¿Reuniones personales o despacho paralelo? Piden investigar encuentros no registrados de Santiváñez

Este lunes, ante una consulta de El Comercio, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara (Acción Popular), dijo que su grupo citará al ministro para que responda por sus reuniones en El Cordano, hecho denunciado por los dominicales Panorama y Cuarto Poder. “Vamos a tener que que citar al señor Santiváñez sobre ese tema en particular”, dijo el legisldor.

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“En particular, todos tienen derecho a reunirse donde quieran; pero si se trata de un funcionario y es dentro del horario de trabajo, dentro del horario de funciones, obviamente tiene que rendir cuentas”, añadió

Sin embargo, cuando se le consultó para cuándo sería la citación, matizó su declaración e indicó que primero tendrá que proponerlo ante el grupo que preside. “Vamos a someterlo a la comisión [de Fiscalízación] y la comisión tiene que aprobarlo porque si fuera por voluntad del presidente, yo lo citaría sin ningún problema. Vamos a evaluarlo”.

Vergara dio estas declaraciones antes de que la Comisión de Fiscalización se reúna. En la sesión, no planteó ni sometió a votación una citación al ministro Santiváñez por ese tema. Sin embargo, el grupo sí aprobó citarlo, a pedido del congresista Roberto Sánchez, para que se presente junto a los ministros de Defensa e Interior para responder sobre la situación del estado de emergencia en Pataz.

Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular), vicepresidente de Fiscalízación, dijo a este Diario que las reuniones del ministro son “un tema muy delicado” por el que debe ser citado por la comisión. Además, aseguró que su bancada presentará esta semana una moción de censura en su contra, alegando que no debió haber sido nombrado por su censura previa como titular del sector Interior.

“Vamos a presentar, desde la bancada Bloque Democrático Popular, una moción de censura, porque no podemos permitir que un ministro censurado vuelva al cargo y, sobre todo, con acusaciones y con investigaciones de por medio. Lo que hemos visto en los dominicales este fin de semana es muy delicado. Y él tiene que saber dar cuenta dello, pero fuera del cargo

Zeballos añadió que las reuniones de todo funcionario deben ser transparentes y que “si no hay nada que esconder”, las reuniones no deben ser restaurantes u otros lugares que no corresponden. “Debe ser [investigado por la fiscalía], ya que es parte de lo relacionado al allanamiento del hermano [de la presidenta], dijo.

La legisladora Norma Yarrow (Renovación Popular), integrante del mismo grupo de trabajo, sostuvo que debe indagarse “cualquier reunión que tenga una persona que es pública, sobre todo con personas vinculadas a alguna investigación”. Sin embargo, cuestionó la parcialidad de la fiscalía para hacer pesquias sobre este hecho en particular.

“A mí me desespera cuando un ministro se victimiza. Ese el caso de Santiváñez, que dice que es un persegudio. Pero creo que acá el Congreso podría iniciar un proceso. Ahora, ¿qué tantos amigos también tiene Santibáñez en el Congreso, no? Es un tema un tanto complejo“.

Por su parte, desde Fuerza Popular, la legisladora Patricia Juárez evitó responder si apoyarían un pedido para que Juan José Santiváñez sea citado por el Congreso a responder por este tema. “Lo tenemos que discutir internamente porque son decisiones colectivas”, dijo.

“Creo que tendríamos que ahondar un poco en el tema y nosotros, como bancada, analizarlo también de manera conjunta. La Comisión de Fiscalización tiene la prerrogativa de traer ministros, de iniciar investigaciones, de convocar a aquellos funcionarios del Estado que considere, que requieren o merecen el inicio de una investigación”, agregó.

Álex Paredes (Somos Perú) sostuvo que el problema radica en que los encuentros se habrían realizado en horario laboral, lo que debe ser investigado por el Ministerio Público; mientras que Jorge Montoya (Honor y Democracia) afirmó que las reuniones deben ceñirse a lo que establece la ley y que todo apunta a que fueron en horario de trabajo.

Alejandro Cavero (Avanza País) comentó que “tomarse un café con alguien fuera de la oficina no es un delito ni tiene nada de malo, ni siquiera en horario laboral”, pero que “el señor tendrá que responder”, en particular si alguna de las personas con las que se reunió pueda resultas “sospechosa” o estar vinculada a un contrato con el Estado.

“El señor Santiváñez primero tiene que contestar y responder (...) Hay hechos e indicios de acciones cuestionables, poco éticas, poco transparentes que el señor tiene que explicar”, declaró. Agregó que la Comisión de Fiscalizacion sería el escenario ideal para ello y que él, personalmente, apoyaría la censura de Santiváñez debido a que nunca debió volver al gabinete.

Por ahora, Juan José Santiváñez solo ha respondido por estas reuniones durante una entrevista brindada este lunes en RPP. Allí dijo que, según le informaron, fue el fiscal Carlos Ordaya, a cargo de la investigación del ‘Caso Ícaro’, donde se le señala como “hombre clave” de una presunta red criminal en el Miniterio del Interior, quien pidió las imágenes de seguridad del Cordano, el restaurante tuvo esas reuniones.

