Las propuestas de Edgar Alarcón para la contraloría [INFORME]

La Contraloría General de la República, a cargo de Édgar Alarcón, presentó la semana pasada al Congreso un paquete de más de 10 proyectos de ley con la finalidad de hacer más efectiva su labor en la lucha contra la corrupción.

Las propuestas se encuentran comprendidas en el denominado Plan de Acción de 100 Días de la institución.  Si bien  estas medidas pretenden fortalecer la transparencia en la función pública, existen algunas iniciativas que han generado controversia, las cuales detallamos a continuación.

1. La Procuraduría Anticorrupción adscrita a la Contraloría General de la República.

Uno de los proyectos plantea que la procuraduría pública especializada en delitos de corrupción dependa administrativamente de la contraloría y ya no del Ministerio de Justicia.

El proyecto plantea, además, que los procuradores sean propuestos por un ente autónomo y no por el Poder Ejecutivo. 

Para el ex procurador Yván Montoya esta medida permitirá hacer más eficiente la persecución de los delitos de corrupción, ya que la procuraduría, por ejemplo, podría contar con los peritos, auditorías forenses e informes técnicos de la controlaría para cumplir su función.

“Ahí habría una muy buena dupla. Se potencia la independencia de la Procuraduría Anticorrupción y se mejora su eficiencia”, señaló.

Sin embargo, dijo que habría que ver qué sucede con la autonomía  e independencia del resto de las procuradurías como la de lavado de activos, terrorismo y las adscritas a diversos sectores o gobiernos regionales y locales.

 A diferencia del proyecto de ley presentado por la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma, quien propone crear una nueva procuraduría general constitucionalmente autónoma, la propuesta de Edgar Alarcón solo considera dotar de autonomía a las procuradurías anticorrupción.

Otra diferencia radica en que el proyecto de ley de Yeni Vilcatoma propone que todos los procuradores sean designados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

2. Declaración jurada para todos.

Uno de los proyectos más controvertidos propone que todos los funcionarios públicos que ganen más de S/ 3.950 (1 UIT) estén obligados a presentar una declaración de ingresos y rentas ante la contraloría a efectos de poder ampliar la supervisión y prevención que realiza el órgano de control.

Según Edgar Alarcón, en el Perú hay 1,3 millones de funcionarios públicos, pero solo presentan declaración jurada de ingresos y rentas alrededor de 35.000 trabajadores.

 Para el ex defensor del Pueblo y director de Proética, Walter Albán, si bien es positivo que se apueste por la transparencia, manifestó que la contraloría debe demostrar que ya está administrando y fiscalizando eficientemente la información de las declaraciones juradas que ya recibe antes de ampliarla a un universo tan grande de personas.

“Primero, la contraloría debe definir cómo fiscaliza las declaraciones que ya recibe y simplificarlas para no perjudicar a los funcionarios que tengan ingresos más bajos. Hacer esto de un momento a otro puede terminar confundiendo a los organismos de control”, precisó.

Según la contraloría, esta propuesta permitirá incrementar su capacidad de detectar posibles incrementos patrimoniales.

3. Impedimentos para ser contratista del Estado.

Otro proyecto que ha suscitado críticas es la norma que impediría a las personas naturales y jurídicas poder ser contratistas del Estado si es que han realizado aportes mayores a 25 UIT (S/98.750) a campañas políticas.

Al respecto, Gerardo Távara, secretario general de la asociación Transparencia, señaló que una medida de este tipo atentaría contra  la reforma electoral que pretende generar incentivos para transparentar los aportes partidarios.

“Los partidos necesitan del financiamiento privado. Esto podría hacer que se camuflen los aportes bajo otras personas o modalidades o que se inhiban de financiar a los partidos ”, explicó.

Por su parte, Albán  señaló que solo contribuirá a un mayor secretismo en los procesos electorales.

“Hoy se busca que los aportes a las campañas sean transparentes. Este proyecto tendrá la apariencia de pretender buscar que no haya conflictos de intereses pero a la larga produciría un efecto contrario”, dijo.

Para la contraloría, esta medida permitirá reducir el conflicto de intereses que se presente en caso de que el candidato beneficiado sea elegido como autoridad.

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