Dos ministros del gabinete Ernesto Álvarez declararon que enfrentan casos penales

Esto fue consignado por los propios ministros en las declaraciones juradas presentadas antes de asumir el cargo, las cuales -por ley- son comunicadas al presidente del Consejo de Ministros y al presidente de la República antes de jurar el cargo.

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El Comercio revisó las declaraciones de los 19 integrantes del gabinete y encontró que dos de ellos declararon tener casos en trámite y desarrollaron detalles de estos: los ministro Wilder Sifuentes (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Óscar Fernández (Trabajo y Promoción del Empleo).

Este Diario consultó al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, si fue informado de estas investigaciones ante de proponer a ambos integrantes del gabinete y si les requirió alguna explicación sobre ellas. El titular de la PCM leyó el mensaje, pero -hasta el cierre de esta nota- no respondió.

Wilder Sifuentes es un abogado y exmilitante del partido Alianza para el Progreso, quien hasta antes de ser ministro lideraba la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN). En su declaración jurada previa a su juramento, consignó tener hasta cinco casos “en trámite”: uno por negociación incompatible (corrupción) del 2020, uno por defraudación del 2024, dos por formas agravadas de usurpación del 2024 y 2025, y una por contaminación ambiental del 2025.

También indicó que tuvo un caso de lavado de activos del 2009, el cual fue archivado. Los años se desprenden del número del expediente judicial o carpeta fiscal detallado en el documento.

De los casos reportados, el más grave es el de formas agravadas de usurpación, que conlleva penas de entre cinco y doce años de prisión.

A través del personal del Ministerio de Vivienda, El Comercio envió consultas a Sifuentes respecto a cuáles eran las imputaciones, los detalles del estado de cada caso y sus descargos frente a cada uno de ellos. No obstante, indicaron que “no habrá respuesta en esta oportunidad”.

En tanto, fuentes de este Diario detallaron que las investigaciones por presunta usurpación son llevadas por la fiscalía del Santa, en la región Áncash, y al menos una de ellas también está ligada al ilícito de falsedad en el reporte de los volúmenes de pesca capturados; mientras que la de defraudación estaría en una fiscalía de Barranca, en la región Lima.

El ministro también consignó haber tenido tres procesos administrativos por supuesto incumplimiento de funciones, los cuales se remontan al 2023 y que terminaron siendo archivados.

En el caso de Óscar Fernández, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, declaró tener un caso por el presunto delito de colusión simple “y otros”. Junto a ellos, consignó un número de expediente, del cual se desprende que el caso está judicializado desde el año 2020.

Las penas por el delito de colusión, un tipo de delito de corrupción, pueden ir desde los tres hasta los 15 años de prisión.

Fernández es un abogado por la Universidad San Martín de Porres y está afiliado al PPC. Como Ernesto Álvarez, pidió licencia a su militancia antes de jurar como ministro. Fue jefe del Instituto Peruano del Deportes (2016-2018) y estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación hasta antes de su llegada el gabinete.

Este diario también envió consultas al ministro de Trabajo a través de su personal de prensa respecto a cuál era la imputación en ese proceso judicial, cuál era su estado y cuál es su defensa. De la respuesta que dieron a este Diario, se desprende que el caso está vinculado a su gestión al frente del IPD.

Ante las preguntas sobre la investigación a Fernández, el MTPE se refirió a una licitación realizada en el 2017, durante su gestión en el IPD, para la compra de bicicletas de alta competencia y accesorios por S/ 2.5 millones. Agregaron que el proceso estuvo a cargo de un comité seleccionador, sin intervención de la presidencia del IPD.

El ministerio añadió que, en el 2018, Fernández anuló el contrato luego de que el órgano de control institucional detectó que la buena pro se realizó sin cumplir “requisitos esenciales”. Ello motivó “el inicio de las acciones correspondientes, a fin de determinar las responsabilidades en que pudieran haber incurrido los funcionarios y servidores del IPD, conjuntamente con los contratistas”.

Fuentes de El Comercio indicaron que el caso se tramita en una fiscalía anticorrupción de Lima y que incluso contaría con una acusación penal. Desde el MTPE no precisaron el estado procesal del caso.

