El encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) compartió desde el penal de Barbadillo su propio ‘mensaje’ a la Nación, donde cumple prisión por los delitos de rebelión y organización criminal.
En el clip, publicado en su cuenta en “X” (antes Twitter), el exmandatario, recluido en dicho centro penitenciario desde diciembre del 2022, insistió en que fue vacado irregularmente por el Congreso y que Dina Boluarte usurpa el cargo.
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Asimismo, insistió en aprobar una nueva Constitución Política, pese a no tener bancada propia y que gran parte de Perú Libre, que lo postuló para la Presidencia, respaldó –con sus votos- su vacancia.
Cabe indicar que el pasado 24 de julio la Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y emita un informe final sobre la Denuncias Constitucional 586, presentada contra Castillo Terrones.
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La acusación se sustenta en la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, según el artículo 399 del Código Penal.
Dos días después, el 26 de julio, la Fiscalía de la Nación presentó otra denuncia constitucional ante el Congreso contra Pedro Castillo, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada por el Caso “Los Niños”.
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Además, se acusa a 23 congresistas y tres exministros de Estado por su presunta vinculación en estos actos delictivos. Entre los legisladores denunciados figuran Ilich López (Acción Popular) y Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular).
La acusación constitucional incluye al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, y al extitular de la Producción Jorge Luis Prado por los delitos de organización criminal y negociación incompatible.
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Mientras que Betssy Chávez fue denunciada en su calidad de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo por el delito de negociación incompatible.
La fiscalía argumenta en su carpeta de investigación que el expresidente Castillo Terrones habría liderado la presunta organización criminal integrada por los congresistas y ministros denunciados con el fin de negociar votos congresales a cambio de direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Producción; así como en organismos públicos descentralizados; Superintendencia Nacional de Migraciones, Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos.
