Inseguridad ciudadana: ¿Qué medidas urgentes deben tomar el Ejecutivo y el Congreso?

Durante los tres últimos años, uno de los delitos que ha sobrepasado al Estado peruano por su crecimiento exponencial, es la extorsión. A nivel nacional, entre el año 2021 y el 2023, las denuncias por extorsión aumentaron en 372%. Lamentablemente, hay cifras aún más alarmantes, ya que, en el mismo periodo, según el Sistema de Registro de Denuncias Policiales (SIDPOL), las denuncias por dicho delito se multiplicaron 6.9 veces en Lima, 7.4 en Ayacucho y 7.8 en Ucayali. También es preocupante la velocidad con la que está ganando nuevos territorios. En el año 2021, solo en siete regiones del país se reportaron un número significativo de denuncias, en el 2022, en trece y en el 2023, en dieciocho.

La extorsión es un ilícito complejo que se manifiesta en diversas modalidades, algunas de las más frecuentes son: a) Cobro de cupo, que es la exigencia de dinero para que un negocio pueda operar; b) Chalequeo, exigencia de dinero con la promesa de protección, muchas veces bajo la apariencia de empresas de seguridad formales; c) Gota a gota, enganche de una víctima a través de un préstamo con tasas de interés elevadísimas e impagables.

A diferencia del robo y de otros delitos, la extorsión no es de afectación pasajera, pues, quien paga una vez, tendrá que pagar siempre. Asimismo, es un delito que no diferencia entre clases socioeconómicas porque no solo afecta a grandes y medianos empresarios, sino también a pequeños emprendedores como mototaxistas, ambulantes, emolienteros, bodegueros, etc. En pocas palabras, nadie está libre de ser extorsionado.

Este problema debe enfrentarse con firmeza y determinación, por ello, es necesario que el Congreso y el Ejecutivo actúen con responsabilidad y se alejen de propuestas populistas. Por ejemplo, es momento de entender que la receptación no es una “criollada” y que se trata de un delito grave que fomenta no solo la comisión de los delitos de hurto y robo (muchas veces con consecuencias fatales), sino que, además, muchos de los 4,700 teléfonos robados al día, terminan en manos de los extorsionadores. Ante ello, la pena por dicho delito debe ser elevada a límites legales que permitan la prisión preventiva y/o condenas efectivas para los que vendan y compren cosas robadas.

Asimismo, el Parlamento debe modificar el Decreto Legislativo N° 1338 que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG), para incluir en ella, elevadas sanciones pecuniarias a las empresas de telecomunicaciones que no inhabiliten los IMEI (que es el número único de identificación de cada dispositivo) de aquellos terminales telefónicos robados, hurtados, perdidos o clonados, solo así se podrán realizar verdaderos apagones telefónicos. El Congreso de la República también debe emitir una norma que prohíba y sancione a las empresas de telefonía que permitan que exista señal telefónica móvil en los cuadrantes en donde se ubican los establecimientos penitenciarios, desde donde salen muchas llamadas extorsivas.

Por su lado, OSIPTEL debe fiscalizar y aplicar las sanciones administrativas (hasta 1000 UIT) señaladas en la Ley N° 31839, a las empresas que, a pesar de la prohibición expresa, siguen permitiendo la venta ambulatoria de líneas móviles (chips).

También, se debe emitir una norma que permita que el Ministerio Público acceda, sin mandato judicial, al nombre (no a los montos ni movimientos) de los titulares de las cuentas bancarias en las que se exige el depósito de los montos extorsivos, para que, en caso de ser necesario, se proceda a una inmediata captura. Asimismo, debe regularse el procedimiento para el bloqueo inmediato de las respectivas cuentas.

La inmediata ubicación de los actores criminales es fundamental para combatir este crimen, por eso, el Estado debe fortalecer la División de Delitos de Alta Tecnología de la PNP (DIVINDAT), que es la que se encarga de la geolocalización de las llamadas extorsivas pero que, lamentablemente, no cuenta con los recursos necesarios.

No es menos importante, legislar para actualizar el marco normativo relacionado al uso civil de armas de fuego y para establecer firmes sanciones contra aquellos que desvían las armas autorizadas hacia la delincuencia.

Ante el ascenso de nuevas modalidades delictivas, se hace necesaria la adopción de medidas legislativas y ejecutivas distintas. El análisis del crecimiento de este fenómeno debe dar paso a planes, proyectos y acciones, que conviertan al Perú en un lugar más seguro y productivo para todos.

