“En el gobierno pasado Odebrecht controlaba los proyectos”
“En el gobierno pasado Odebrecht controlaba los proyectos”
Gonzalo Carranza

Hace unos días, el Ministerio de Economía y Finanzas puso en marcha el plan de impulso económico, que buscará atenuar el impacto del Caso en la economía, según cuenta el ministro del sector, .

—¿Los S/5.500 millones que buscan inyectar a la economía a través del plan de impulso fiscal constituyen recursos nuevos o son partidas de gasto que se reasignan?
Son recursos nuevos. Estimamos recaudar alrededor de S/5.000 millones adicionales a través de nuestra reforma tributaria en distintos esquemas. Estos recursos estarán disponibles en el transcurso del año.

—Su proyección de crecimiento para el país es de 3,8%, mientras que el PBI potencial está alrededor del 4%. ¿Lanzar un plan de estímulo fiscal que representa 1% del PBI denota que la proyección podría reducirse?
No podemos influir en lo que ya pasó ni en lo que pasará durante el resto del primer semestre. Lo que buscamos es influir en la segunda parte del año. El paquete busca fortalecer los dos fundamentos de nuestra economía: el ‘boom’ de inversiones y el aumento de la productividad. Estamos inyectando dinero para enfrentar el temporal [del Caso Odebrecht] y para asegurar al sector privado que la desaceleración del gasto privado va a ser compensada por gasto público.

—Muchos paquetes fiscales se ejecutaron recién cuando el ciclo económico cambió. ¿Cómo garantizar la rapidez en la ejecución?
Hemos reestructurado el área de inversión pública. Tenemos cien proyectos que representan el 64% de la inversión pública total y a los cuales les damos seguimiento a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Así sabemos si han gastado o no han gastado y por qué. En función de las respuestas, identificamos la traba y la solucionamos.

—Sin embargo, las devoluciones están S/3.000 millones por encima de lo que se estimaba el año pasado. ¿Flexibilizarán la meta de déficit fiscal (el 2,5% del PBI)?
La meta del déficit ya la cumplimos con el presupuesto que hoy tenemos y gracias al ajuste fiscal que hicimos el año pasado. Si manteníamos la pauta del gobierno anterior, este año hubiésemos tenido que hacer un ajuste de dos puntos porcentuales. El espacio fiscal que hoy tenemos nos permitirá enfrentar el Caso Odebrecht. Estamos empujando el gasto en inversiones, el cual genera crecimiento, y estamos ajustando el gasto corriente. El gobierno anterior lo había aumentado de 13% a 16% sin mayor sustento.

—El ex presidente de la Confiep Martín Pérez dijo a El Comercio que el gobierno no satisfizo las expectativas del empresariado. ¿El plan de reactivación podrá hacerlo?
Con este nosotros estamos operando en el sector público, mientras que el empresariado está cuidando su bolsillo. No obstante, hay 12 proyectos mineros que están por salir. Si logramos sacarlos adelante, las expectativas se revertirán radicalmente. Los empresarios siempre piden y piden, pero hay que comprometerlos a que hagan y hagan.

—El Decreto de Urgencia 003 busca inmovilizar ciertos ingresos de empresas corruptas. ¿Podrían romperse cadenas de pago?
Es cierto que generó cierta incertidumbre respecto a qué empresas se les podía aplicar el decreto. Ante ello, el sector público y el privado retrasaron algunos pagos. Nosotros estamos revisando cada ministerio para ver qué pago se debe hacer a empresas vinculadas a Odebrecht. No se pueden suspender cadenas de pago. Algunos actores del sector privado no descontaron las facturas de algunos proveedores. Les hemos acercado lineamientos y no hay ninguna razón para que eso siga pasando.

—Algunos consideran que el decreto no incluye incentivos para que Odebrecht venda rápido.
Sin el decreto, a Odebrecht se le hubiese intervenido y no podría vender. Hoy casi todas las ventas están cerradas, incluyendo Chavimochic. Existe una cantidad impresionante de empresas que se han interesado en comprar sus activos, ya que en el gobierno anterior Odebrecht controlaba nuestros proyectos de inversión. Odebrecht asignaba coparticipaciones a otros postores y el Gobierno no podía decir nada. Empresas que se veían excluidas están viniendo a la carga porque hoy el Estado decide.

—¿La interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, podría ‘salpicar’ al MEF por aprobar la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero?
Nosotros somos técnicos y todo lo que hemos hecho es legal. No hay ninguna mano negra. Que nos investigue quien nos quiera investigar. Heredamos un contrato mal hecho y asumimos el costo político de operar el contrato. Si no lo hacíamos, hubiésemos tenido que ir a un arbitraje en el cual probablemente íbamos a perder US$200 millones.

—¿Cómo definir si seguir adelante con un proyecto cuestionado, como el de Chinchero o el de la refinería de Talara?
En Chinchero vimos que podíamos hacer ajustes para asegurar el cumplimiento de principios éticos y obtener un beneficio para la ciudadanía. El caso de la refinería de Talara es distinto porque era un proyecto muy ambicioso y debemos decidir si seguimos o no. Yo pienso que el gasto ya hecho y los beneficios que traería tanto para Petro-Perú como para la población justifican seguir con el proyecto.

—Una nueva reducción del IGV parece lejana. ¿Cumplirán la meta de recaudación que pusieron para mayo?
Existe 50% de posibilidades de cumplirla. Un 1% de reducción no era suficiente para formalizar, por eso optamos por decretos legislativos y la comisión de protección social. Esperaremos a ver el resultado [para analizar otra reducción del IGV].

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