Fuentes relacionadas a Torre Tagle indicaron que en Palacio de Gobierno aún no han tomado la decisión y que, por el momento, están revisando dónde hay vacantes.
Otras fuentes de este Diario señalaron que la mandataria ya habría firmado la resolución que nombra a Demartini como nuevo embajador del Perú en el Vaticano y que solamente están a la espera de que la Santa Sede dé su beneplácito para publicar la resolución. Un tema similar ocurrió cuando en julio del año pasado designaron al expresidente del Congreso Luis Iberico como embajador peruano en España.
La resolución del apepista estaba lista desde mediado de junio, pero recién se hizo pública cuando recibió el visto bueno de Madrid.
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El último 5 de febrero- a través de la resolución N°022-2025-RE, firmada por Boluarte y el canciller Elmer Schialer Salcedo- el Ejecutivo nombró a Luis Chuquihuara, embajador en situación de retiro, como representante permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, en Suiza.
En el mismo dispositivo legal, el gobierno autoriza que el Ministerio de Relaciones Exteriores emita las cartas credenciales y las partidas presupuestales correspondientes para que Chuquihuara cumpla sus funciones.
Desde enero de 2024, el referido embajador en retiro ocupa el puesto de embajador del Perú en el Vaticano.
De concretarse la salida del embajador en retiro de la Santa Sede, esta plaza quedaría libre para que Demartini u otra persona la ocupe.
La cuenta de X de la embajada del Perú en el Vaticano, que se mantenía inactiva desde el 31 de enero, informó este miércoles a través de siete tutis de las actividades de Chuquihuara. Una de ellas fue la conferencia “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Heraldo de la Independencia de América Latina (1748- 1798)” y un posterior brindis con pisco en el local de la Curia General de la Compañía de Jesús.
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Al ser consultado sobre la posibilidad de ser nombrado embajador, Demartini respondió que “como lo he hecho en estos más de 20 años siempre estaré a la orden si soy convocado para servir a mi patria”. El investigado por presunta obstrucción a la justicia en el marco de la red de corrupción de Qali Warma evitó señalar si la presidenta Boluarte le ha propuesto o no ser designado a un cargo en el extranjero.
En breve comunicación con El Comercio, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social indicó que está “terminando la transferencia” de gestión en la referida cartera.
“En estos dos años hemos avanzado con una serie de reformas y políticas, que es importante que la ministra Leslie Urteaga esté debidamente informada para que pueda tomar las acciones correspondientes de acuerdo con su mirada y gestión”, complementó.
Fuentes de El Comercio indicaron que el gobierno también baraja la opción de nombrar a Demartini como asesor de la presidenta Boluarte.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Juan Burgos (Podemos Perú), consideró que el papa Francisco “no debería aceptar a Demartini como embajador”, porque enfrenta un proceso penal “y estaría implicado en la intoxicación de niños con alimentos adulterados” en el programa Qali Warma.
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El exprocurador José Ugaz dijo que si se concreta el nombramiento de Demartini como embajador en el Vaticano u otro país sería “un despropósito”, porque el ex titular del Midis “aparece vinculado a actos de corrupción que han perjudicado a los niños más vulnerables del país” por medio de la manipulación del programa Qali Warma.
“Esta persona no puede representar al Perú en ningún lado, menos en el Vaticano, si la presidenta Boluarte tiene la osadía de proponerlo que el Vaticano lo rechace. Confío en que el papa Francisco, quien está atento a los hechos del Perú por el Caso Sodalicio, sea informado sobre lo ocurrido en Qali Warma y objete. El Perú pasará la vergüenza de tener que designar a otro candidato”, manifestó.
En comunicación con El Comercio, Ugaz refirió que la Fiscalía de la Nación, que investiga preliminarmente al exministro, puede solicitar el impedimento de salida del país en contra de este.
“Las investigaciones que se realizan en el Perú requieren de la presencia de los investigados en el país, si bien la persona que está afuera puede declarar de manera virtual, no es lo mismo que sea frente al fiscal”, remarcó.
El ex abogado del Estado advirtió que si la presidenta envía a Demartini a un cargo en el extranjero “estaría buscando proteger a una persona cercana a ella y que está vinculado a presuntos actos de corrupción”.
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El analista político Enrique Castillo indicó que si el gobierno concreta el nombramiento del exministro como embajador en el Vaticano u otro país estaría enviando un mensaje, en el sentido de que su salida del Gabinete no significó una ruptura con Boluarte Zegarra y que esta le estaría renovando la confianza.
“Definitivamente, sería un acto de blindaje, con Alberto Otárola [ex primer ministro] no hubo nombramiento y después vino la pelea. En el caso de Demartini, de existir la designación, se estaría dando la ratificación de la confianza. Esto no va a perjudicar más la aprobación de la presidenta, pero sigue acumulando temas por los que puede ser denunciada cuando salga del poder”, expresó.
En comunicación con El Comercio, Castillo refirió que un eventual nombramiento en el exterior del ex titular del Midis implica que este marque distancia de la investigación que afronta.
“El alejamiento sería una protección, eso ayudaría a Demartini y a la vez al gobierno, porque dificultaría que el exministro brinde su testimonio al Ministerio Público y que responda ante los medios de comunicación”, agregó.
A inicios de enero último, el gobierno de Boluarte designó a la suboficial PNP Ruth Ligarda Castro- conocida como “La sombra” de la mandataria y una de las principales testigos del Caso “El Cofre”-como “personal auxiliar de la Agregaduría Policial” en la embajada del Perú en España, que es conducida por el apepista Iberico.
En mayo del 2024, la ex ministra Jennifer Lizetti Contreras Álvarez (Desarrollo Agrario y Riego) asumió como agregada agrícola en la embajada de Perú en Italia.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazaron que Juan Peña, abogado de Demartini, haya denunciado a los periodistas Pedro Tenorio y Christopher Acosta, de Latina Noticias, bajo el argumento de que revelaron la identidad de una testigo del Caso Qali Warma.
IPYS, a través de un comunicado, señaló que observa con preocupación que se usen recursos del Estado “para demandar periodistas dedicados a investigar el poder político y rechaza cualquier tipo de amedrentamiento contra la prensa por el hecho de hacer su trabajo”.
La ANP, por su lado, consideró que la demanda en contra de los hombres de prensa constituye “un acto que pretende amedrentar a quienes han destapado información de relevancia pública que involucra a altos funcionarios del Estado”.
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