Uno de los principales desafíos de mi gestión es construir las condiciones que permitan el desarrollo económico, la inclusión social, la diversidad cultural y la gobernanza democrática en San Juan de Lurigancho y para lograrlo es preciso superar una serie de retos que impide el desarrollo sostenible en nuestra localidad, uno de ellos es el de fortalecer y expandir la seguridad ciudadana, para que esté al alcance de todos, para contar con la protección y el orden necesario que permitan impulsar diversas iniciativas para el crecimiento económico, social y cultural. Para avanzar en ese camino, debemos analizar tres aspectos:

Las reformas institucionales

Uno de nuestros principales problemas es que las instituciones que deben enfrentar la inseguridad ciudadana son débiles y precarias, carecen de liderazgo e idoneidad para el cumplimiento de sus funciones establecidas por ley. Por todos es conocido, lamentablemente, la crisis en la que se encuentra la Policía Nacional, cuyo ingreso es objeto de múltiples cuestionamientos, distorsionando la escala de méritos y permitiendo el compadrazgo, tanto en la admisión como en la línea de ascenso, generando así un policía y un oficial, que desfigura el sentido de su compromiso institucional, de honor y lealtad, y por otro, emerge uno caracterizado por la ausencia de responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y en el aprovechamiento personal de los puestos que ocupa. Además, está situación se refleja en la creciente flexibilización de los estándares profesionales para el ingreso, en el limitado tiempo de formación y entrenamiento, en la falta de especialización y capacitación continua, deteriorándose así las capacidades reales de la policía para combatir la delincuencia y la corrupción.  

La policía requiere una reforma profunda e integral, que aborde su formación, logística e infraestructura, pero en el marco de un cambio sustancial de nuestro sistema de seguridad ciudadana, que también comprende el sistema de justicia.

Pues la policía también requiere contar con la seguridad que le brinda la ley en el cumplimiento de sus responsabilidades. La policía no puede combatir los diversos y crecientes actos delictivos si el poder judicial y la fiscalía no la acompañan en sus acciones. No es posible aceptar que un policía que utiliza su arma de reglamento y tiene que enfrentar o abatir a un delincuente que amenaza a la ciudadanía y a su propia vida, el día de hoy está siendo juzgado por la fiscalía, por cuestiones formales y epidérmicas. Eso desalienta la labor policial y, paradójicamente, incentiva al delincuente, que siempre busca las rendijas de la ley, para saltarse la acción policial. 

Es necesario explorar nuevos modelos de gestión en seguridad ciudadana, que permitan flexibilizar los procesos flagrancia para hacerlos eficientes y oportunos, así como los mecanismos para la investigación y el juzgamiento de los policías que podría hacerse en el fuero policial para acelerar la acción de la justicia ante el creciente colapso del poder judicial. De otro lado, es importante considerar la creación de un sistema de protección para los jueces y fiscales, que les brinde seguridad, discreción y reserva ante la creciente arremetida de las bandas criminales que crecen y se expanden, no sólo de origen nacional sino también de carteles internacionales, que ponen en riesgo no sólo la integridad del agende judicial y sus familias, sino también la necesaria firmeza y severidad en los respectivos fallos judiciales. 

La infraestructura del sistema de seguridad y de justicia

La infraestructura del sistema de seguridad y de justicia con que cuenta nuestro distrito es precaria, empobrecida y completamente obsoleta con relación a las necesidades de nuestra población. Nos faltan comisarias, sedes de juzgado y fiscalías, vehículos, herramientas y medios tecnológicos. 

San Juan de Lurigancho, por ejemplo, tiene 2 penales totalmente hacinados, que se encuentran con viviendas alrededor y que sirven de satélite para que los delincuentes continúen haciendo sus actos delictivos, convirtiéndose en oasis del crimen y promoviendo la delincuencia en la localidad ¿cuántos penales han construido en los últimos 5 años para resolver esta situación? Ninguno. Esto se debe a que no tenemos un sistema de ejecución presupuestal, flexible y eficiente, que pueda dar las garantías suficientes al Instituto Nacional Penitenciario – INPE, del Ministerio de Justicia, para que ellos puedan ejecutar su presupuesto y crear más penales de alta envergadura, muy seguros y con importantes niveles de desarrollo tecnológico.

Esta situación, como en otras entidades vinculadas a la seguridad ciudadana, tiene que ver con la necesidad de implementar una reforma a Ley de Contrataciones, creando un acápite específico en temas de seguridad ciudadana que, por su urgencia y gravedad para nuestra sociedad, permita implementar rápidamente las licitaciones públicas, hoy engorrosas, lentas y complejas, por un proceso célere y eficaz que permita la rápida ejecución del presupuesto para la seguridad ciudadana. Pues el problema hoy es que la cosas debe hacerse ya y hacerse bien, con celeridad y atendiendo a las demandas y expectativas de nuestros vecinos.

