Investigación sobre gastos en el Vraem corre peligro

La denuncia periodística que en abril último reveló graves indicios de presunta malversación de los fondos destinados a la inteligencia en el Vraem corre el riesgo de archivarse en el Ministerio Público. Esto debido a que, hasta ahora, la Primera Fiscalía Anticorrupción no puede acceder a los documentos que mostró en su momento el programa “Panorama”. ¿La razón? Están considerados  como “secretos”.

Este Diario pudo conocer que mediante un oficio, con fecha 18 de octubre, firmado por el titular de la  Presidencia del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se señala que la referida documentación ha sido clasificada como tal por el ente correspondiente, en este caso por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Entre estos documentos se encuentran declaraciones juradas firmadas por supuestos colaboradores, quienes en el reportaje negaron haber recibido pago alguno, e incluso denunciaron que sus firmas fueron falsificadas. Actualmente, estos documentos están en poder de la fiscalía pero se mantienen lacrados.

 Fuentes del Ministerio Público comentaron a El Comercio que, tras la respuesta de la PCM, esta semana recurrirán al juez buscando que se levante la reserva. De acuerdo con el artículo 224 del Código Procesal  Penal, cuando se invoca el secreto de Estado, el fiscal acude al presidente del Consejo de Ministros a fin de solicitar que confirme ese carácter.

En caso se confirme la existencia del secreto (como ya lo hizo la PCM) y “la prueba sea esencial para la definición de la causa”, el fiscal acude a un juez  para que convoque a una audiencia con asistencia de las partes para decidir si ordena levantar el secreto de la documentación.

En la fiscalía indicaron que es la primera vez que se declaran “secretos” documentos que se van a utilizar en una investigación penal. ¿Y qué podría pasar en caso el  juez decida denegar el pedido de la fiscalía? La respuesta fue que el caso no podría investigarse y se tendría que archivar.

Hasta ahora la fiscalía ha recabado información de manera preliminar en el Vraem y ha interrogado a los presuntos colaboradores fantasmas.

Esta no es la primera vez que el fiscal no puede acceder a la documentación, pues ya en la gestión del ex ministro de Defensa Jakke Valakivi hubo una negativa a entregar los papeles apelando también al secreto. 

—Se podría desclasificar—
El presidente de Transparencia Internacional y ex procurador ad hoc en el Caso Fujimori-Montesinos, José Ugaz, opinó que si existe un mandato legal que declara reservada una información, “eso no puede ser levantado por el gobierno porque incurriría en responsabilidad” y por esa razón se tiene que recurrir al Poder Judicial. 

No obstante, consideró que una opción es que se desclasifique la información y eso también tiene un procedimiento en el Poder Ejecutivo. “Todos los esfuerzos que se hagan para darles más transparencia a los temas militares son importantes porque al amparo de la reserva se ha venido cometiendo una serie de irregularidades [...] desclasificar esa información sería lo más prudente”, subrayó.

—Defensa responde—
Consultado sobre por qué no se facilita la documentación al Ministerio Público en aras de la transparencia, el ministro de Defensa, Mariano González, respondió que la documentación clasificada tiene protocolos para ser administrada y es un juez el llamado a ordenar que se disponga de la misma.

“Aun en aras de la transparencia no se puede hacer uso de esa información. Ya no está en mis fueros”, expresó en diálogo con este Diario.

González argumentó que “no se puede poner en riesgo la vida de los agentes ni de los colaboradores”.  Agregó que solo es posible mostrar información que no implique la seguridad de los agentes. “Nadie, ni siquiera un fiscal, puede obligarnos a transgredir la ley”, insistió.

Respecto a una posible desclasificación de documentos, mencionó que seguramente José Ugaz se refiere a otro tipo de documentación que no tiene que ver con la vida y la seguridad.

Ante la posibilidad de que el caso sea archivado por el Ministerio Público indicó que es el fiscal quien tiene la carga de la prueba y él tiene que demostrar  si hay alguna comisión de delito, y para eso tiene que recurrir al juez.

“No puede pretender que lo que no le entrega el juez se lo entregue el ministro de Defensa”, anotó. También informó que Inspectoría del sector Defensa investiga este caso y que el Comando Conjunto de las FF.AA. dispuso una reestructuración del manejo de los recursos en el Vraem.

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