Durante las últimas semanas, el gobierno de Dina Boluarte ha intentado colocar en el debate público la ampliación de la pena de muerte para aquellos que abusen sexualmente de un menor de edad y luego lo asesinen. Por ejemplo, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, ha insistido con que se analice este planteamiento y a través de una columna de opinión, publicada en El Comercio, ha referido que “no es un tema cerrado”. No obstante, los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso desde el 2001 sobre ese tema no han tenido éxito.
Desde la administración de Alejandro Toledo hasta la fecha, diferentes partidos políticos han promovido 22 proyectos para reformar el artículo 140 de la Constitución y extender la pena de muerte para los violadores de niños [ver recuadro]. De estas iniciativas, solo una provino del Ejecutivo durante la administración de Alan García (2006-2011).
En agosto de 2006, a solo dos semanas de haber iniciado su segundo mandato, García Pérez anunció que su gobierno plantearía al Parlamento establecer la pena de muerte para los que violen y asesinen a un niño. “Ante el crimen atroz que es la violación seguida de asesinato de niños menores, esa gente no tiene derecho a vivir. La sociedad tiene que defenderse de ellos reinstaurando la pena de muerte”, manifestó.
Al ser consultado en ese momento si le preocupaba que la pena capital colisione con el pacto de San José, que suscribe el Perú, el líder aprista replicó: “Me preocupa que nuestros hijos estén seguros y que las madres del Perú sientan que ellas y sus hijos están defendidos adecuadamente por el Estado”.
El 20 de setiembre del 2006, el gobierno de García presentó su proyecto de reforma constitucional que establecía que la pena de muerte, además de aplicarse para los delitos de traición a la patria en caso de guerra y terrorismo, también sea para la “violación sexual de menores de siete años seguida de muerte”.
Y aunque Unidad Nacional, el Partido Aprista y la bancada fujimorista se sumaron con iniciativas similares, todas fueron pasadas al archivo al final de ese periodo parlamentario en el 2011.
(Foto: El Comercio)
En el quinquenio nacionalista, con Ollanta Humala en Palacio de Gobierno, solo se presentaron dos proyectos de ese tipo. Ninguno fue aprobado.
Entre el 2016 y 2021, cuando el país tuvo a cuatro presidentes, en el Congreso se debatieron seis iniciativas que establecían la pena capital para los violadores de niños.
En el 2017, el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dijo que la Constitución no permite aplicar la pena de muerte para los sentenciados por abuso sexual a menores.
“Entiendo la emoción que mucha gente siente con unos crímenes terribles como la violación de niños. Eso es absolutamente inaceptable. En nuestra Constitución no aceptamos la pena de muerte. Ese tipo de personas tiene que ir a hospital psiquiátrico, porque algunos de ellos son enfermos y otros tendrán que ser severamente castigados”, refirió.
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Y el 8 de marzo de 2020, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el entonces presidente Martín Vizcarra dijo que su gobierno no descartaba evaluar la pena de muerte para los violadores sexuales.
“Hay que evaluarlo. El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso […] El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas. Vamos a analizar”, señaló.
Sin embargo, una semana después Vizcarra ordenó el aislamiento social obligatorio ante los primeros casos de Covid-19 en el Perú y su propuesta ya no se discutió.
De la castración química a una nueva propuesta
En abril de 2022- tras el secuestro y violación de una niña de tres años en Chiclayo- el entonces presidente Pedro Castillo planteó que se aplique la castración química para los que abusen de menores de edad, adolescentes y mujeres, como ya se ha hecho en países como Rusia, Estados Unidos (siete estados), Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia.
“Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, manifestó.
Boluarte, entonces vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social no respaldó el anunció hecho por Castillo e indicó que solo era “una posibilidad”.
“Creo que este tema de la violación de menores va más allá del tema de la castración química, es un tema de educación, por eso es importante plantear una currícula donde niños, niñas, jóvenes y mujeres entendamos que las mujeres somos tan iguales que los varones y merecemos respeto y cuidado”, remarcó.
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En marzo de 2023, cuando Castillo ya había sido vacado, la Comisión de Justicia del Congreso mandó al archivo el proyecto de ley que presentó su gobierno para castrar químicamente a los sentenciados por violación sexual.
(Foto: El Comercio)
Boluarte Zegarra pasó, en dos años y ocho meses, de no dar su apoyo público a la propuesta de castración química a una con mayor gravedad, como la pena de muerte.
