A dos meses de que la presidenta Dina Boluarte propusiera ampliar la pena de muerte para los violadores de menores de edad seguida de muerte, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, ha insistido con que se debata este planteamiento. A través de una columna de opinión, publicada en El Comercio, ha referido que “no es un tema cerrado”.
No obstante, exministros de Justicia y un constitucionalista cuestionan que el gobierno de Boluarte continúe intentando abrir un foro sobre la ampliación de la pena capital, cuando hay otros temas más urgentes, como ponerle freno a la ola de criminalidad que sufre el país y denuncias por presunta corrupción en el Ejecutivo que no han sido aclarados.
“No, la pena de muerte no es un tema cerrado. Al menos no lo es en nuestra sociedad. Aquellos que pretenden que así sea, en el fondo, lo que hacen es negarle al ciudadano su libertad de expresión, de información, de participación y, por último, de decisión respecto de los graves asuntos sociales que le involucran y afectan”, remarcó Adrianzén.
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Al respecto, el ex titular del Minjus y expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma sostuvo que existe “un error” en el concepto usado por el jefe del Gabinete Ministerial, al explicar que no se puede hablar de pena, porque en la Constitución este término tiene un “carácter resocializador”. “Aquí sería una condena de muerte, porque se supreme la posibilidad que, con el tiempo, esa persona puede reintegrarse a la sociedad”, complementó.
En comunicación con El Comercio, García Toma dijo que “resulta extraño” que el Ejecutivo insista con su propuesta para debatir ampliar la pena de muerte, cuando hace un par de semanas el representante del Perú en la ONU votó a favor de suspender esta medida.
“En el exterior, el gobierno firma documentos en el cual abogada por la supresión de la pena de muerte, pero en el Perú se abren mesas de diálogo para incrementarla, eso es esquizofrénico”, manifestó.
García Toma calificó como una “cortina de humo” el hecho de que el gobierno esté promoviendo ampliar la pena de muerte, cuando la presidenta Boluarte no ha respondido por el Caso Qali Warma, donde se instaló una red de corrupción, y por su incremento patrimonial. “Estos dos temas merecen explicaciones, ellos pretenden enterrar estas denuncias abriendo el debate a un tema que sabemos que no va a llegar ningún puerto”, acotó.
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Juan Jiménez Mayor, ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro de Justicia, criticó que Adrianzén, en su artículo de opinión, no haya hecho referencia “al punto de vista jurídico” respecto a la ampliación de la pena de muerte. De acuerdo con la Constitución peruana, esta figura solo se puede aplicar en dos supuestos: traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo.
“Si se hacen consultas a ciudadanos del interior del país, a sectores políticos, probablemente [el Ejecutivo] puede llegar a una conclusión ‘positiva’, pero esto no solo es político, sino también jurídico. Los sensato para un gobierno serio es que analice el tema de la pena de muerte desde una perspectiva jurídica”, expresó.
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En declaraciones a este Diario, Jiménez Mayor recordó que el Perú para ampliar la pena de muerte debe denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que eso tiene su propio proceso.
“Sí, es una cortina de humo. Un gobierno que tiene niveles de confianza del 3% puede ser capaz de cualquier para recuperar espacios en la población. Ya no le importa nada, porque no tiene nada que perder. Y ese es un problema, un gobierno con tan baja credibilidad ya no tiene límites”, subrayó.
Jiménez Mayor indicó que ni siquiera en Centroamérica, donde los niveles de homicidios y violencia son más altos, se ha debatido la pena de muerte en los últimos tiempos.
“En el Perú necesitamos una discusión en serio sobre la seguridad ciudadana, la pena de muerte no la va a solucionar, es un distractivo, es la forma de sacarnos del debate del real problema que tiene el país”, concluyó.
Por su partido, el abogado constitucionalista Erick Urbina explicó que si el gobierno de Boluarte busca ampliar la pena de muerte debe cumplir antes tres pasos: la denuncia al pacto de San José de Costa Rica, la reforma de la Constitución y el cambio del Código Procesal Penal.
“El proceso de denuncia al pacto de San José lo debe iniciar la presidenta y debe ser ratificado con 87 votos en el Congreso, luego se debe esperar un año para que haya un efecto concreto. Recién cuando pase ese año, se puede reformar la Constitución, que en la actualidad solo permite la pena de muerte por traición a la patria en guerra y terrorismo. Esta última nunca se aplicó. Y después se debe modificar el Código Penal. Como se ve es un camino muy largo”, detalló.
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En diálogo con El Comercio, Urbina sostuvo que el planteamiento del Ejecutivo “no es viable”, porque implica varios factores.
“[Esta propuesta] es en parte populismo puro, si tuviesen la intención, ya lo hubiesen hecho [renunciar al pacto]”, agregó.
Urbina, no obstante, opinó que posiblemente la intención de la presidenta Boluarte es dar solo el primer paso. Es decir, denunciar al pacto de San José, con el objetivo de que las denuncias a raíz de las muertes en las protestas sociales al inicio de su mandato no puedan ser juzgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En el Congreso existen cinco proyectos de ley para ampliar la pena de muerte en el Perú. De estos, tres sanciona con la pena capital a los violadores de menores de edad. Todas estas iniciativas se encuentran en comisión.
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