En verdad, el interpelado corre poco riesgo en la sesión, pues la mecánica de reglamento congresal obliga a leer respuestas a preguntas que se conocen de antemano. El riesgo es a posteriori pues se abre la puerta de la censura para la que no hay plazo definido. Según el reglamento también pudiera ser censurado tras haber acudido a una explicación ante el pleno o a alguna comisión, pero, afortunadamente, la tradición evita echar mano a esa liberalidad que permitiría correr mociones de censura prácticamente contra todos los ministros. Tras la performance de Adrianzén, algunas bancadas aburridas estarán considerando cambiar la tradición. A pesar de todo esto, el primer ministro no ha marcado una pauta para su gabinete.

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“Espero esto sirva para que los verdaderos responsables, los criminales, estén bajo las rejas” escupió el ministro de Salud, César Vásquez, al enjambre de micrófonos que le preguntó el martes pasado por la quinta muerte causada por suero fisiológico malogrado. Le repreguntaron quiénes son los criminales y respondió al toque: “Lo he dicho, los dueños de Medifarma y la clínica Sanna”. Una semana antes despidió en vivo y en directo a Sonia Delgado, jefa de la Digemid que tan solo tenía dos días en el cargo, reemplazando a Moisés Ventocilla, la primera cabeza que mochó el ministro apenas se conoció la tragedia del suero. Delgado, en sus 48 horas de gracia, tenía dos cuestionamientos -sobre su relación disuelta meses atrás con el sector privado y sobre una afiliación a APP que resultó un error del partido- que hubiera podido explicar satisfactoriamente.

Vásquez es el mejor ejemplo del feudo -ya ni cuota partidaria- en que se puede convertir un ministerio en la era de Boluarte y del primer ministro Adrianzén. Un caso anterior, que se desbordó ante todos los poderes salvo ante Dina, fue el ex Mininter Juan José Santiváñez. El Ejecutivo se individualiza y caotiza a un año de las elecciones. Pero peor es el Congreso, eh. La mesa directiva y la junta de portavoces son incapaces e indolentes ante la confluencia atropellada de cinco interpelaciones (Adrianzén, Vásquez, Leslie Urteaga del Midis, Morgan Quero de Salud y Raúl Pérez Reyes del MTC) que pueden bajarse la llanta unas a otras. Una fuente del Ejecutivo me dijo: “esta coincidencia de interpelaciones acá se interpreta como un anticipo de lo que se viene en año preelectoral”.

Pero, a pesar de estar advertidos, más allá de una recomendación general a acatar el fuero parlamentario -‘respetamos las decisiones del Congreso y acudiremos cada vez que nos llamen a dar explicaciones bla, bla, bla’-hay una sensación de sálvense quien pueda. Cada ministro escoge sus armas y dispara a discreción. Vásquez, el más político del lote (fue miembro de la comisión política de APP), pequeño y con voz de pito, brinca y hace más bulla que un león rugiendo contra empresarios. Ese es un buen filón que, por ejemplo, Rafael López Aliaga explota con eficacia. A este paso, podría ser un candidato apepista, pues su afiliación está vigente. Otra razón para que Podemos, en su bronca declarada a APP, sea el que brega por interpelarlo y censurarlo.

Leslie Urteaga del Midis, no tiene la bilis política de Vásquez, pero no se queda atrás. Cuando estalló la nueva oleada de intoxicaciones en el programa Wasi Mikuna, supo que no bastaba cambiar el nombre como hizo su predecesor Julio Demartini a Qali Warma. Entonces anunció su ‘extinción’. Indagué en el Midis y esta fue la respuesta: “Se oficializará la declaratoria de emergencia del servicio alimentario escolar y la extinción del programa tal y como lo conocemos; es decir, arrastrando modos de compra que no garantizan la vigilancia (…) Se está evaluando nuevas modalidades que incluyan la entrega de alimentos frescos”. O sea, si Julio hizo un retoque semántico, Leslie sacará los piojos de raíz, ese es el mensaje para conjurar la censura.

