello es materia de investigación. La Inspectoría General de la PNP es la encargada de determinar responsabilidades.

—¿Usar el torito para abrir la puerta de la casa de Dina Boluarte fue un exceso?

No me puedo pronunciar porque hay una investigación abierta que analiza este tema. Debemos ser prudentes y esperar los resultados.

—El abogado de Colchado y su entorno aseguran que la suspensión es la venganza de Boluarte.

No, eso no es cierto. No hay ninguna represalia ni del Gobierno Central ni del sector Interior. Es muy irresponsable afirmar eso.

—¿Es posible allanar a un gobernante sin plan de operaciones?

Las acciones policiales de esa magnitud deben siempre ir acompañadas de un plan de operaciones debidamente estructurado para asegurar el éxito de las acciones, la asignación de personal y el uso adecuado de los recursos del Estado. No es posible allanar sin plan.

—¿Le preocupa que en el reglamento de la Diviac esté escrito que si algún detenido no cuenta con abogado defensor deben coordinar con IDL?

Me llama la atención dicho documento porque es el Estado el que debe disponer de ese apoyo legal en caso se requiera, no un organismo no gubernamental. He sido informado que la Inspectoría General investigará la disposición de dicho documento.

—¿La policía ha firmado un convenio con IDL?

Que mi despacho tenga conocimiento, no. Son hechos que se están investigando por que la defensa de todo ciudadano está garantizada por el Estado y no por institución ajena.

—También se ha descubierto que Colchado alquila su casa a la propia policía...

Hemos tomado conocimiento sobre esa noticia. Son los entes de administración y justicia los que deben evaluar y establecer la existencia de responsabilidades.

—¿El coronel Colchado debe apartarse de la policía?

No me corresponde pronunciarme sobre la continuidad de un oficial. Eso es estricta competencia de la Policía Nacional del Perú y debe ser consecuencia de procedimientos regulares que garanticen el debido proceso. El señor Colchado es un oficial que se encuentra en proceso de investigación, como otros oficiales y suboficiales. Debemos dejar que los fueros correspondientes tomen las decisiones respetando el debido proceso.

—¿Es verdad que están pensando en cambiar al general Zanabria después de todo lo ocurrido con la presidenta?

No hemos considerado cambiar al general Víctor Zanabria.