Guillermo Bermejo: Trabajadores de su despacho en el Congreso son dirigentes de su plataforma política

Se tratan de asesores, técnicos y personal administrativo que fue contratado en el Congreso, entre 2021 y 2022, pero que en paralelo se han dedicado a efectuar actividad política y conformado un partido que ahora tiene como principal rostro a, en la práctica, su jefe inmediato.

Según el testimonio del colaborador eficaz 11-2024, brindado ante la fiscalía y dado a conocer por el dominical “Panorama”, Bermejo Rojas habría instrumentalizado su condición de congresista de la República para la conformación y consolidación de esta nueva plataforma política. Una acusación que tiene que indagarse.

En los documentos, Voces del Pueblo se fundó el 16 de junio del 2022, llegando a reunir los requisitos legales exigidos y solicitar su inscripción el 9 de junio del 2023. Su reconocimiento como partido se efectuó en octubre del 2024.

En total, la agrupación presentó más de 30 mil afiliados, de los cuales al final se depuró y validó 25.827 a nivel nacional. Y planteó 71 comités provinciales, en 22 regiones.

En todo este proceso se efectuó mientras un grupo de dirigentes y militantes de la agrupación trabajaba a la par en el Congreso, precisamente, para Bermejo.

El congresista de izquierda no figura en los documentos como fundador ni tampoco dirigente, en la práctica es un militante más desde fines de noviembre de 2023.

Quizás el caso más saltante es el de Ronald Atencio Sotomayor, quien pasó de defender a Bermejo como su abogado, a ser también su asesor principal en el Congreso, en febrero del 2022.

Luego de ello, Atencio no solo fundó Voces del Pueblo —cuando ya trabajaba en el Congreso—, sino que es quien ejerce, al menos documentalmente, la presidencia de la agrupación.

Pero también hay otros más. Luis Miguel Trinidad Abarca ingresó a trabajar al Congreso en mayo de 2022, primero como asesor del grupo parlamentario Perú Democrático, bancada a la cual perteneció Bermejo hasta marzo de 2023.

En abril de ese año, pasó a ser asesor de manera formal en el despacho del legislador de izquierda. Trinidad no solo es fundador de Voces del Pueblo, sino que es personero legal alterno y secretario nacional de organización.

También está el caso de Sandra Rico, quien es asistente de Bermejo desde agosto de 2021, ni bien inició el actual período congresal. Rico Sánchez figura como fundadora de la agrupación, además de mantener vigente su afiliación.

Adicionalmente están los casos de sus dos técnicos —Daniel Gómez y Filomeno Huaranga— que ocupan cargos dirigenciales, así como su auxiliar —Ismael Arias— que se mantiene como militante.

En diálogo con El Comercio, el presidente de Voces del Pueblo, Ronald Atencio, indicó que “es falso” lo señalado por el colaborador eficaz y -dijo- deberá corroborar su relato ante las autoridades.

Según su versión, la idea de participar en política y gestar una plataforma propia viene de hace más de una década y no surgió al llegar a trabajar al Congreso. Aunque es en esta etapa en donde se dieron las condiciones para ello, tanto sociales como de “madurez política”.

“Cuando el congresista nos convoca a su despacho, nosotros en nuestra propia interrelación de trabajadores, viendo la situación del país (…) entre nosotros y otros compañeros decidimos por propia iniciativa formar un partido. No consideramos que Guillermo [Bermejo] sea parte de este proyecto porque él estaba en una labor un poco diferente”, acotó.

De acuerdo a su versión, es cuando ya se tenía consolidado el proyecto, “ya con las firmas recolectadas, ya teníamos comités”, que recién se propuso a Bermejo asumir como la principal figura. Se aseguró que antes de ello no tuvo mayor injerencia.

“Sentíamos una ausencia de un liderazgo nacional. Nos hacía falta una persona que pueda llevar la voz del partido y con quien compartamos posiciones ideológicas. No encontramos mejor persona que Guillermo”, comentó.

En ese contexto, Atencio niega que se hayan utilizado recursos del Congreso para su inscripción. “No se ha utilizado ningún tipo de recursos del Estado, todo lo que se ha hecho [en] el partido, no se ha hecho dentro del despacho. Todo han sido actividades fuera del propio despacho”, aseguró. Las indagaciones fiscales deberán determinar si esto fue así.

Martín Cabrera, consultor en gestión pública y asuntos parlamentarios, explicó que no es ilegal que personas afiliadas o en proceso de creación a una agrupación trabajen en despachos o comisiones del Congreso, pues supone la materialización del derecho a la participación política. Sin embargo, ello no debe trasgredir la normatividad que busca cautelar los bienes públicos.

Incidió en que lo irregular es el uso de los recursos asignados para una finalidad distinta a, por ejemplo, la elaboración de proyectos de ley, representación y control político.

“Sin duda el proceso de inscripción de una agrupación, las actividades de movilización, incluso de fiscalización en ese proceso, no tendrían que ser trabajadas o revisadas ni en el Congreso ni menos en horario de oficinas ni con bienes públicos”, acotó.

Remarcó que el primer filtro para fiscalizar que los trabajadores vienen realizando actividades asignadas y no una de índole personal es su jefe inmediato, es decir, el congresista.

“Según las normas del propio congreso, el vínculo laboral que se inicia con el Congreso se inicia directamente a través del congresista de la República; entonces el primer obligado a supervisar la labor es el propio parlamentario”, acotó.

Un segundo filtro -agregó- bien pueden ser las oficinas de recursos humanos y de administración del propio Parlamento. Y en un tercer círculo para cautelar ello sería la oficina de integridad y también la oficina de control.

“La contraloría general de la República, a través de su órgano de control, debería evaluar programar en su plan anual, atendiendo una serie de incidencias o eventos en estas épocas electorales donde claramente hay un riesgo del uso indebido de bienes públicos o de la afectación del principio de neutralidad electoral, la programación de servicios de control”, aseveró.

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