En sus declaraciones juradas, otros tres ministros respondieron “sí” a la consulta respecto a si tenían o tuvieron investigaciones y procesos penales: Walter Martínez (Justicia), Luis Bravo (Energía y Minas) y Aldo Prieto (Transportes). Sin embargo, no precisaron si son casos en trámite o archivados ni dieron otros alcances, sino que comprometieron a entregar más adelante los detalles con un documento adjunto. Dependiendo de ello, el número de ministros con investigaciones podría aumentar.

Bravo, además, señaló que tuvo un proceso administrativo que terminó en amonestación, nuevamente sin entregar los detalles.

El propio Ernesto Álvarez también declaro tener una investigación archivada, comprometiéndose a “adjuntar” detalles de la misma más adelante.

Otros ministros que declararon haber tenido investigaciones o procesos ya archivados fueron Jorge Figueroa (Educación), César Díaz (Defensa), Denisse Miralles (Economía), Alfredo Luna (Cultura) y César Quispe (Producción).

Este último consignó hasta diez casos archivados, por delitos como lavado de activos, estafa, negociación incompatible, apropiación y omisión de funciones.

Sandra Gutiérrez, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, está entre los integrantes del gabinete que dijeron no tener o haber tenido investigaciones o procesos judiciales. Sin embargo, sus antecedentes revelan que tuvo dos sentencias consentidas dictadas por el Poder Judicial por no pagar montos de AFP, las cuales no aparecen consignadas en su declaración jurada.

La flamante titular del MIMP es una dedicada militante y dirigente de Somos Perú, donde es secretaria nacional de Organización y la principal figura del partido en el distrito limeño de Surquillo. Por es distrito, además, fue regidora municipal en cinco períodos consecutivos, entre el 2002 y 2018. La presidenta de la partido, Patricia Li, se refiere a ello como una de sus “guerreras somistas”.

En el 2022, ya como parte de Somos Perú, fue la candidata del partido para alcaldesa distrital. Sin embargo, quedó fuera de carrera por decisión de la justicia electoral: una resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de septiembre de ese año concluyó que tenía dos sentencias que no fueron declaradas en su hoja de vida como candidata, lo que motivó su exclusión.

La resolución que aborda el caso detalla que ambas sentencias fueron fruto de demandas presentadas por dos empresas de AFP en el 2015 y 2014, y que las demandas fueron declaradas fundadas por juzgados de Surquillo. Según verificó el JNE, ambas sentencias fueron declaradas consentidas.

El Comercio accedió a los expedientes y encontró que, en el primer caso, se ordenó a Gutiérrez pagar S/ 111 en septiembre del 2015 y la resolución se declaró consentida en enero del 2017. En el segundo caso, una sentencia declaró fundada la demanda en diciembre del 2014 y ordenó a la hoy ministra a pagar S/ 344. No hay registro de que la decisión haya sido apelada.

Para oponerse a la exclusión, desde Somos Perú alegaron que la hoy ministra no fue notificada correctamente sobre las sentencias. No obstante, ese argumento fue desestimado por el tribunal electoral, el cual confirmó la exclusión de su candidatura como alcaldesa de Surquillo.

Así, su declaración jurada como ministra, como hiciera su hoja de vida como candidata en el 2022, no hace mención a ninguna de esas sentencias o procesos.

El Comercio contactó a Gutiérrez para consultarle por qué no declaró esas sentencias en su declaración jurada para sumarse al gabinete. En su respuesta, a través de personal del Ministerio de la Mujer, la también dirigente de Somos Perú justificó la exclusión, alegando que sus sentencias “no son de naturaleza penal”.

“La declaración jurada que la señora Sandra Liz Gutierrez Cuba suscribió para asumir el cargo (...) solicitaba información sobre si ‘tengo o he tenido investigaciones fiscales y/o procesos judiciales notificadas en calidad de imputado o cómplice’”, respondieron. “Estos son términos que son utilizados exclusivamente en el ámbito penal”.

“Las sentencias referidas a pagos de AFP no son de naturaleza penal. Debido a ello, la información que la señora ministra consignó en la declaración jurada a la que hace referencia es exacta, en la medida que ella no tuvo ni tiene investigaciones fiscales y/o procesos judiciales de naturaleza penal notificadas en calidad de imputada o cómplice”.