Las idas y vueltas del Gobierno en la lucha contra la minería ilegal: Ministerio de Energía remueve a cuestionado director

En menos de una semana, el gobierno nombró a Wilfredo Portilla Barrera como director de Formalización Minera, defendió enfáticamente esa decisión y finalmente reculó y la dejó sin efecto. El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Bravo, removió a Portilla del cargo, luego de que se revelara que el flamante funcionario había sido excluido del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo); es decir, del mismo proceso que debía conducir desde el sector.

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Según pudo confirmar El Comercio, el ministro Bravo suscribió la Resolución Ministerial N.°017-2026-MINEM/DM, mediante la cual se da por concluida la designación efectuada el pasado 13 de enero. El dispositivo, al que accedió este Diario, señala que la decisión se adoptó al haberse “estimado por conveniente” y también agradece a Portilla “por los servicios prestados”. En ninguno de sus extremos se indica que se trata de una renuncia. El documento será publicado en las próximas horas.

Tal como informó este Diario, Portilla fue uno de los más de 50,500 mineros informales depurados del Reinfo el año pasado —mediante resolución directoral— al tener su inscripción suspendida por más de un año y no cumplir los requisitos mínimos. A su nombre figuraban dos registros: Río Seco XXII y Río Seco XXI, respectivamente, ambos ubicados en el distrito de Santa Rosa de Quives, (Canta, Lima).

En su defensa, Portilla sostuvo que en el 2012 emprendió un “negocio de pequeña minería”, del cual desistió al no encontrar mineral, y que “a la fecha” no cuenta con concesión ni con inscripción vigente en el Reinfo. Añadió que actualmente se encontraba dedicado a actividades académicas, así como a la agricultura y la ganadería. Sin embargo, el nombramiento desató una serie de críticas, tanto desde la opinión pública como del propio Congreso.

Ante ello, incluso el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que el ingeniero de minas continuaba a cargo de la dirección del Minem porque cumplía con todos los requisitos y que el hecho de haber tenido dos concesiones no constituía un conflicto de interés. No obstante, parece ser que la defensa duró pocos días y el Minem dispuso su salida.

Aun así, para el ministro Luis Bravo, no se trató de un error. Ante consultas de este Diario, el titular del Minem refirió que “se optó por elegir otro perfil para la conducción del proceso de formalización” y que, en ese marco, se agradece los aportes del director saliente.

“Ahora optaremos por otro cuadro técnico que, como sus antecesores, cuente con experiencia en el sector, idoneidad para el cargo y contribuya a alcanzar los consensos necesarios para impulsar el proceso. No hay ninguna equivocación, por tanto”, señaló Bravo a El Comercio. No mencionó quién sería el nuevo director [Ver entrevista].

Titular del Minem responde a consultas de El Comercio…

Luis Bravo: "Se optó por elegir otro perfil"

1. Hace prácticamente una semana se reveló que el señor Wilfredo Portilla fue designado director de Formalización Minera pese a haber sido excluido del Reinfo y, por tanto, estaba de alguna manera vinculado al sector que debía ahora regular. ¿Por qué, teniendo esa información verificable dentro del propio ministerio, el Minem decidió sostener su designación durante todos estos días?

El Sr. Portilla tenía derechos mineros caducados desde 2019, por lo que afirmar que estuvo excluido del REINFO en 2025 es inexacto.

2. ¿Qué hechos concretos motivaron que hoy se dé por concluida la designación del señor Portilla? ¿Reconoce usted que se trató de una decisión equivocada y asume alguna responsabilidad política como titular del sector?

Se optó por elegir otro perfil para la conducción del proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y la minería artesanal. Por ello, agradecimos los aportes del director saliente y ahora optaremos por otro cuadro técnico que, como sus antecesores, cuente con experiencia en el sector, idoneidad para el cargo y contribuya a alcanzar los consensos necesarios para impulsar el proceso. No hay ninguna equivocación, por tanto.

3. Hace pocos días, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, defendió públicamente este nombramiento asegurando que se cumplía todos los requisitos. ¿Esta marcha atrás no evidencia falta de una línea clara del gobierno frente al combate de la minería informal y la minería ilegal? 

Todo lo contrario. El saliente funcionario hizo un deslinde absoluto con la minería ilegal, igual como viene haciendo la gestión del MINEM desde el primer día en que asumimos funciones. 

4. El propio jefe del Gabinete declaró que no recordaba el nombre del ministro de Energía y Minas y que no ponía “las manos al fuego” por el titular del sector. ¿Cómo interpreta esas declaraciones sobre usted y cómo las responde?

Despachamos cada semana con el jefe del Gabinete Ministerial en las sesiones del Consejo de Ministros, donde tomamos decisiones que contribuyan a la implementación de políticas públicas y el crecimiento del país. Ese trabajo articulado es lo realmente importante.

A opinión de César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, la presión pública y mediática fue determinante para que se adoptara esa decisión; sin embargo, advirtió que aún existen funcionarios al interior del Minem que operan y “siguen diseñando normas que facilitan a la minería ilegal”.

Además, recordó que, junto con el caso de Portilla, también se identificó a Paolo Joel Andrés Alzamora —quien fue gerente de una empresa con Reinfo vigente— como flamante presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), organismo adscrito al Minem. El Minem aún no ha anunciado si lo removerá.

“Y esto también es preocupante porque, finalmente, de acuerdo con el propio marco jurídico, el Ingemmet es la entidad encargada de llevar adelante el proceso de censo minero y, por otro lado, maneja información privilegiada sobre zonas de interés para la extracción. Estas vienen siendo otorgadas de manera alarmante, sobre todo en los ríos amazónicos en los últimos meses, y considero que esa designación también debería ser revisada”, señaló Ipenza.

