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Más de medio millón de soles. Eso es lo que el Estado peruano desembolsará para cubrir los gastos por defensa legal de la actual presidenta Dina Boluarte, así como de los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), inmersos actualmente en investigaciones fiscales por presuntos delitos graves como homicidio, corrupción y lavado de activos.
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A través de resoluciones emitidas por la Oficina General de Administración del Despacho Presidencial, el último miércoles 27 de marzo, esta institución aprobó la realización de contrataciones directas por un total de S/571.600. Ello a fin de cubrir las defensas legales de Boluarte y los otros dos exmandatarios, a solicitud de ellos y al amparo de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, según se indican en las relaciones.
En octubre pasado, El Comercio ya había reveló que la Presidencia de la República había desembolsado —a lo largo de los últimos cinco años— S/190.000 a favor de las defensas de ocho funcionarios y exfuncionarios; mientras que la PCM había pagado en la última década más de S/1 millón del fondo estatal para un total de 27 personajes.
Dina Boluarte
En el caso de la actual jefa del Estado, Dina Boluarte presentó su solicitud de defensa y patrocinio legal el pasado 30 de enero, a propósito de las pesquisas por las muertes ocurridas tras el golpe de Estado perpetrado por el exmandatario Pedro Castillo y su asunción a la Presidencia de la República, entre diciembre y enero de 2023.
A Boluarte, el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión de los delitos contra la humanidad, genocidio, y contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado y lesiones graves.
Por este caso, se aprobó desembolsar a favor de la defensa legal de Boluarte un total de S/180.000, con el fin de cubrir la investigación preliminar y “hasta su conclusión, incluyendo sus ampliaciones”, se indica en la resolución administrativa N°000020-2024-DP/OGA.
A fines de noviembre del año pasado, la Fiscalía de la Nación presentó denuncia constitucional en contra de la mandataria justamente por el caso de las muertes en las protestas.
Justamente, ayer jueves, RPP informó que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima rechazó una demanda de amparo presentada por Boluarte con la que se buscaba anular la denuncia constitucional planteada por la Fiscalía de la Nación por este tema.
Ollanta Humala
Por otro lado, el Estado también desembolsará para cubrir la defensa legal del expresidente Ollanta Humala. El exmandatario presentó su solicitud el 18 de enero del 2023, y tras varios meses, finalmente se dio luz verde a su pedido y se aprobó efectuar una contratación directa por un total de S/291.600 para cubrir su defensa.
Su caso tiene que ver con la investigación preparatoria en trámite ante la fiscalía supraprovincial anticorrupción, que le atribuye presunta colusión agravada en agravio del Estado, según se lee en la resolución administrativa N°000019-2024-DP/OGA.
Si bien no se precisa el caso específico, el número de expediente está relacionado con el caso Centro de Convenciones de Lima. Y es que, en abril del 2023, el Ministerio de Vivienda declaró procedente una solicitud similar a favor del exministro de Humala, Milton Von Hesse, por el mismo expediente fiscal.
Alejandro Toledo
Por otro lado, el exmandatario Alejandro Toledo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo una orden de prisión preventiva, presentó su solicitud el pasado 6 de febrero, el mismo al que el Despacho Presidencial acogió y por el que se desembolsará otros S/100.000.
El caso tiene que ver con el proceso que se sigue en su contra ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos, en agravio del Estado.
“Para su defensa y asesoría legal por la etapa intermedia y hasta su conclusión del proceso”, se precisa en la resolución administrativa N°000018-2024-DP/OGA
Punto de vista
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que “este tipo de beneficios” tendrían que ser revisados y suprimidos, sobre todo por el tipo de delito que se les atribuye a los altos funcionarios del Estado.
“Considero que este tipo de beneficios referido al pago de abogados para la defensa de funcionarios en graves hechos de corrupción y de graves violaciones de derechos humanos debe ser revisado y debe ser suprimido”, remarcó Maldonado en entrevista con El Comercio.
A su juicio, “personas que están investigadas por gravísimas violaciones de derechos humanos y gravísimos actos de corrupción deberían tener, por lo menos, la elemental decencia de no ejercer esa atribución que les da una ley, desde mi punto de vista, equivocada”.
Maldonado apuntó que “resulta más grotesco” cuando se contrasta la aplicación de esta norma y el desembolso de los S/180.000 cuando uno de los funcionarios (en referencia a Dina Boluarte y el caso Rolex) está también siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. “Acá, por lo menos en el ámbito ético, es ya muy grotesco”, puntualizó.