El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular y consideró que el Ministerio Público no puede determinar, “antidemocráticamente”, qué partidos pueden participar en las elecciones generales del 2026.
En un pronunciamiento, señaló que desde el 7 de diciembre del 2022, luego del golpe de Estado perpetrado por el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), el Poder Ejecutivo “se ha mantenido con firmeza” en defensa del estado de derecho, la institucionalidad, la Constitución y nuestra democracia.
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Indicó que las elecciones generales del próximo 12 de abril de 2026 deben llevarse a cabo “en un ambiente de paz, hermandad y patriotismo” donde se pueda elegir a las próximas autoridades “con un voto libre y soberano”.
“Este hecho trascendental para la democracia de nuestro país no puede ser empañado por una institución como el Ministerio Público, cuya función debe ser velar por el cumplimiento de las leyes, pero que continúa en su afán de pretender judicializar la política”, expresó.
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“La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral”, agregó.
Tras mencionar que hubo seis presidentes de la República en los últimos seis años, el Ejecutivo enfatizó que esa situación ha conllevado a una crisis económica, política y social, y que “ese no es el camino que debemos seguir”.
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“Acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico, tomadas por el Ministerio Público, no deben impedir a los peruanos el libre ejercicio de elegir a sus próximas autoridades. Son los ciudadanos quienes, mediante un voto libre en las urnas, decidirán a nuestros próximos representantes”, sentenció.
Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió a la Corte Suprema del Poder Judicial que declare la ilegalidad del partido político Fuerza Popular por cometer actos “antidemocráticos” que vulneran la Ley de Organizaciones Políticas.
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En su pedido, la titular del Ministerio Público detalla que, tras una denuncia ciudadana recibida en marzo del 2025, recabó información y elementos probatorios que probarían que el partido fujimorista habría incurrido “de forma sistemática en conductas antidemocráticas”.
Por esto, Espinoza pide aplicar la Ley de Organizaciones Políticas porque habría cometido actos que habrían vulnerado las “libertades y derechos fundamentales”.
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Según la fiscal de la Nación, Fuerza Popular habría promovido atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores, periodistas y medios de prensa debido a sus cargos, posiciones políticas, profesiones y opiniones políticas.
También los denuncia por haber promovido la exclusión de congresistas de sus filas por motivo de disidencia política y/o libertad de conciencia, además de busca exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno entre los años 1990 y 2000.
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Finalmente, advierte que habrían “legitimado la violencia” para lograr objetivos políticos. Todo esto, según Delia Espinoza, configuran “acciones antidemocráticas previstas taxativamente en el primer supuesto” de la norma sobre partidos políticos para seguir adelante desde el Poder Judicial con la declaración de su ilegalidad.
