
El canciller Elmer Schialer- tras haber retornado al país luego de viajar a Estados Unidos, donde tuvo una reunión con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- dejó abierta la posibilidad de que el exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini sea nombrado como embajador del Perú en el Vaticano. Esto a pesar de la investigación que afronta por presunta obstrucción a la justicia y negociación incompatible en el marco de la red de corrupción que se instaló en Qali Warma.
“En realidad, esta es una potestad del gobierno, específicamente de la presidenta de la República, de nombrar a agentes diplomáticos en el extranjero [...] Yo no veo ningún impedimento legal para que el señor Demartini pueda ser nombrado embajador del Perú ante la Santa Sede. Esto es algo que lo veremos con la presidenta por los canales legales”, manifestó.
Schialer minimizó las pesquisas que enfrenta el ex titular del Midis e indicó que una posible función como embajador “no tiene nada que ver con lo otro”.
“Yo creo que lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Nosotros podemos construir toda una concepción política sobre este tipo de situaciones, lo que a mí me interesa e importa es que la representación del Perú en el extranjero y, particularmente, en la Santa Sede sea impecable”, expresó en declaraciones a RPP Noticias.
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El ministro de Relaciones Exteriores también calificó de “presunciones” las denuncias en contra de Demartini e indicó que “no está señalado internacionalmente”. Incluso, refirió que el ex titular del MIDIS “es muy competente”.
El último sábado, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, no descartó el eventual nombramiento del exministro de Desarrollo e Inclusión Social como embajador del Perú en el Vaticano.
“No lo descarto. Al contrario, si me preguntan a mí, lo veo con gran simpatía [...] La presidenta constitucionalmente es quien dirige nuestras relaciones internacionales y el canciller es quien ejecuta. Si así ha sido tomada la decisión, en lo personal, esto tiene que pasar al Consejo de ministros, no pondría ninguna observación personal. Al contrario, daría mi voto a favor de que la designación se produzca”, expresó en la misma radio.
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“Sería un error”
Al respecto, el excanciller Luis Gonzales Posada explicó que la presidenta Dina Boluarte, por norma, puede nombrar hasta un 20% de embajadores políticos. Es decir, entre 12 y 14 representantes.
“Es una atribución de la presidenta, la cancillería lo que hace es ejecutar una orden. [Un nombramiento] de Demartini sería un error, porque es una persona investigada y cuestionada por lo ocurrido en Qali Warma. No digo que sea el responsable de un delito, pero sí de la inoperatividad de un sistema que generó la compra de alimentos malogrados”, remarcó.

En diálogo con El Comercio, Gonzales Posada, quien también ha sido presidente del Congreso, sostuvo que la embajada del Perú en el Vaticano “es una plaza muy sensible”.
“[Si se concreta este nombramiento] se va a prestar a innecesarias especulaciones, cuando el piso está movido en el Perú, hay que hacer el menor movimiento posible para evitar mayores turbulencias [...] Nombrar a Demartini a una embajada, como la del Vaticano, es una provocación”, finalizó el aprista.
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El exembajador del Perú en Estados Unidos Carlos Pareja señaló que el gobierno, por el momento, no tiene ningún impedimento legal para nombrar a Demartini, pero subrayó que desde el punto de vista político debe buscar a las personas más idóneas para las embajadas.
“Desde el punto de vista político, el gobierno debe tener el criterio para nombrar a las personas idóneas a una embajada como la del Vaticano, lo recomendable es que se designe a una persona con capacidad intelectual, profesional y moral. De fe católica y que tenga una trayectoria política limpia”, indicó.
En declaraciones a este Diario, Pareja dijo que Demartini “no es la persona más idónea” para ocupar una embajada, “mientras no se esclarezca si tuvo o no participación” en la presunta red de corrupción que operó en Qali Warma.
Impedimento de salida del país
La abogada penalista Romy Chang refirió que la Fiscalía de la Nación, que investiga a Demartini por presunta obstrucción a la justicia y negociación incompatible en el marco del Caso Qali Warma, tiene los elementos suficientes para solicitar que el Poder Judicial dicte una orden de impedimento de salida del país en contra del exministro de Desarrollo e Inclusión Social.
“El problema es que eventualmente no podría regresar [si se confirma su nombramiento en el Vaticano], sería saludable que el Ministerio Público evalúe las herramientas que tiene para que el proceso llegue a su fin, más aún con esta noticia”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Chang sostuvo que en la actualidad Demartini no tiene ningún impedimento jurídico para asumir un cargo en el extranjero.
“Lo cierto es que a veces no es necesario que exista un impedimento jurídico, sino éticos y morales. Este nombramiento depende de la presidenta y del canciller, echar más leña al fuego no es sano”, indicó.
Chang advirtió que una designación del ex titular del Midis como embajador sería una especie de protección en la práctica, porque le va a permitir salir del Perú “con el aval del gobierno y de la presidenta” y “eso va a dificultar la investigación de la fiscalía”. “Él no va a poder ser citado para dar declaraciones aquí, podría eludir la acción de la justicia y estamos hablando de un tema delicado, donde se ha mencionado que la señora Boluarte podría tener algunos intereses”, complementó.
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La letrada dijo, además, que enviar a la Santa Sede a una persona investigada por hechos vinculados a una presunta corrupción en un proyecto social “tampoco sería bien visto por quienes lo reciban”.
Una postura similar tuvo la abogada penalista Liliana Calderón, quien refirió que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tiene los elementos suficientes para pedir el impedimento de salida del país en contra de Demartini. Agregó que las declaraciones del canciller Schialer y del primer ministro Adrianzén pueden ser sumadas como un elemento adicional.
En comunicación con El Comercio, Calderón explicó que, si el ex titular del Midis es designado a un cargo en el extranjero, el Ministerio Público no podrá esclarecer adecuadamente lo que ha venido ocurriendo en Qali Warma.
“Cualquier funcionario público investigado debe quedarse, dar la cara y brindar las explicaciones del caso. El hecho de que se vaya como embajador fuera del país no es una señal de transparencia, sino todo lo contrario, es un caso tan sensible, donde los perjudicados son niños y personas vulnerables de las zonas más pobres del Perú”, subrayó.
Calderón, además, dijo que no existen garantías de que Demartini vaya a volver al país, en caso se confirme su nombramiento.
“Esto sería una afrenta a lo que viene ocurriendo, [desde el gobierno] le estarían diciendo a los ciudadanos ‘no me importa lo que ha ocurrido [en Qali Warma]’”, acotó.
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Más información
A inicios de enero, la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias por 90 días, como parte de la investigación preliminar, a Demartini.
Al exministro de Desarrollo e Inclusión Social se le imputa el presunto delito de obstrucción a la justicia, porque habría buscado hablar con la colaboradora eficaz N°02-2024-522-F respecto al Caso Qali Warma para evitar que salga a la prensa.
Además, se le sindica por el presunto delito de negociación incompatible, porque se habría interesado en favorecer indebidamente a la empresa Gambrinos en el programa Qali Warma.
Hace unos días, cuando El Comercio le consultó sobre la posibilidad de ser nombrado embajador, Demartini respondió que “como lo he hecho en estos más de 20 años siempre estaré a la orden si soy convocado para servir a mi patria”.