SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ @Shebas07 Redacción Online

El procurador anticorrupción, Julio Arbizu, sostuvo hoy que “sería absurdo” que el ex presidente Alberto Fujimori determine “quiénes evaluarán su salud” dentro de las diligencias del pedido de indulto humanitario que presentó en octubre pasado.

“Hay que recordar que la decisión de la conformación de la Junta Médica no la toma el solicitante del indulto. Esto no puede ser y, además, generaría la ampliación para todos los casos. Sería absurdo que el que pide el indulto determina quiénes integran la junta evaluadora de su salud”, manifestó en comunicación con elcomercio.pe.

Arbizu afirmó que se debe actuar “bajo el principio de igualdad bajo la ley”. “Hay una serie de requisitos que se deben cumplir y estos los debe acatar toda persona”, añadió.

En esa línea, el abogado del Estado coincidió con el viceministro de Justicia, Daniel Figallo, y dijo que si el ex presidente impide que la junta nombrada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realice su labor, su solicitud de indulto podría ser archivada sin lugar a reclamos.

“Las declaraciones del viceministro son correctas. Si el procedimiento no termina por causa de quien requiere el indulto, entonces el proceso se trunca y habría que archivarse. Pero esa es una decisión que deberá tomar la Comisión de Gracias Presidenciales”, expresó.

Ayer el abogado de Fujimori, César Nakazaki, remarcó que el médico tratante del ex mandatario debe ser quien elabore el informe final de en torno a las conclusiones de la junta de galenos enviada por el Gobierno.

CASO KRASNY De otro lado, Arbizu explicó que si la nueva denuncia contra la empresa Krasny del Perú de que alteró el rotulado de reactivos de diagnóstico entre los años 2008 y 2010, tiene relación con la investigación que sigue la Fiscalía Supranacional, podría ser incluida en esta causa.

El Ministerio Público busca determinar si Krasny del Perú contrató con diferentes entidades del Estado utilizando la influencia del hermano del presidente Ollanta Humala, Alexis Humala. Este señala que cuando empezó el Gobierno nacionalista ya no era socio de la referida empresa.

“Siempre que haya un delito contra la administra pública pediremos que esto se acumule a la investigación preliminar (…) Otra posibilidad es que haya existido algún tipo de acuerdo colusorio entre los funcionarios públicos y los empresarios”, concluyó.