El liderazgo político 

La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales problemas en la agenda política del país, limitando el crecimiento y el desarrollo económico. Para resolver este problema es preciso superar las resistencias de aquellos sectores que han encontrado un “modus operandi” dentro de las limitaciones de nuestras instituciones en el ámbito de la seguridad ciudadana. Y para ello, es imprescindible tener una alta dosis de decisión política para conducir los procesos de reforma política que sean necesarios. Le corresponde a la presidenta de la República, Dina Boluarte, conducir ese proceso y convocar a todos los sectores del país para enfrentar este enemigo común. Ella debe tomar la decisión política para implementar los cambios y no retroceder ante la presión de aquellos que viven del desorden y la corrupción.

Debe adoptar las medidas pertinentes para frenar el espiral de violencia y crimen que inunda nuestras calles. Por ello, debe considerar que las Fuerzas Armadas también participen activamente en la seguridad ciudadana, sacando a las calles a sus efectivos, para brindar seguridad y sosiego a nuestra población.  Así como debe sostener diálogo permanente con la ciudadanía y las instituciones locales para legitimar cada acción que tome a favor de nuestros ciudadanos. Sólo así se podrá combatir la delincuencia y el crimen en el marco de una gobernanza democrática en el país.

¿Qué acciones hay que tomar?

· Hacer un reajuste de los montos asignados a las partidas presupuestales de los gobiernos locales y regionales, así como a las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana y de justicia, para atender las medidas urgentes que se requieren para enfrentar la seguridad ciudadana.

· Modificar la Ley de Contrataciones del Estado, creando un acápite específico para las adquisiciones de bienes y servicios vinculados a la seguridad ciudadana en situaciones de emergencia.

· Mejorar los procesos judiciales de los delitos de flagrancia y el rol que jueces, fiscales y policías tienen en su implementación. 

· Acelerar los procesos de gobierno digital en todos los niveles de gobierno, a efecto de crear las condiciones de interoperabilidad entre las entidades que manejan data digital, para que pueda ser compartida y contribuir a la seguridad ciudadana.

· Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – SINASEC, dotando a su ente rector el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC de un carácter ejecutivo y conductor de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Desde La Libertad hemos sido enfáticos en reiterar que un estado de emergencia no prospera si no viene con recursos, logística y equipo humano preparado. Somos una región que estamos avanzando, poco a poco, con el único objetivo de replegar a la delincuencia. Estamos convencidos de que la principal medida en esta estrategia es la inversión, y una de nuestras principales apuestas es la modernización del laboratorio de criminalística, que nos hace falta para hacer un trabajo más certero desarticulando las bandas que se ha expandido en el norte del país.

A problemas grandes, también debemos proponer medidas excepcionales. Desde el GORE, estamos planteando al Ejecutivo que se active un marco legal apropiado que permita hacer compras directas en beneficio de la policía. El hampa ataca todos los días y nuestros procesos de adquisición de logística no pueden ser burocráticos y lentos.

Necesitamos una Policía bien equipada para que pueda hacer un buen trabajo. Necesitamos un decreto de urgencia que nos permita convocar procesos más ágiles. Así lograríamos en tiempo récord que la Policía tenga 100 patrulleros y 100 motocicletas, como lo estamos planificando.

Estoy convencido de que esa problemática se vencerá si las instituciones trabajos unidas y con un solo objetivo. Y así lo estamos demostrando, encabezándolo desde el Gobierno Regional, junto a la PNP, Ejército, Poder Judicial, Fiscalía, Prefectura, alcaldes y otros aliados importantes.

Nuestras gestiones ante el Ejecutivo nos ha permitido tener un estado de emergencia distinto. En Pataz, donde la minería ilegal campea, tenemos la presencia del Ejército como el principal órgano de control interno. Y es que la situación allí lo ameritaba por el total descontrol y el irrespeto total a la ley y la propia vida.

Y en Trujillo, capital de la región, donde la crisis de inseguridad tiene mayor convulsión, es la Policía la que está logrando importantes capturas y desarticulación de bandas. ¿Pero qué ha hecho que las cosas sean distintas? A mi solicitud, aquí tenemos a fuerzas especiales PNP que están actuando con la severidad que exige la ciudadanía. 

Esto no funcionaría si ese trabajo no lo lideraran los coroneles Revoredo y Huapaya de vasta experiencia. Pronto se sumará el cambio de los actuales agentes de inteligencia, porque a lo largo de los años, no han demostrado eficiencia. Se quiere ahora renovar los equipos PNP y contar con aquellos que verdaderamente nos darán verdaderos resultados.

