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La gran reforma… pero de las personas, por Diana Seminario

“Buscar soluciones efectistas, sin atacar la causa del problema, nos llevará a enfrentar crisis similares o peores”

Martín Vizcarra

“Somos un gobierno nacido de la inestabilidad política, por lo que tenemos claro que nuestra responsabilidad histórica es la de solucionar esa inestabilidad”, afirmó Vizcarra en su mensaje a la nación. (Foto: Archivo El Comercio) 

Si algo hay que destacar del mensaje ante el Congreso del presidente Martín Vizcarra el 28 de julio es que se vio a una persona decidida –al menos en apariencia–, que ha entendido que hemos llegado a un punto en que el país no puede seguir esperando para hacer reformas de fondo; por eso el mandatario subraya su “responsabilidad histórica”. “Somos un gobierno nacido de la inestabilidad política, por lo que tenemos claro que nuestra responsabilidad histórica es la de solucionar esa inestabilidad”.

Alentado por las propuestas de la calle, la baja aprobación del Congreso y el descrédito de los partidos políticos tras el escándalo de Odebrecht, el presidente propuso la realización de un referéndum para consultarle a la población sobre tres temas concretos: la reelección de los congresistas, el financiamiento privado de los partidos políticos y campañas electorales, y la bicameralidad.

Este anuncio ha sido el que ha generado un entendible entusiasmo y un debate que tendrá para largo. Pero también es necesario cabeza fría para afrontar un anuncio como este. Vizcarra ya logró el objetivo de poner el tema en agenda, pero hay que ser claros y explicar si realmente esto es viable y cómo.

El artículo 32 de la Constitución sostiene que se puede someter a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, pero el artículo 206 de la misma Carta Magna establece que “toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum”. Esto quiere decir que no hay referéndum directo en caso se requiera reforma, como lo aclaró el mismo 28 de julio el constitucionalista Natale Amprimo, quien además invocó una sentencia del Tribunal Constitucional en ese sentido.

Para que la propuesta no se pierda en el tumulto ni caiga en el populismo barato, lo mejor es manejarla con seriedad y sin vulnerar los parámetros constitucionales y democráticos.

No debemos perder el foco y concentrarnos en que hemos tocado fondo y que en nuestro país existe una crisis de corrupción que se agravará y se hará irreversible si no se busca la forma de detenerla, no es menos cierto que no basta con anunciar medidas a mediano plazo, sino que también es urgente atacar el problema de fondo. Buscar soluciones efectistas, sin atacar la causa del problema, nos llevará a enfrentar en los próximos años crisis similares o peores.

En referencia a la crisis moral y política desencadenada el 2000, el presidente se pregunta: “¿Qué pasó en estos 18 años? ¿Por qué no hemos sido capaces como país de revertir las causas que nos llevaron a esta situación […] Si bien se dieron normas importantes en materia de lucha contra la corrupción, estas no tuvieron continuidad ni fueron implementadas de una manera orgánica y sistémica como parte de una política prioritaria del Estado”.

La respuesta no es tan difícil, presidente; nos concentramos en fórmulas, leyes, compendios y tratados, y no nos preocupamos en formar mejores personas, y eso solo se logra con el empoderamiento de las familias y con una educación en valores.

Ya podrán darse las mejores leyes, los referendos más votados y los castigos más implacables, pero si no existe la decisión de buscar personas, cualquier cambio será inútil.

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