Ariana Lira Delcore

El año 2019 ha llegado a su fin y, de los 18 ministerios que conforman el Poder Ejecutivo, 8 no consiguieron ejecutar más del 70% del presupuesto asignado a proyectos.

Este presupuesto corresponde a los gastos destinados a infraestructura (inversión en capital). Es decir, no incluye el gasto corriente y otros gastos administrativos.

El fue el único que logró ejecutar el 100% de los fondos disponibles, aunque fue también el que tuvo menor presupuesto asignado (S/548.300).

Le siguen los ministerios de e que mostraron un avance de 96,9% y 91,6%, respectivamente. Por otro lado, las tres carteras con menor porcentaje de ejecución fueron (49,5%), (41,2%) y (35,1%).

El es la cartera que mayor presupuesto tuvo a su disposición, con más de S/9.600′000,000 asignados a proyectos. El sector, sin embargo, solo ejecutó el 73,1% de dicha cifra.

En promedio, los 18 ministerios ejecutaron el 71,2% del presupuesto asignado para proyectos.

—Alta rotación—

“Efectivamente ha habido un atraso importante en la ejecución de los proyectos”, indica Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la PUCP.

Según el experto, el retraso puede responder a distintos factores, entre ellos la alta rotación de funcionarios dentro de los ministerios. “Ello afecta significativamente el hecho de que puedas mantener los proyectos en curso. Cuando cambian los equipos [ministeriales], los nuevos tienen una mirada diferente de las cosas y, muchas veces, eso hace que el proyecto regrese a fojas cero”, asegura.

En lo que va del año, por ejemplo, este gobierno ha tenido 5 ministros de Cultura, 3 de Agricultura y 3 de Salud. Las tres carteras están dentro de las 5 con menor avance en ejecución de presupuesto.

—Temor de funcionario—

Para Omar Narrea, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, el contexto de inestabilidad política en el 2019 ha jugado en contra de la capacidad de ejecución de los ministerios. Ello debido a que, según explica, los equipos técnicos temen tomar decisiones sin tener la certeza de que el ministro a cargo de la cartera continuará en el cargo para respaldarlas. “El periodo de vida de las decisiones técnicas ha estado muy afectado por la incertidumbre política. En este contexto, lo más racional del aparato técnico es estar en ‘stop position’”, señala.

En la misma línea, Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), el foco que el escándalo Lava Jato ha puesto sobre la obra pública, sumado a un control algunas veces poco predecible de la Contraloría, hace que exista un “recelo” por parte de los funcionarios públicos en avanzar ciertas obras. “Algunos funcionarios, a nivel personal, no quieren verse expuestos a una eventual sanción. Por eso muchas veces lo que hacen es parar la obra, no adjudicarla o pedir muchas opiniones técnicas. Todo eso finalmente termina frenando la inversión pública”, afirma.

Otro obstáculo para el avance de los proyectos, según Ausejo, tiene que ver con la poca capacidad de saneamiento que tiene el Estado sobre los terrenos donde deben ejecutarse las obras. “Es un problema endémico que tenemos en el Estado peruano. Hasta en obras tan pequeñas como la reconstrucción de comisarías, hospitales o colegios, pasa que el terreno no está adecuadamente saneado y, en consecuencia, no se puede entregar la obra para empezar a construir”, explica.

A pesar de los posibles factores que habrían influido en el nivel de ejecución de los ministerios, Macera precisa que el gobierno debe explicar el porqué del bajo avance en algunos sectores de alta importancia, como el de Salud (41,2%). “Si pasamos por agua tibia la baja ejecución del 2019, poco nos asegura que en el 2020 la situación mejore”, asegura.