El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, consideró que desde el Ejecutivo perciben que el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tiene un “claro tufillo político que pretende afectar la gobernabilidad”.
En entrevista con RPP Noticias, señaló que el modelo procesal permite que el Ministerio Público pueda determinar este tipo de medidas y que cualquier ciudadano puede estar “en riesgo” por hipótesis de trabajo no corroboradas que solo buscan crear un “impacto social” o sobre la gobernabilidad.
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“Para nadie no escapa a la atención que no se trata de un ciudadano cualquiera, este ciudadano en particular tiene un nombre y este nombre es evidente vinculado a la señora presidenta”, expresó.
“Me parece bien es que la señora presidenta haya dicho que existe un problema que no puede ser resuelto en la actualidad y que es aprovechado por muchos fiscales con el propósito de generar una zozobra indebida, y que desde el Ejecutivo percibimos que además existe un claro tufillo político que lo que pretende es afectar la gobernabilidad”, agregó.
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El primer ministro destacó que el problema no es exclusivo del entorno presidencial, sino que representa un riesgo para cualquier ciudadano.
“Es un modelo que no asegura que efectivamente la justicia se pueda conseguir”, afirmó el titular de la PCM.
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Como se recuerda, la fiscalía realizó un nuevo allanamiento en el domicilio del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, como parte de una nueva investigación en su contra por presuntos actos de corrupción que lo involucran.
Boluarte Zegarra es vinculado a uno de los cuatro hechos presuntamente ilícitos que habrían sido perpetrados por una supuesta organización criminal que lideraría el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
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Según la fiscalía, Santiváñez sería el “hombre clave” y, en su condición de ex ministro del Interior, habría reunido a un grupo de personas, entre ellas diversos abogados con la finalidad de que apoyen presuntos actos irregulares.
De otro lado, Eduardo Arana aseguró que el ingreso de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos en lugar de Juan Alcántara obedece a una evaluación que realizó junto a Dina Boluarte.
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En ese sentido, manifestó que todos los ministros están sujeto a una evaluación permanente y que la decisión que tomó la mandataria está en función de los avances, logros, propuestas y del trabajo que realiza cada titular de cartera.
“En ese entendido, lo que hemos hecho evaluando con la presidenta de la república, es que consideramos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenía algunos temas que no estaban siendo abordados de acuerdo con la política que incluso yo había dejado”, refirió.
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“Algunos temas por ejemplo en materia penitenciaria, derechos humanos, recogiendo propuestas legislativas y otros temas que son importantes en la hora actual. Es cuando consideramos que efectivamente el señor Santiváñez podía y debía asumir también una responsabilidad”, agregó.
Finalmente, Arana enfatizó que la decisión había sido tomada en los últimos días previo a la juramentación de Santiváñez como titular del Minjusdh y descartó que tenga algo que ver con una supuesta intención de protegerlo de un posible allanamiento en su calidad de aforado.
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