“Yo dije que no tengo ningún inconveniente [con que entreguen las imágenes] porque las reuniones que yo he sostenido han sido absolutamente privadas y amicales”, afirmó. “Las personas con las cuales yo he sostenido reuniones ahí, eh, o me he tomado un café y que corresponden a mi ámbito personal, no podían ingresar a Palacio de Gobierno porque, justamente, son de ámbito personal”.

Según informó Cuarto Poder el último domingo, Juan José Santiváñez, sostuvo presuntas reuniones clandestinas mientras trabajó en la Oficina de Monitoreo Intergubernamental de Palacio de Gobierno (entre abril y agosto de este año). Habrían sido al menos seis encuentros extraoficiales con personas que no fueron registrados en el portal de Transparencia del Despacho Presidencial.

En una de ellas, el nuevo titular del Ministerio de Justicia le entregó un grupo de documentos a un hombre cuya identidad se desconoce. En otra participa Marco Palacios Meza, señalado por la fiscalía como uno de los operadores de una presunta organización criminal ligada a Santiváñez.

Palacios es socio fundador del estudio jurídico de Santiváñez Antúnez y uno de los hombres de mayor confianza, de acuerdo con un testigo protegido de ese caso. Además, lo visitó en su despacho en trece ocaciones, comenzando entre julio de 2024 y febrero pasdado. Las otras visitas, las no oficiales, fueron registradas hasta hace solo unas semanas por las cámaras de seguridad del mencionado restaurante.

Al respecto, en su entrevista de este lunes, Santiváñez sostuvo que no fueron reuniones clandestinas, sino amicales. Identificó a uno de sus visitantes como un amigo que vive en el extranjero y que estaba de paseo junto a su esposa por el Centro de Lima.

En otro momento, dijo que el hombre al que le entregó documentos era su abogado, a quien “le entrego las notificaciones que el Ministerio Público me ha hecho”. Consultado sobre por qué las reuniones no se hicieron en su despacho en Palacio de Gobierno, afirmó que él era “un funcionario encargado exclusivamente de brindar asesoría al Despacho Presidencial” y que a Palacio “no entra nadie que no forme parte de una agenda de trabajo”.

Lejos de dar más explicaciones, Santiváñez, cuyo cargo lo pone al centro de las coordinaciones del Ejecutivo con el Poder Judicial y el Ministerio Público, aprovechó su entrevista para arremeter nuevamente contra la fiscalia, que lo investiga a él y a personajes cercanos, como Marco Palacios. Según dijo, un sector de la institución “conforma una organización criminal, sumado a a un grupo a un grupillo de jueces que están absolutamente identificados”. Incluso vinculó a periodistas con la supuesta red.

Cuestionado por esa afirmación, no pudo especificar quiénes sería los miembros de esa supuesta organización. Solo dijo que todo empieza con los reportajes de los dominicales, las investigaciones de la fiscalía y los requerimientos ante el Poder Judicial. “Si tú te das cuenta, son los mismos periodistas, son los mismos fiscales, son los mismos jueces, es el mismo modus operandi”, alegó.

José Luis Gargurevich, director ejecutivo de ProÉtica, comentó a El Comercio que “los ciudadanos tienen que saber que los funcionarios no tienen reuniones secretas, ni en cafeterías o restaurantes” y que “ningún funcionario puede tener despachos paralelos”.

“Todo acto de gestión de intereses se hace en la sede institucional, debe estar programado y registrado en la Agenda Oficial, con transparencia pública. No es una buena acción que se espera de ellos, es un mandato de ley”, indicó. “La transparencia es un principio del Código de Ética de todos los servidores públicos, pero también la prohibición de mantener conflcito de intereses”.

Frente a ello, consideró que “las instituciones a cargo de la integridad y la transparencia pública deben levantar su voz”. “Hoy más que nunca se necesita independizar del poder político la Autoridad Nacional de Transparencia y fortalecer un Sistema de Integridad Pública”, indicó.

“También se debe abrir investigaciones penales por parte de la Fiscalía y evaluar sanciones que recomiende la contraloría, más allá de la responsabilidad política de resistirse a actuar con transparencia siendo Ministro de Estado”, agregó. “Los actos de opacidad de los altos funcionarios de Estado deben ser sancionados, políticamente, pero también a través de los órganos de control, si es que queremos recuperar el rol de la Contraloría”.

Para Jorge Vargas Sueldo, abogado penalista y exfiscal anticorrupción, los registros de estos video no necesariamente deben llevar a que se abra una nueva investigación fiscal, pero sí deben ser evaluadas dentro de las pesquisas del Eficcop en torno a presuntos actos de corrupción durante la gestión de Juan José Santiváñez en el Ministerior del Interior, conocido como ‘Caso Ícaro’.

“Lo veo más desde el punto ético. No es normal que un alto funcionario como este tenga este tipo de reuniones, porque para ello se le habilita un despacho, un lugar donde él pueda realizar las atenciones de cualquier ciudadano, alcalde o gobernador. Incluso para sus atenciones personales”, comentó.

