La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó ayer, por mayoría, el informe final que plantea acusar al presidente Pedro Castillo e inhabilitarlo por cinco años para el ejercicio de la función pública. Tras ello, compete a la Comisión Permanente dar cuenta del mismo y votar por su aprobación o rechazo.
El documento recomienda acusar al jefe del Estado por juicio y antejuicio político. En el primer caso, por presuntas infracciones a la Constitución (artículos 32, 54, 110 y 118 –incisos 1, 2 y 11–). Por tanto, propone imponer la inhabilitación. Respecto a la segunda figura, se plantea acusar a Castillo como presunto autor del delito de traición a la patria.
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La situación deriva de sus declaraciones en una entrevista con CNN en Español. El pasado 25 de enero, Castillo deslizó la posibilidad de otorgar una salida al mar a Bolivia y consultar esta propuesta a la ciudadanía. El informe aprobado concluye que su declaración “vulneraría mandatos constitucionales” y pondría en riesgo “la integridad y soberanía territorial del Estado, pese a estar obligado a protegerlo y hacerlo respetar”.
Además de los bloques oficialistas, los congresistas Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) y Luis Aragón (Acción Popular) votaron en contra del informe. Paredes dijo que rechazó el documento porque no se ha constituido este delito. “Está mal hecha la denuncia constitucional”, comentó a la prensa.
Citación a Castillo
Anoche, horas después de la aprobación del informe, el presidente del Congreso, José Williams, citó a Castillo a la sesión de la Comisión Permanente que se llevará a cabo el próximo miércoles 16, a partir de las 9 de la mañana, en la que se debatirá y votará el informe de la subcomisión.
“De conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú y el literal f del artículo 55 del Reglamento del Congreso, se concederá el uso de la palabra a usted y, si así lo solicita, a su abogado defensor, para que haga uso de su derecho de defensa de manera presencial”, indica Williams en su oficio dirigido a Castillo.
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Pedro Castillo en Moyobamba Para aprobar este informe solo se requiere de mayoría simple. “Una vez que se aprueba en la Comisión Permanente el informe final, lo siguiente es la designación de la subcomisión acusadora, que puede estar integrada por uno, dos o tres miembros de la subcomisión”, explicó César Delgado Guembes, exoficial del Congreso, a El Comercio.
Cumplido este paso, el expediente debe ser elevado al pleno del Congreso para dar cuenta de este y determinar la fecha de audiencia. La votación en esta instancia deberá hacerse sobre la base de 98 congresistas, sin contar a los 32 integrantes de la Comisión Permanente. Para aprobar la acusación por antejuicio político (traición a la patria) se requiere la mitad más uno de los votos (50) del pleno. En el caso del juicio político (inhabilitación) su aprobación requiere al menos los dos tercios de los votos (66).
Voceros del gobierno rechazaron la aprobación del informe final contra el presidente Castillo. En tanto, Alejandro Salas, ministro de Trabajo, dijo que esta situación les “suma para la llegada de la OEA” pese a que “es un informe que es un despropósito”. Félix Chero, ministro de Justicia, añadió que el presunto delito señalado “no tiene ningún fundamento”. “Es parte del juego político, pero no es sano”, consideró.
Archivan proyecto sobre cuestión de confianza
Jefe del Gabinete había pedido acudir al pleno para plantear la medida.
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó ayer, con 16 votos a favor, archivar un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, en abril de este año, que buscaba derogar la Ley 31355. Esta normativa, publicada el 19 de octubre del 2021, establece que la cuestión de confianza puede ser planteada por el primer ministro solo respecto a la política general de Gobierno.
El decreto de archivo concluyó que, de haberse aprobado la iniciativa, se “propiciaría el desequilibrio de poderes” al permitir plantearla sobre otros asuntos. Además, que se podría hacer un uso “abusivo, arbitrario e inconstitucional de la misma”.
El Ejecutivo indicó que la derogación de la ley que regula la cuestión de confianza permitiría “preservar el equilibrio entre los poderes”.
El primer ministro, Aníbal Torres, había enviado el último martes un pedido para presentarse ante el pleno del Congreso y plantear una cuestión de confianza. Esto con el objetivo de que se agendara en el Parlamento el debate y votación de la iniciativa ayer derogada. El presidente del Legislativo, José Williams, respondió a Torres indicándole que su solicitud no era “atendible”.
A través de un oficio, Williams le indicó ayer a Torres que puede acudir a la próxima sesión del pleno, pero le recalcó que toda cuestión de confianza debe plantearse conforme a ley.
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