Santiváñez y el “El Diablo”: el origen del caso y las claves de los audios que ponen en jaque al ministro del Justicia (y al Gabinete)

La difusión de un conjunto de audios -entre ellos uno atribuido al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez- ha generado una nueva crisis para el gobierno de Dina Boluarte.

En la grabación, revelada por “Panorama”, se escucharía al censurado ex titular del Interior interceder para que “El Diablo”, un policía sentenciado por sus nexos con la red criminal Los Injertos de K y K, sea trasladado a otro pabellón del penal del Trujillo.

A continuación, las claves para entender la investigación por presunto tráfico de influencias en contra de Santiváñez.

1. El origen: detención y sentencia de “El Diablo”

Desde que juró como ministro del Interior, Santiváñez tuvo serios cuestionamientos por su pasado como abogado de policías con problemas judiciales.

“¿He defendido a algún efectivo policial involucrado en un acto de corrupción con organizaciones criminales? A ninguno para que usted sepa”, respondió a la prensa en enero último, tras el atentado con dinamita de la sede de la fiscalía en Trujillo (La Libertad).

No obstante, a inicios de marzo, el dominical “Panorama” reveló que Santiváñez fue abogado de dos suboficiales de la Policía Nacional sentenciados por integrar la organización criminal Los Injertos de K y K, brazo de Los Pulpos. Ellos son Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo” y Eber Juárez Moya, alias “Juárez”.

La madrugada del 18 de agosto de 2016, la Policía Nacional y el Ministerio Público intervinieron a los sicarios, traficantes de terrenos y extorsionares de la referida red criminal.

Se allanaron tres penales en Trujillo y Lima. Y se detuvo a 22 personas, entre ellas a “El Diablo” y “Juárez”. Ambos, de acuerdo a las investigaciones, habían sido colaboradores de Los Injertos de K y K.

El 16 de julio de 2021, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó la sentencia en contra de Marcelo Salirrosas a 27 años y siete meses de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada, a raíz de sus nexos con el brazo de Los Pulpos. “Juárez” también fue condenado a la misma pena.

Tras este revés judicial, “El Diablo” contactó con Santiváñez para que lo patrocinara y este presentó una casación ante la Corte Suprema de Justicia para dejar sin efecto la sentencia en contra de su nuevo cliente. No obstante, este fue declarado inadmisible el 17 de agosto de 2021.

El 17 de mayo de 2022, el hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos aparece nuevamente como abogado de ambos policías sentenciados. Interpuso ante el Tribunal Constitucional dos demandas de hábeas corpus en contra de los magistrados de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. ¿La finalidad? Que se deje sin efecto las condenas en contra de sus patrocinados.

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de “Juárez” y le ordenó a la sala emitir un nuevo pronunciamiento, pero rechazó el recurso a favor de “El Diablo”. La decisión fue adoptada el 16 de febrero de 2024 (pero se publicó en el portal del TC el 7 de marzo).

El 19 de febrero, Santiváñez ingresó al Mininter como jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección.

2. El depósito de los US$20 mil

El testigo protegido N°02-2025- de acuerdo a la lectura que hizo el Ministerio Público en la audiencia, en la que se evaluó el impedimento de salida del país para el censurado exministro del Interior -investigado por presunto tráfico de influencias- refirió que entre el 18 y 19 de enero de 2024 le depositó a Santiváñez, en tres armadas, un total de US$20 mil, con el objetivo de que busque ejercer influencias en el TC y lograr la liberación de Marcelo Salirrosas.

El 8 de enero del referido año, Santiváñez se comunicó con familiares del policía sentenciado para recordarles que le debían S/20 mil soles de sus honorarios (habían acordado un pago por US$10 mil) y que, adicionalmente, requería de US$20 mil para los “asesores externos”.

Los testigos protegidos N°01-2025 y N°02-2025 “precisaron que estos supuestos pagos en realidad eran para los magistrados del Tribunal Constitucional que resolverían la demanda de agravio constitucional” de “El Diablo”, de acuerdo a la resolución de la Corte Suprema que dictó impedimento de salida del país al titular de Justicia y DD.HH. en junio último.

El 26 de febrero de 2024, cuando Santiváñez ya era jefe de Gabinete de Asesores del Mininter, le comunicó a la familia de “El Diablo” que el ponente del caso- el magistrado del TC Helder Domínguez Haro- había decido votar en contra de su pretensión. Pero remarcó que “ya tenía coordinada una estrategia para revertir el resultado con un pedido de aclaración y que el ‘acuerdo’ seguía en pie”.