En esa línea, agregó que la fiscalía que investiga el ‘Caso Ícaro’ tendría que citar como testigo al propio ministro (quien no está incluido por su antejuicio como ministro) sobre estas reuniones y realizar otras diligencias para identificar a las personas que aparecen en las imágenes. Esto, en particular, a partir de la presencia en las reuniones de Marco Palacios, uno de los incluidos en la indagación.

Gremios periodísticos exigieron que el Estado atienda la denuncia pública hecha por la periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación del dominical Panorama, sobre un presunto plan desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) para atentar contra su vida.

A través de un video publicado en su cuenta de X, Ramírez afirmó que dicho plan se activó por la investigación que realiza dicho programa sobre la mina “El Dorado”, donde también están involucrados altos mandos de la Policía Nacional (PNP) y es parte del ‘Caso Ícaro’, que involucra a Juan José Santiváñe. Por ello, pidió garantías para su vida o que se alerte sobre cualquier cosa que pudiera sucederle a su familia.

Consultado sobre el tema durante su entrevista en RPP, Santiváñez dijo inicialmente que Ramírez estaba “estresada”, aunque luego aseguró que la denuncia será investigada. En tanto, el Ministerio del Interio afirmó en un comunicado que desde allí “no se realizan ni se toleran actos al margen de la ley”.

Adriana León, directora de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), recordó que Ramírez lleva bastantes meses investigando a personajes vinculados al actual gobierno (Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte) y consideró que el comentario de Santiváñez respecto a que está “estresada” es despectivo y le resta importancia a una denuncia grave.

“Me parece que es obvio que lo pueden hacer, esto de hacerle reglaje a Karla Ramírez para luego aparentar que sea un atentado contra su vida, contra su seguridad, como si fuese acto delincuencial. Porque la situación está así, es es un momento perfecto para usar una ‘excusa’ como esa. Lo que se tiene que hacer es iniciar una investigación, pero ahí están los claroscuros de la Polícia, no sabemos realmente si confiar”, indicó.

Pese a ello, añadió “que tiene que haber una reacción desde el Estado” porque “por otro lado también hemos visto que hay buenos funcionarios hacen cumplir la ley y hacen las investigaciones. Si no, no hubiésemos visto los últimos allanamientos”. “La fiscalía, la prefectura [deberían] darle garantías, así se queden en el papel, pero ya. Lo mismo la Defensoría del Pueblo, que tendría que dar un pronunciamiento”.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), calificó de reprobable y sexista la primera reacción de Santivañez ante la denuncia y que recordó que es el Mecanismos de Defensores de Derechos Humanos, que debería activarse en casos de amenazas a periodistas, está adscrito a su cartera, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“¿Cómo vamos a pedir la activación de un mecanismo cuyo ministerio rector tiene un titular que, de una forma que es estigmatizante y sexista, prácticamente quiere reducir el tema de la amenaza a que está estresada? Esa es una declaración sexista y hay que rechazarla desde todo punto de vista”, dijo.

Añadió que es “gravísimo” pensar que desde el propio Mininter se pueda estar fraguando un ataque contra una periodista y consideró que las respuestas dadas son insuficientes: “Hay que recordarle al Estado que garantizar la seguridad de un periodista es una obligación, más sí se denuncia de que este ataque se estaría fraguando desde el estado, este debería ser el más preocupado (...) Demandamos que inmediatamente se dé una investigación sobre la denuncia y que se le den a Karla Ramírez las medidas de protección necesarias”.

Rodrigo Salazar, director ejecutivo de la Consejo de la Prensa Peruana (CPP), recordó que “utilizar una institución del Estado o de Inteligencia o cualquier es algo que ya se ha hecho previamente en el Perú contra periodistas”, como parte de estrategias o planes para silenciarlos u hostigarlos.

“Dentro de la supuesta idea que algunos analistas mencionan de que el Perú está regresando a los años noventa, no sería del todo descabellado que se vuelva a aplicar un plan como los que hubo. Sin embargo, habría que ver la evidencia primero, por supuesto, para ver cómo surge este supuesto hecho de un ‘robo violento’, como lo mencionó Karla. Habría que ser muy cuidadosos con esto”, dijo.

Por ello, dijo que la respuesta del Estado debe ser de investigar la denuncia sobre la base de las evidencias que pueda proporcionar la periodista, sin que esta revele a su fuente, y tomarlo “con todas las precauciones del caso”. “Hay que tomarlo con mucha preocupación, porque ya han matado a dos periodistas, hubo amenazas a otro. Hay que estar bastante bastante atentos al tema”, advirtió.

“Hemos tenido ya hace dos días el caso Manuel Calloquispe, que es un caso gravísimo, de atentado contra su vida. Ahí el Estado respondió, luego de que la ANP, el IPYS y el CPP emitieron un pronunciamiento exigiendo garantías. Esa debería ser una respuesta automática del Estado cuando se vulnera la seguridad de un periodista”, detalló.