Lucha contra el crimen organizado: ¿Cómo debe cambiar la estrategia del gobierno para el 2025? | ANÁLISIS

La lucha contra la delincuencia exige para este 2025 algo más que medidas reactivas. Necesitamos una visión articulada que nos impulse hacia un cambio real y sostenible.

El gobierno debe entender la problemática. El Comercio reveló que, mientras se redujeron las denuncias por robo respecto a 2023, las denuncias por extorsión alcanzaron un pico mayor a los 18.000, de lo que se colige que estamos ante una delincuencia más organizada y violenta.

La inversión debe ser inteligente. No podemos, como en este 2024, distribuir fondos a municipalidades, a pocas semanas de culminar el año, para adquirir elementos de los cuales ya disponen como bastones, gas pimienta, entre otros. La inversión debería destinarse a dos puntos en concreto: Primero, modernizar a la Policía con mayor equipamiento y capacitación, y con una mejor remuneración; y, a su vez, dotar de recursos logísticos a las comisarías, impulsando el ascenso de más oficiales para el patrullaje. Segundo, se debe garantizar justicia poniendo todos los recursos en las unidades de flagrancia. En San Martín de Porres se inauguró una unidad gracias a un local que cedimos al Poder Judicial; y, solo en la primera semana, se lograron más de 30 sentencias.

Un Perú seguro no es un sueño lejano, es el resultado del esfuerzo articulado, guiado por la certeza de que juntos podemos lograrlo, siempre que exista un plan integral. 

Iniciamos el 2025 con una delincuencia en constante expansión, sofisticada tecnológicamente, vinculada a múltiples economías criminales, más violenta y con mayores vínculos trasnacionales. Iniciamos con una delincuencia que aprovecha los vacíos del Estado, las carencias de la policía, un Congreso cómplice, crisis institucionales, la transversalidad de la corrupción, la falta de penales y el descontrol de los existentes.

Requerimos, este 2025, un Ejecutivo consentido de urgencia, metas claras de cumplimiento, fiscalización de la prensa y la sociedad civil, mayor participación privada, inversión en tecnología, acopio de información con bases de datos pues sin información no hay inteligencia. Inversión en investigación criminal y en criminalística, mayor capacitación técnica de la policía, cuerpos policiales con estructura transversal, sistémica e integral del delito, mejor coordinación e intercambio de información en tiempo real con la policía de otros países.

Hay problemas estructurales que no podrán resolverse en el corto plazo. Enfrentamos el 2025 un escenario electoral, con el alto riesgo de propuestas populistas sin la racionalidad técnica que se requiere para enfrentar la inseguridad. Por ello, o el actual gobierno actúa con responsabilidad los meses que quedan, o corremos el riesgo de una metástasis nacional desde el tumor de la inseguridad.

El crimen organizado es el principal problema del país. Enfrentamos actores con vastos recursos y una alarmante y cada vez notoria capacidad de incidencia sociopolítica. Este desafío exige ajustar la estrategia en dos dimensiones.

Primero, el combate al crimen organizado debe mirarse en una escala global. La cocaína y el oro que se producen en la Amazonía peruana recorren rutas internacionales hacia Europa, Estados Unidos o Asia. Para que ello ocurra las redes criminales regionales colaboran y compiten con actores locales, consolidando cadenas de suministro globales. Es urgente fortalecer la cooperación regional. Mecanismos como el Plan de Acción Resolutivo (PAR) de la Comunidad Andina son un excelente escenario para ello.

Esto requiere, en segunda instancia, tener capacidad de acción a nivel nacional. Sin ello no es factible pensar en esfuerzos coordinados internacionales. Sabemos que hemos perdido herramientas legales importantes estos últimos meses. Ello hace aun mas urgente -aunque también difícil- la coordinación entre niveles de gobierno y los operadores de seguridad y justicia.

Urge entender que el peligro de fondo no es solo la violencia, sino las barreras al desarrollo y un terreno fértil para propuestas poco democráticas que prometen -con escasos visos de viabilidad- soluciones mágicas a estos problemas. 

Entramos a un nuevo año y la realidad nos golpea directamente como sociedad. La inseguridad ciudadana no cesa y, por el contrario, es una problemática que nos desborda. Es una realidad que no debemos dejar pasar por alto. 

Es evidente que las acciones emprendidas desde el Gobierno Central no han dado los resultados esperados. La delincuencia avanza y las medidas que se han puesto en marcha no han logrado reducir ni las cifras ni mucho menos la percepción de inseguridad que viven los ciudadanos. 

Y quizás no haya sido una falta de voluntad política, que considero existe de alguna manera, porque sería ilógico pensar que ante esta realidad no se tome la inseguridad ciudadana como un tema prioritario. He sostenido en reiteradas oportunidades que la Policía Nacional del Perú debe ser fortalecida integralmente como institución, para que pueda cumplir adecuadamente con sus objetivos trazados en la lucha contra la delincuencia. Sin ello, cómo podemos exigirle a nuestra policía resultados óptimos. Hoy, la lucha que afrontan es, a todas luces, desigual. 

Desde los Gobiernos Locales nuestro compromiso debe ser firme, decidido y permanente en el apoyo a nuestra policía. Estamos siempre a disposición, desde nuestro rol preventivo, para hacerle frente a este flagelo social. La seguridad ciudadana es compromiso de todos.