La decisión del Ejecutivo de interpretar que el Congreso le negó la primera cuestión de confianza el pasado jueves 24 fue oficializada mediante el acta de una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros realizada ese mismo día.
El documento señala que la Mesa Directiva del Congreso se equivocó “groseramente” en el análisis que realizó para rechazar de plano la cuestión de confianza.
El documento revela que el Consejo de Ministros, entonces presidido por Aníbal Torres, sostuvo “de manera categórica” que la decisión de la Mesa Directiva “constituye, a todas luces, una negación de la cuestión de confianza”, por lo que la consecuencia fue la crisis total del Gabinete.
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El acta también evidencia el rol del canciller César Landa en la decisión del Ejecutivo.
De acuerdo con el documento, Landa, quien fue presidente del Tribunal Constitucional, señaló que corresponde interpretar que la decisión de la Mesa Directiva, “al no estar dotada de justificación, debe ser reputada como arbitraria y, por lo tanto, como una forma de denegatoria de la confianza”.
Ello pese a que la Ley 31355 señala que solo el Congreso puede interpretar el sentido de su decisión.
Landa también señaló que el reglamento del Congreso debe ser interpretado junto con la Constitución para respetar el principio de balance de poderes.
En diálogo con TV Perú, la primera ministra Betssy Chávez avaló los argumentos que figuran en el acta. Además, dijo que no puede obligar a los congresistas a que le den la confianza al Gabinete que ahora preside.
Un rechazo a la confianza al nuevo Gabinete sería interpretado por el presidente Castillo como la segunda negativa. La Constitución señala que el mandatario puede disolver el Congreso si le niegan la confianza a dos gabinetes.
La primera vicepresidenta del Parlamenta, Martha Moyano, señaló que el acta muestra una violación a la Constitución y sirve como prueba para confirmar que han interpretado la decisión de la Mesa Directiva. “La denegación fáctica no existe. Acá estamos, de pie”, añadió.
El tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, dijo: “La abierta violación constitucional en acta del Consejo de Ministros [...] coloca al gobierno a un paso de ser un régimen de facto”.
El legislador Wilson Soto, de Acción Popular, señaló que “la decisión de estar preparando un cierre del Congreso no solo sería una infracción constitucional, sino también un delito de premeditación por pretender obstruir la labor del parlamento”, como establece el artículo 117 de la Constitución.
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló que el acta justifica la interposición de la demanda competencial que anunció el Congreso contra el Ejecutivo.
El acta no fue firmada por la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, quien no asistió a la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.
Boluarte también se ausentó de la sesión anterior en la que el consejo acordó presentar la cuestión de confianza.
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