Rosa María Ortiz: el lote 192, La Oroya y Tía María [PERFIL]

El ministerio está en ascuas, pero ella luce tranquila cuando me muestra en un mapa del Perú dónde queda el lote 192. Parece una afable abogada preparada para dar una mala noticia a su cliente y no quien acaba de recibirla.

Es miércoles 7 p.m. y el Congreso aún no ha consumado su faenón petrolero con votos, ¡gulp!, oficialistas: autorizar a Petro-Perú a operar el 192 a pesar de los candados de la Ley 30130 y a pesar de que este ya fue otorgado a la canadiense Pacific Stratus Energy. Ella no quiere opinar sobre lo que aún no ha acabado, así que le voy a la teoría. ¿El Estado puede ser un buen empresario, un buen gestor en un sector como hidrocarburos? “No hay por qué negarle a cualquier empresa del Estado que, si logra tener la capacidad de gestión necesaria, el personal técnico adecuado y los recursos, pueda hacer gestión”. Por su respuesta, intuyo que Petro-Perú y Perú-Petro no están preparados. “Perú-Petro no es una empresa, es una agencia estatal que promociona los lotes y supervisa los contratos. Petro-Perú sí lo es y se tiene que potenciar. Hace dos semanas se aprobó su plan de saneamiento. Cumplida la reorganización y aplicadas las normas del buen gobierno corporativo, sí puede ser eficiente”. ¿En un mediano o largo plazo? “No tan largo, yo diría un par de años”. ¿Pero ahora no? “En este momento, no”. ¿Su convicción es personal o simplemente respetó una decisión de gobierno? “Claro, es personal, y así la fui a sustentar al Congreso. Conozco la empresa, he sido directora hace unos años, he revisado el informe que hizo la consultora Wood MacKenzie”.

O sea, para la ministra no hay forma de meterse en el lote sino es generando un terrible precedente de inestabilidad jurídica. “Es un contrato ley. Un acto de nulidad es lo único que podría revertirlo”, me dice, sin saber que al día siguiente esa será la confesada apuesta de algunos congresistas: buscar irregularidades que permitan anular el contrato. Pregunta obligada sobre su disposición a la renuncia: si se revierte todo, ¿qué actitud tomaría? “No me proyecto sobre posibilidades, vamos a los hechos y ahí tomaré decisiones”.

 ¡HUMILDAD, TÍA MARÍA!
¿Por qué pasan estas cosas? ¿Acaso no hay oficinas que las previenen? La ministra me asegura que, además de trabajar estrechamente con el área de prevención de conflictos de la PCM, el MEM tiene una Oficina de Gestión Social que se encarga de lo mismo. Tiene su propia teoría: “Lo que ha pasado es que el lote 192 es un pretexto para poner sobre el tapete los problemas de la región Loreto. Ayer hemos estado los ministros con el gobernador de Loreto, hoy he estado reunida con la alcaldesa de Maynas [Adela Jiménez] y un grupo de alcaldes. Ha caído el precio del petróleo y con él el precio del canon. El 192 ha sido la banderita para salir a manifestar estos problemas”. Según este razonamiento, más allá de quien opere el bendito lote, el gobierno puede negociar otros beneficios para la región. “Lo que ellos quieren es una priorización de algunos de sus proyectos. Les hemos dicho que nos precisen cuáles son y los trasladaremos a los respectivos sectores”. Pero el Congreso está impelido por otros cálculos y plazos. Un poco de chongo para aliviar la tensión: ¿El área de prevención de conflictos no previó los conflictos en la bancada oficialista? La ministra ríe, se tapa la boca y susurra: “Sin comentarios”. 

Abandonemos el lote. Rosa María Ortiz tiene 59 años y casi cuatro décadas en el derecho. Más de la mitad en la actividad privada. Con ese ‘know how’ de los dos bandos, le pregunto: ¿Estamos sobrerregulados, nos falta regularnos? “Pasar al sector público y a la burocracia es un cambio que incide en la manera de ver las cosas. El trabajo en el sector privado es más ágil, se asume mucho riesgo. En el sector público es mucho más lento. De parte del funcionario público hay mucha reticencia a avanzar si no tiene todas las seguridades, por las responsabilidades que se generan. Hay que lograr un equilibrio: hacer las cosas prudentemente, pero no por eso convertir el procedimiento en una traba para los proyectos”. 

A pesar de su aura de aguerrida ‘Doctora Ley’, la ministra tiene un lado religioso. “Soy católica practicante, tengo toda la línea del papa Francisco, de poner al hombre por encima de todo”. ¿Ha leído la “Laudato si” [encíclica sobre el medio ambiente]? Es bastante verde, le digo. “He leído resúmenes. La tierra es nuestra casa y hay que cuidarla para no dañarla. [...] He dicho toda la vida que es necesario ponerse en los zapatos del otro. Somos un país multicultural. Una cosa es ver todo desde Lima, otra cosa es ver cómo actúan las comunidades en la zona de influencia del proyecto. [...] Mi sector tranquilamente puede convivir con la agricultura, la ganadería, el manejo del agua y una buena convivencia con las comunidades del entorno. Las empresas –no generalizo– todavía tienen que evolucionar para entender esto”.

A algunos desactualizados, este rollo podría sonarles caviar viniendo de una cabeza del MEM, pero es el nuevo tono de la minería realista. Ortiz, además, ha sido jefa del Senace, el ente que otorga los certificados ambientales. Le cuento que un funcionario de Yanacocha me dijo que la tendencia minera es usar menos abogados y más sociólogos y antropólogos. “Yo soy abogada [ríe]. Sí, a veces hay deformaciones profesionales. El abogado suele ser formado para litigar, pero otros nos formamos para encontrar las mejores transacciones, para llegar a acuerdos”.

Le recuerdo que ha reclamado ‘humildad’ en declaraciones sobre el conflicto de Tía María. ¿No es un asunto de aportes?, pregunto. La ministra sonríe porque entiende que la referencia va para la Southern, que todos los días anuncia ayudas millonarias. “Si se ve solo como un tema de dinero, es un mal enfoque. Todo proyecto de largo alcance necesita buenas relaciones entre las comunidades y la empresa. El Estado debe ser el fiel de la balanza. El dinero es importante, pero no es todo”.

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