Una fuente que ha sido del gabinete me dijo que Dina solía decirles a los ministros, en pleno Consejo, que ‘si atacan a uno atacan a todos’. La consigna, además de obvio llamado a la solidaridad entre pares, tiene dos extensiones: ‘si defiendes a otro ministro, con mayor razón me tienes que defender a mi, y si te tienes que defender tú, hazlo con uñas y dientes’. Esto último no tiene que repetírselo nadie a Quero. El ministro de Educación siempre saca bajo la manga alguna declaración altisonante que desvíe la atención desde el control político de su gestión técnica hacia su lengua distractiva.

El control de daños pos escándalo y pre interpelación/censura de los ministros es, pues, una manifestación del caos. Si el ministro no tiene la muñeca o las ganas para defenderse en clave alta, como presumo es el caso de Pérez Reyes, pues tiene coordinadores parlamentarios que lo hacen por él en el mercado persa de los cambios de opinión en el Congreso. Con promesas -y uno que otro favor concreto- de atención a sus intereses regionales, el congresista es convencido de retirar su firma de una moción o votar en contra de aquella o, si quiere pasar caleta, ausentarse del pleno. Mi colega Martín Hidalgo ha cuantificado el volumen de este mercado en los dos últimos años de Boluarte: hubo 33 mociones (de vacancia, censura o interpelación) y 50 congresistas que retiraron sus firmas en 106 ocasiones.

Parte sensible de la relación entre Ejecutivo y Legislativo se realiza entre coordinadores parlamentarios y asesores de congresistas. No me atrevería a afirmar que algunos de los primeros sean más hábiles que sus ministros; pero sí conozco a algunos de los segundos que le dan varias vueltas a sus jefes. No hay, en la PCM o en el despacho ministerial, una jefatura de coordinadores parlamentarios, así que cada cual opera en el margen que le dé su jefe y cuando es necesario -faltaba más- interviene el propio ministro para redondear su faena. No es algo nuevo pero es más individualizado ahora que contamos con bancadas ‘co working’ como la de Podemos, donde congresistas de diverso origen e interés se dedican cada cual a lo suyo, pero en algunas votaciones cruciales se ponen de acuerdo, para que bancada y partido no pierdan peso negociador ante el Ejecutivo y en el propio Congreso.

El nudo de control político a cinco ministros en ascuas; pudo acarrear un cambio en el tono del Ejecutivo hacia el Congreso, digamos, algo más pechador. Pero ese es un frente que ni Dina ni Gustavo quieren abrirse. Este último, cuando le preguntaban si haría cuestión de confianza por un ministro, dijo, más tímida que provocadoramente, que no lo descartaba. Mis fuentes del Ejecutivo me aseguran que, por lo menos él, sí lo ha descartado. Veamos esto con calma y precisión legal. Tras la polémica ‘denegación fáctica’ que esgrimió Martín Vizcarra para disolver el Congreso en el 2019, hubo una reforma constitucional que resultó en la Ley 31355, de octubre del 2021, que acotó la cuestión de confianza a “materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno”. Una resolución legislativa de diciembre del 2021, refuerza ese límite. Es muy discutible que la continuidad de un ministro sea sinónimo de ‘concreción de política general’. El Congreso podría declarar inadmisible una cuestión así (como ya lo hizo con una que presentó el ex primer ministro Aníbal Torres en los últimos días de Pedro Castillo) y el desaire al Ejecutivo sería mayúsculo.

Ministros y congresistas no quieren pelear ni dejarse llevar por candeleros. La confluencia de interpelaciones es cierto que puede verse -y así lo ve el Ejecutivo- como un rompan fuegos preelectoral. Pero hasta ahora son fuegos artificiales. En el sentido del voto congresal hay una aritmética doble, con una primera y una segunda intención indisociables: voto por interpelar y censurar a un ministro porque creo que ello fortalece mi proyección política; pero sabiendo o deseando que una mayoría lo salve y, de paso, prolongue el status quo armónico entre poderes. Esto se vio con claridad el viernes, cuando los miembros de la Comisión de Fiscalización dejaron solo a su presidente Juan Burgos para que interrogara al cirujano plástico Mario Cabani ¡Era el invitado estrella! La prensa, en cambio, lo esperó con ansias pero el Congreso dispuso un operativo para evitar que este diera declaraciones. Como si la coalición mayoritaria hubiera atendido el último mensaje de Dina: ‘Interpélenme a los ministros, métanme cocachos, pero en la cara no’.