Advierten que declaraciones de ministro Javier Arce complican su situación legal y política

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Arce, admitió no haber consignado toda la información referida a sus antecedentes judiciales e investigaciones fiscales en la declaración jurada que presentó para jurar como miembro del Gabinete de Aníbal Torres.

En una entrevista con RPP del último martes, el también parlamentario andino alegó que esto fue solo una “omisión administrativa” y no un delito, como habían advertido previamente penalistas. “Es cierto. Yo tengo, del año 96, una sentencia absolutoria (…) Son denuncias del año 95, 97, donde ha sido un error, de repente de mis abogados”, manifestó.

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También afirmó que le hicieron firmar “en 20 minutos” la declaración jurada, la cual “de una u otra forma, no vi bien” y que ha entregado una nueva declaración jurada a la Presidencia del Consejo de Ministros son sus investigaciones fiscales, sobre las cuales aseguró que están archivadas.

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Luego de la respuesta dada por Javier Arce, especialistas consultados por El Comercio coincidieron en que, lejos de ser una justificación válida, lo alegado por el ministro no hace más que complicar su situación legal y política. En tanto, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó al ministro para que responda por este tema en su sesión del martes 7 de junio.

“Esto lo complica a él directamente, lo involucra directamente”, señaló a El Comercio el abogado Carlos Caro. “[La admisión] Podría ser tomada en cuenta por la fiscalía en el momento en que realice la investigación”, apuntó su colega Cecilia Madrid.

Carlos Caro consideró que estamos ante un caso de falsa declaración en procedimiento administrativo, sancionable hasta con cuatro años de prisión. “La omisión implica una falsedad (…) [El apuro en firmar] no es una excusa válida, en lo más mínimo”, comentó. Además, indicó que la responsabilidad administrativa no quita que también pueda existir una responsabilidad penal.

Como la presentación de esta declaración es previa a la juramentación como ministro, Caro explicó que no se trataría de un delito de función, por lo que Javier Arce no tendría inmunidad y podría ser investigado por una fiscalía penal común. Cecilia Madrid coincidió en que estamos ante un caso de posible falsa declaración en procedimiento administrativo.

“Lo que hace la ley es establecer un procedimiento administrativo para el nombramiento de los ministros de Estado. Como parte de este, se pide a los aspirantes una declaración jurada sobre las investigaciones que podría tener. En el formulario mismo se le pide información sobre investigaciones o proceso judiciales que estén en trámite o estén archivado”, explicó la abogada.

La penalista tampoco consideró la justificación dada por Arce como valida. “Se entiende que el señor es una persona que lee lo que realiza. Se le pide diligencia en el tipo de documentos que tramita. Es una persona preparada para saber que lo que uno realiza en una declaración jurada es una afirmación, que forma parte de un procedimiento para su nombramiento (..) No habría una excusa”, comentó.

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El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, indicó que la responsabilidad de la información dada en una declaración jurada es personal. “La [declaración] la puedes hacer en dos, cinco o diez minutos, eso es irrelevante. Tú te haces responsable de la información que entregas”, dijo a este Diario. “Es indefendible, es un caso en el que la mentira es abierta”, afirmó.

Pero más allá de su responsabilidad penal, y administrativa, Lanegra destacó que también se advertir la responsabilidad política del ministro. Sobre ese aspecto, apuntó que una omisión de este tipo genera una ruptura de confianza del gobierno hacia el funcionario, lo que “debió haber originado su destitución inmediata”.

“No hacerlo lo que va a originar es que el gobierno se vea involucrado. Si el gobierno intenta defender a una persona que hace eso, está avalando un acto que va en contra de la obligación de veracidad de un funcionario”, comentó.

Mayen Ugarte, especialista en gestión pública, incidió en que un funcionario no se puede amparar en que su declaración la hizo alguien más o en que la tuvo que firmar rápidamente. Por otro lado, advirtió que la ley establece un plazo de cinco días hábiles para que la PCM verifique el contenido de la declaración, por lo que la responsabilidad también podría alcanzar al primer ministro.

Como funcionario, Ugarte apuntó que lo ocurrido deja muy mal parado a Arce y que “nos deja muy preocupados a todos tener un ministro que no lee lo que firma”. Sobre su permanencia, comentó que “en otro gobierno, una situación como esa hubiese hecho que el ministro tenga que renunciar”. “El presidente le hubiera pedido la renuncia, el primer ministro también. Lo han hecho trastabillar a él también”, comentó.

Teniendo en cuenta los antecedentes del Ejecutivo, Lanegra añadió que estamos ante la confirmación de un patrón que nos pone ante dos posibles escenarios: “o no se hace la verificación [de los antecedentes para nombrar un ministro], o si se hace, no interesa”.