Fuentes de El Comercio indicaron que una vez que la comisión formada en el Ministerio de Justicia para analizar la ampliación de la pena capital termine la etapa de consulta a la ciudadanía y a expertos elaboraría un informe dirigido al titular del sector, es decir a Eduardo Arana.
Arana- de acuerdo con las mismas fuentes- lo pondría a consideración del Consejo de Ministros. Si es aprobado por el Gabinete, el gobierno podría aterrizar el texto en un proyecto de ley que enviaría al Congreso.
En el actual Parlamento, se han presentado seis proyectos de ley para ampliar la pena de muerte a quienes abusen sexualmente de menores de edad y luego los asesinen. Las iniciativas vienen de Acción Popular, Perú Libre, Podemos Perú y la Bancada Socialista.
“Es una muestra de populismo penal”
Al respecto, el ex viceministro de Justicia Gilmar Andía consideró que la propuesta de Boluarte para ampliar la pena de muerte “es una muestra clara del populismo penal” que utiliza el gobierno y sus aliados en el Congreso.
“El Ejecutivo y el Parlamento han tomado el derecho penal como la única salida a toda su ineficiencia en la solución de problemas. Hoy tenemos esta propuesta de pena de muerte, cuando la academia y la realidad [van por otro camino]. En los pocos países del mundo, donde hay pena de muerte, hay evidencias de que esta no soluciona el tema de fondo”, manifestó.
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En comunicación con El Comercio, Andía subrayó que lo que reduce los hechos de violencia es la educación, el trabajo y la adecuada prevención y persecución de la criminalidad, así como un juzgamiento justo y penas efectivas.
“Lo que ha hecho el primer ministro [en su columna en El Comercio] es replicar [a la presidenta Boluarte], y parece que no tenemos ministro de Justicia, porque no se opone. A pesar de que la pena de muerte implica denunciar el pacto de San José y ese no es un tratamiento sencillo. El Ministerio de Justicia cuenta con estudios que dejan en evidencia que la elevación de penas y la disminución de beneficios penitenciarios no reduce la criminalidad”, expresó.
Andía advirtió que el último tramo de la administración de Boluarte Zegarra estará marcada por “un populismo penal duro y puro”, con el objetivo de maquillar la realidad.
“Es una actuación irresponsable”
A su turno, Alberto Cruces, ex adjunto en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, calificó como “una actuación irresponsable” la postura del gobierno sobre la pena de muerte. “Han iniciado una campaña de consultas y audiencias en diferentes regiones sobre una forma de afrontar los problemas, pero no sobre el fondo”, expresó.
Cruces refirió que la principal preocupación del Ejecutivo no debe ser la pena capital, “sino por qué se dan esas situaciones de violencia y cómo hacer para prevenirlas”.
“Aún asumiendo que se dé la pena de muerte, esta será tras un largo proceso, esto no va a tener implicancias sobre las vidas que queremos proteger, que son la de los niños [...] Esta iniciativa solo distrae del centro del problema, este no es la sanción, el gobierno está errando en el enfoque, está empezando con el final”, cuestionó.
En declaraciones a este Diario, el abogado constitucionalista explicó que para que el Perú pueda ampliar las causas para aplicar la pena de muerte primero debe denunciar el pacto de San José y luego realizar modificaciones a la Constitución. “Esto es algo irreal, no va a ser algo inmediato y puede tomar muchos años. Jurídicamente es inviable [en el corto plazo]. En resumen, se está perdiendo tiempo al destinar esfuerzos a algo que no es factible”, acotó.
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Por su parte, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi dijo que el hecho de que el gobierno de Boluarte insista en ampliar la pena de muerte en casos de violación a menores, cuando esto se ha intentado sin éxito desde el 2001, “muestra la desesperación” que tiene el Ejecutivo “por levantar su desafecto ciudadano en las encuestas”.
“Están lanzando fuegos artificiales, nunca ha prosperado ni va a prosperar un proyecto de pena de muerte porque estás adscritos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, mencionó.
“La pena de muerte no es disuasiva para la comisión de delitos y existe el riesgo del error judicial. Imagina que un inocente sea condenado a la pena de muerte, se genera un daño que es irreversible. En muchos países la pena capital está en decadencia y en el Perú la quieren sacar para levantar la imagen de la presidenta en las encuestas”, finalizó.
