José Jerí: Estos son los lineamientos claves que se esperan de su primer Gabinete Ministerial

La seguridad ciudadana exige acciones urgentes; el firme liderazgo del presidente de la República es clave para enfrentar el avance del crimen organizado y recuperar la paz en nuestras calles. 

Declarar en emergencia el sector interior permitirá agilizar las compras de equipamiento policial y romper la burocracia que retrasa la acción operativa. Un servicio policial voluntario, donde jóvenes y jubilados apoyen tareas administrativas, liberará a miles de efectivos que hoy están en oficinas para que se sumen a labores de patrullaje.

Es urgente fortalecer la inteligencia policial con más recursos y tecnología. Aumentar la pena por portar armas sin licencia y limitar a una sola las licencias; esto ayudará a frenar el uso ilegal de estas armas. 

Decretar el estado de emergencia requiere que se aplique inteligencia, con objetivos claros y acciones concretas de las fuerzas armadas. En los penales se debe bloquear toda llamada extorsiva y visitas a cabecillas criminales para cortar toda comunicación con sus organizaciones delincuenciales. 

Además, urge equipar a los serenos con armas no letales y crear una policía municipal para atender delitos menores; así, la Policía Nacional podrá concentrarse en el crimen organizado. La seguridad ciudadana necesita orden, firmeza y el liderazgo presidencial para fortalecerse.

Y otra vez, un cambio de presidente. Inestabilidad política y repetimos la historia. Una clase política enfocada nuevamente en intereses particulares y no en resolver los problemas del ciudadano. El Gabinete de transición debe enfocarse en tres prioridades.

Primero, la lucha contra la inseguridad ciudadana. El crimen organizado, las extorsiones, sostenido por las economías ilegales, requiere de medidas extraordinarias y firmes. En los noventa acabamos con el terrorismo de la mano de la policía y las fuerzas armadas. La clave: unión y convicción para luchar contra el verdadero enemigo de todos los peruanos. Esa es la ruta. No podemos perder el país.

Segundo conducir el cronograma proceso electoral con elecciones limpias, transparentes e informadas y tercero, estabilidad y orden para no frenar la inversión privada, el crecimiento y la generación de empleo. 

En el sector pesquero, continuidad para consolidar su recuperación. Se debe: i) no perder el dinamismo para el inicio de la segunda temporada de pesca de anchoveta hacia fines de octubre; ii) no retroceder en la lucha contra la pesca ilegal, iii) continuar ordenando la pesca artesanal, con regulaciones basadas en ciencia asegurando su sostenibilidad, iv) seguir fortaleciendo IMARPE y v) medidas para impulsar la pesca de atún.

El presidente José Jerí y su gabinete de ministros enfrentan desafíos urgentes y estructurales. La creciente ola de inseguridad está directamente vinculada con la expansión de las economías ilegales, fuente de violencia y crimen organizado que amenaza la vida de los peruanos y corrompe instituciones. Ante esta situación, es imprescindible tener políticas públicas claras con acciones firmes y sostenidas.

En este contexto, promover un debate ágil y técnico sobre la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (MAPE) es fundamental para formalizar a los pequeños mineros, dándoles acceso a condiciones laborales dignas y promoviendo desarrollo responsable. 

De lo contrario, solo se estaría buscando la justificación de extensiones del REINFO, regulación que ha fracasado y que con la que se pretende perpetuar la informalidad impunemente. Por eso, resulta de suma importancia de que el Gobierno de transición se mantenga firme en la decisión de que el REINFO se cierra definitivamente el 31 de diciembre de este año y que no será reemplazado por otro régimen de formalización que sirva de “protección” para los mineros ilegales. 

En cuanto a Petroperú, esperamos que el actual Gobierno realice el proceso de reestructuración y mejora de gobernanza que requiere, con mayor voluntad política y técnica.

El Perú vive días dolorosos y decisivos. Lo ocurrido el 15 de octubre evidenció el cansancio y la distancia entre el Estado y la ciudadanía, una herida que no cerrará mientras aún sigan impunes las muertes de más de 60 peruanos durante el gobierno de Dina Boluarte. Puno, Ayacucho y Cusco aún esperan justicia. Hoy, el presidente José Jerí, con un gobierno de transición, tiene un reto: iniciar una etapa que debe estar marcada por la verdad, la paz y la descentralización.

El Perú tiene tareas pendientes: recuperar la seguridad ciudadana, destrabar la inversión pública y fortalecer el desarrollo regional. La economía se sostiene gracias al trabajo de las regiones, donde está la verdadera riqueza y producción. Veinticuatro de los 25 gobiernos regionales mantienen su estabilidad, con niveles de ejecución de inversión que superan el 50%, y en algunos casos superando el 80%.

El gobierno central debe garantizar que los megaproyectos no se paralicen. Las regiones estamos listas para seguir trabajando con eficiencia y transparencia. Esta es la única oportunidad de concretar la descentralización pendiente, transfiriendo los OPD, competencias administrativas y económicas a las regiones para impulsar obras que mejoren la vida de los peruanos.

El llamado es claro: que este gobierno escuche a las regiones y sirva al país con transparencia y responsabilidad.