Y tras la publicación de la resolución en la página web del TC, el entonces asesor ministerial culpó a Domínguez Haro por el nuevo revés e hizo referencia a que su otro cliente, “Juárez”, sí había logrado la nulidad de su sentencia. El Ministerio Público remarcó que el investigado tenía conocimiento de la resolución, cuando esta recién fue publicada el 7 de mayo de ese año.

La aclaración presentada a favor de Marcelo Salirrosas fue declarada improcedente el 31 de mayo.

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3. “Tenemos a dos magistrados del TC”

Entre el 18 de abril y 16 de mayo de 2024, Santiváñez fue viceministro de Orden Interno del Mininter. En ese lapso de tiempo- según informó “Cuarto Poder”-se dieron más comunicaciones con la familia de “El Diablo”, que ya comenzaba a reclamarle por resultados, tras el pago de US$20 mil dólares que le hicieron meses atrás.

“Señito, cómo está, discúlpeme, señito. Hoy día va a ser imposible poder conversar. Hay tres policías secuestrados en la comunidad de Wampí, en la selva, y estoy liderando la comisión de alto nivel y estoy camino ahorita a Bagua, el helicóptero ha hecho un stop, yo le agradecería que, por favor, mañana en la noche conversemos, por favor”, refirió Santiváñez a su interlocutor en un mensaje de voz.

Esta grabación sería del 23 de abril de 2024, cuando la Comunidad Wampís retuvo a tres agentes de la PNP.

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En otro audio, Santiváñez calificó como “un anti policía” a Domínguez Haro, el ponente del TC que no le dio la razón en su hábeas corpus.

Y, además, dijo que “tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando”. “Por ejemplo, el doctor, el doctor Ticse que dice que no puede ser tantos años y en todo caso debería revaluarse el tema de la sentencia. Entonces, nos estamos jugando todo, señito, nos estamos jugando todo”, manifestó.

En su cuenta en Facebook, Gutiérrez Ticse se pronunció sobre el tema el 12 de setiembres, antes de saberse que era mencionado en los audios. Negó cualquier conexión entre el caso y las decisiones del TC.

4. La llamada a Arana

El programa “Panorama” dio a conocer, el último domingo, una llamada del 9 de setiembre de 2024, atribuida a Santiváñez, entonces titular del Interior, en la que le pediría a Eduardo Arana, entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos y hoy jefe del Gabinete Ministerial, interceder a favor de Salirrosas para que sea cambiado de pabellón en el penal El Milagro, de Trujillo.

En respuesta, la voz atribuida a Arana refirió: “ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”.

Según ese audio, el hoy ministro de Justicia y DD.HH. le dice a su interlocutor que todas las coordinaciones ya habían sido realizadas con el entonces presidente del INPE.

A continuación, la transcripción del audio:

Ministro Arana: Juan José.

Ministro Santiváñez: Hermano, oye escúchame, nomás, escúchame. No te quiero molestar, rapidísimo nomás. Lo que pasa es que han venido al Ministerio de la familia de los policías, ¿ya?... Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas el que está en Trujillo.

Ministro Arana: Ya

Ministro Santiváñez: Todavía no lo cambian hermano, sigue todavía ahí.

Ministro Arana: Ya. Lo veo ahorita. Lo veo ahorita.

Ministro Santiváñez: Por favor

5. ¿Cuánto complica las grabaciones a Santiváñez?

El ex procurador José Ugaz consideró que un funcionario de alto nivel no puede hacer gestiones particulares de defensa de un cliente que tuvo antes de ingresar al Estado. “La defensa por sí misma es incompatible [con el cargo de asesor, viceministro o ministro]. Seguir haciendo gestiones para apoyar a quien fue tu patrocinado con otros funcionarios es tráfico de influencias”, explicó.

En comunicación con El Comercio, Ugaz también dijo que si Arana aceptó realizar el favor solicitado por Santiváñez también constituye un tráfico de influencias agravado, que está sancionado con hasta ocho años de cárcel.

“[Estos audios] son simplemente la confirmación de una actitud sistemática de Santiváñez, que se hizo conocido antes de que la presidenta se le ocurriera nombrarlo como ministros, por ser el abogado de policías o ex policías vinculados a la corrupción y al crimen organizado, ya ese solo hecho debió impedir esa designación. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte lo hizo”, remarcó.

El ex abogado del Estado refirió que en el caso de Santiváñez, el presunto tráfico de influencias “se consuma con la sola llamada” a pedirle a un ministro de Estado el cambio de un reo a otro pabellón.