Desde el terreno legislativo, la bancada de Alianza para el Progreso anunció que prepara un marco legal para la idoneidad de la carrera policial. En tanto, el partido, a través de su secretario general Luis Valdez, ha planteado una iniciativa de amnistía para las FF.AA. y Policía Nacional que combatan al crimen organizado. Estas iniciativas deberían tener la prioridad que exige la coyuntura nacional. A los delincuentes se les combate con severidad, firmeza y determinación.

Quienes llevamos un tiempo involucrados en políticas contra la delincuencia hemos visto pasar a cientos de funcionarios por sectores como Interior, con iniciativas de distinto calibre. Algunas han resultado algo pintorescas, lo cual no es ameno pues está de por medio nuestra seguridad. A pesar de los resultados y el sustento, otras iniciativas han sido dejadas de lado por una torpe razón: quién la gestionó no es del entorno de la nueva gestión. Compartimos algunos ejemplos.

Durante el último año se han formulado las bases para un Índice de Riesgo Delictivo que permitiría dar un tratamiento diferenciado a los territorios, de acuerdo a como son afectados por la delincuencia. También se ha aprobado una directiva para que el Fondo Especial de Seguridad Ciudadana se enfoque en el cierre de brechas en lugares prioritarios, sin que esté sujeto a la voluntad política de turno.

En la última Ley de Presupuesto se aprobaron 252 millones de soles para los 36 distritos con mayor incidencia delictiva. Es indispensable que esos recursos se destinen a inversiones clave y no al gasto corriente. En esta misma Ley se incluyó un artículo que dispone la creación del nuevo Programa Presupuestal Orientado a Resultados para la Seguridad Ciudadana. Este instrumento permitiría superar al desfasado Programa Presupuestal 030 que no ha dado los resultados esperados.

La prevención debiera ser uno de los estandartes contra la delincuencia. De la mano de municipalidades como San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Callao provincia y San Juan de Miraflores, durante el 2023 se implementó la iniciativa Zonna Segura. Esta permitió que miles de participantes de los programas preventivos de la Policía Nacional del Perú, aprovecharan los recursos municipales para ocupar adecuadamente su tiempo libre en actividades deportivas, culturales y formativas. Sigue pendiente que esa iniciativa deje de ser un piloto y escale a ser una estrategia nacional con recursos propios.

En la misma ruta de la prevención se encuentra la propuesta de Programa Nacional para la Prevención del Delito, que lleva a un nuevo nivel lo avanzado por la Estrategia Barrio Seguro, e integra una intervención socio-conductual enfocada en las localidades más afectadas. Siguiendo experiencias y estándares internacionales, este programa busca llegar a los lugares más complejos para evitar que nuestras familias sigan siendo afectadas por la delincuencia.

A estas iniciativas recientes se suman otras ya conocidas. Vecindario Seguro, por ejemplo, es la estrategia de policía comunitaria de nuestra Policía Nacional desde el 2017. Para que esta estrategia escale, urge dotar a la Dirección de Seguridad Ciudadana y las Comisarías de las herramientas y recursos para operar. ¿Dónde encontrar estos recursos? Para empezar, en los más de 500 millones de soles del Plan Estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación del Equipamiento de la PNP (PEME) aprobado el 2021, y que hasta el momento no logra ser ejecutado. También en el Plan Mariano Santos al 2023, elaborado con minuciosidad técnica por la propia institución policial.

Si se trata de dar en la yugular a las organizaciones criminales, estrategias como los Megaoperativos han demostrado que es posible un trabajo articulado y efectivo entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. ¿Se puede mejorar esta estrategia? Que se mejore poniendo como objetivo táctico a organizaciones como el Tren de Aragua, y tantas otras a través de las que operan extorsionando y secuestrando a nuestros emprendedores y empresarios.

Puede resultar contraintuitivo argumentar que lo descrito son iniciativas importantes contra la delincuencia, sobre todo de cara a la situación en la que nos encontramos. A estas ideas se suman muchas otras, como el trabajo articulado con las mancomunidades en proyectos y estrategias que abarquen más de un distrito, por ejemplo. El asunto es que muchas de estas no terminan de madurar debido a, entre otras cosas, la voluntad de los gestores de turno. Y lamentablemente parece muy lejana la opción de un Congreso haciendo seguimiento a que estas y otras iniciativas cuenten con el soporte legislativo suficiente, así como la fiscalización que tocaría hacer a los padres de la patria. No es tan extraña nuestra situación al ser tan ajena la voluntad para poner estas y otras iniciativas en marcha.