Así, el gobierno envía mensajes contradictorios en medio del auge de la minería informal e ilegal: por un lado, designa a personas vinculadas al Reinfo al frente del proceso de formalización; y, por otro, impulsa medidas que, según se indica, buscan fortalecer el marco legal para combatir este flagelo.

Ello pues este martes se publicó en las Normas Legales del diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo N.°1695 cuyo objetivo —se señala— es “fortalecer las medidas que garanticen la prevención, investigación y sanción efectiva del delito de minería ilegal”. El documento, al menos en el papel, parece que ser clave.

Con el dispositivo se modifican los alcances interpretativos del delito de minería ilegal, que hasta ahora se limitaba a la exploración, extracción y explotación sin contar con autorización y generaba ambigüedad. Ahora se amplía el verbo rector e incorpora la actividad de “beneficio u otra actividad minera según la ley de la materia”. Se mantiene la pena, que va de cinco a ocho años de privación de la libertad, la cual también será aplicable a quienes realicen dichas actividades pese a encontrarse fuera del proceso de formalización.

Además, se eleva la pena para el delito de tráfico de insumos químicos y maquinarias destinadas a la minería ilegal, que pasa de un mínimo de tres y un máximo de seis años, a un mínimo de seis y un máximo de nueve años. Asimismo, algo que es sumamente relevante es que se crea un nuevo delito: el tráfico ilícito de recursos minerales provenientes de la minería ilegal, el cual además podrá en enmarcado en la figura de crimen organizado.

Con ello, se pretende sancionar con hasta nueve años de cárcel a quien “traslada, acopia, almacena, transporta, custodia, oculta, comercializa, adquiere, embarca, desembarca o exporta o tiene en su poder recursos minerales metálicos o no metálicos, provenientes de actividades mineras que se encuentren fuera del proceso de formalización minera integral o que no cuente con las autorizaciones administrativas correspondientes, cuyo origen ilícito, conoce o debía presumir”.

A juicio de Iván Arenas, especialista en temas de minería, el decreto es, en principio, una medida positiva; sin embargo —remarcó— debe estar acompañado de otras acciones estratégicas para evitar que quede en la nada o se convierta en “un saludo a la bandera”.

“Para trabajar de manera integral, evidentemente se tiene que contar con una estrategia que involucre no solo al Poder Judicial, sino también a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Y hay otro aspecto que resulta clave: cómo van a reaccionar los mineros informales. Por eso, habrá que ver de qué manera se desarrolla este decreto, porque, por ahora, la lucha contra la minería ilegal sigue siendo ineficaz”, sostuvo.

Es decir —precisó—, “se trata de un avance, pero lo que falta es definir cómo se va a ejecutar y qué se hará para que esto no se quede solo en investigaciones, sino que se traduzca en acciones concretas y en sanciones efectivas contra las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal”.

Asimismo, advirtió que se está contra el tiempo, pues la última ampliación del Reinfo se otorgó por un año, hasta diciembre de 2026. Estimó que el nuevo director tomaría alrededor de 20 días para elaborar una nueva estrategia y que recién en marzo podría empezar a ejecutarse, lo que dejaría apenas un margen de diez meses para avanzar en la formalización.

“El año pasado solo se formalizaron 64 Reinfos. Este año ya estamos en enero y prácticamente ha pasado un mes. Luego, el nuevo director que se nombre tendrá unos 20 días para diseñar la estrategia, con lo cual ya habrán transcurrido cerca de dos meses, y recién en marzo se podría empezar a ejecutar. Eso deja apenas diez meses para la formalización. Todo indica, honestamente, que se va camino a una nueva ampliación del Reinfo”, afirmó.

Una postura similar expresó Ipenza, quien consideró que se trata de una buena iniciativa, aunque solo “parcialmente”. Explicó que, al incorporar el “beneficio” dentro del tipo penal, se aborda la situación de algunas de las plantas de beneficio, donde finalmente se procesan minerales extraídos de manera ilegal. Asimismo, recordó que hasta ahora existía una discusión —impulsada principalmente por abogados de mineros informales e ilegales — que sostenía que el transporte de minerales no estaba comprendido dentro del delito de minería ilegal.

“Y por eso teníamos transporte de mineral o de material con contenido mineral que provenía, por ejemplo, de Pataz y llegaba a las plantas de beneficio, y la policía no podía intervenir ni la fiscalía procesar, porque el verbo ‘transporte’ no estaba contemplado en el tipo penal. Entonces, con esta modificatoria tenemos mayor claridad y más herramientas para que los operadores de justicia, las fiscalías concretamente, puedan investigar y acusar”, explicó el especialista.

No obstante, Ipenza advirtió que debió abordarse también el tema de la exención de responsabilidad penal, una figura ya cuestionada por el Tribunal Constitucional, y subrayó que esta medida debe ir acompañada de otras acciones complementarias. “De nada sirve que tengamos este marco jurídico si, por ejemplo, las fiscalías ambientales no cuentan con los recursos ni con las condiciones necesarias”, afirmó.

TENGA EN CUENTA:

• El abogado penalista Carlos Caro explicó que el decreto emitido por el gobierno crea un nuevo delito, consistente en el tráfico de recursos minerales al margen del proceso de formalización minera. Asimismo, señaló que la norma incorpora al delito de minería ilegal a toda la cadena de valor de la actividad minera.
• “Es positivo porque ya no será necesario probar de manera indubitable la comisión del delito de minería ilegal; bastará con acreditar la falta de formalización. Por ejemplo, al procesar mineral proporcionado por alguien que no cuenta con Reinfo, que lo tiene vencido, que ha sido excluido o, incluso, que falsifica documentación para aparentar que lo tiene vigente cuando no es así”, remarcó.