Además, refirió que el actual ministro de Justicia también podría ser investigado por cohecho, si se confirma que recibió US$20 ml para gestionar pagos a magistrados del TC a cambio de que fallaran a favor de “El Diablo”.

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A su turno, Karla Cárdenas, abogada penalista del Estudio Linares, dijo que se estaría frente a una figura de presunto tráfico de influencias y cohecho por parte de Santiváñez.

“Santiváñez ya es investigado por este hecho, y tiene un impedimento de salida del país. La fiscalía lo que debe hacer ahora, a partir de estos elementos y de que hay testigos protegidos, acreditar que hubo un tráfico de influencias. Y determinar si el dinero [entregado] fue utilizado para interceder en una demanda. Este tipo de conductas no pueden quedar impunes”, expresó a este Diario.

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El ex viceministro de Justicia Gilmar Andía también refirió que los audios entre Santiváñez y Arana pueden configurar un presunto tráfico de influencias. Y si el hoy primer ministro accedió al pedido del censurado exministro del Interior, esté podría ser investigado por omisión de funciones, de manera complementaria.

Andía advirtió que lo más probable es que el titular de Justicia y Derechos Humanos “vaya a realizar una defensa bastante agresiva” y que busque “invalidar los audios”.

“Su abogado ya ha salido a decir que los audios deben pasar por un peritaje. La defensa que tendrá será muy agresiva. Pero si se logra corroborar las grabaciones, su caso se complica bastante. Y se debe verificar si la persona [“El Diablo”] fue trasladada o no”, dijo a diálogo con El Comercio.

Andía explicó que el pago de US$20 mil que recibió Santiváñez por parte de la familia de Marcelo Salirrosas tiene más relación con un presunto cohecho “hacia los magistrados del Tribunal Constitucional”.

“Santiváñez es una persona con mucho poder que no le hace bien a la gobernabilidad del país y ahora estando Arana involucrado, sí debe haber una renovación de todo el Gabinete. No puede seguir un ministro tan cuestionado como Santiváñez, que afronta una serie de investigaciones”, acotó.

En una entrevista en el podcast “Eso háblalo”, ofrecida la noche del domingo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos reconoció que se reunió con la esposa de Marcelo Salirrosas, cuando estaba al frente del sector Interior. Pero remarcó que también lo hizo con la familia de otros policías procesados.

Santiváñez dijo que la señora le contó que su esposo estaba en el pabellón 15 del penal El Milagro, en Trujillo, “que él había detenido” y por esa razón, “pedía que fuera trasladado” a otro sector. “¿Eso es ilegal? Eso en absoluto es ilegal […] Mi estudio patrocinaba este caso desde el año 2021 o 2022″, agregó.

Desde el Parlamento, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) ha comenzado a reunir firmas para presentar una moción de censura en contra de Arana, tras la difusión de su audio con Santiváñez.

La parlamentaria afirmó que un primer ministro que “ha violado” sus deberes de probidad, no merece seguir en el cargo. Agregó que Arana y Santiváñez “han buscado favorecer a un delincuente”, en referencia a “El Diablo”, policía sentenciado a 27 años y siete meses de prisión por colaborador con la red criminal Los Injertos de K y K.

Al cierre de esta nota, ni la presidenta ni el jefe del Gabinete Ministerial se han pronunciado sobre este nuevo escándalo que remece al Ejecutivo.

El ministro de Salud, César Vásquez, en cambio, negó que las grabaciones hayan generado inestabilidad en el gobierno. “Estamos trabajando firmes, más unidos que nunca, estamos acostumbrados. Si cada denuncia implicaría una renuncia, nos quedaríamos sin funcionarios. La presidenta confía y defiende a todos sus ministros”, manifestó.

Por su parte, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, dijo que el Gabinete Ministerial “está sólido” y que seguirá trabajando “con miras al desarrollo del país”.

Castro sostuvo que estos audios deben ser tomados “con mucha cautela y responsabilidad”. “Nosotros creemos en la presunción de inocencia del ministro (Santiváñez)”, finalizó.

Desde agosto de 2021, Santiváñez es abogado de Marcelo Salirrosas y la hipótesis fiscal apunta que lo siguió siendo en la sombra, cuando asumió altos cargos en el Mininter.

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Más información

Según informó “Cuarto Poder”, el viernes 12 de setiembre, Santiváñez fue el gran ausente en la diligencia de toma de voz, que tuvo lugar en la Oficina de Peritajes del Ministerio Público.