“Rechazo que este pedido responda a presiones de corte político”

El fiscal Hamilton Castro negó que el pedido de prisión preventiva por 18 meses hecho en contra de cinco representantes de las constructoras peruanas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA responda a presiones de corte político. Agrego que la solicitud se dio, luego de un proceso de corroboración de las declaraciones del ex directivo de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.

“Rechazamos categóricamente que esta investigación y este pedido responsa a presiones de corte político, la prueba está en la cronología, porque todo esto proviene de un proceso de corroboración de lo que dijo un [aspirante] a colaborador eficaz [Barata]”, manifestó.

De esta manera Castro respondió al abogado de Fernando Castillo, John Caro, quien declaró que los empresarios no deben ser "chivos expiatorios de los problemas entre el Ministerio Público y el Congreso", en referencia a la denuncia presentada por Fuerza Popular contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por no haber denunciado a los socios de Odebrecht con celeridad.

El requerimiento de prisión preventiva que interpuso el viernes la fiscalía alcanza a José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero), Gonzalo Ferraro Rey (ex presidente ejecutivo de Graña y Montero), Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña y Montero), Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.) y José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA).

Ante el juez Richard Concepción Carhuancho, quien evalúa el pedido del Ministerio Público contra los empresarios peruanos, Castro también afirmó que "los procesados tienen todas las condiciones de vulnerar el proceso", dado que "pueden viajar a donde ellos quieran" debido a los recursos económicos que manejan.

Explicó que las empresas socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) cedieron parte de sus utilidades a la constructora brasileña como compensación por el soborno de 20 millones de dólares que entregó al ex mandatario.

"Odebrecht pagó la coima, pero las empresas peruanas compensaron ese gasto luego", afirmó Castro.

El fiscal detalló que "el 1 de junio de 2011, estas tres empresas se reunieron y determinaron las utilidades bajo el ropaje de riesgos adicionales. Esto consta en actas de juntas de accionistas".

"Se ha determinado con pericias contables que estas empresas cedieron más de 41 millones de soles de sus utilidades bajo la facha de riesgos adicionales, eso equivale a 15 millones de dólares", agregó Castro.

"Está permitido ceder utilidades, pero no hacerlo bajo el ropaje de riesgos adicionales, para camuflar y ocultar actividades ilegales", señaló el representante del Ministerio Público.

Castro recordó que el ex directivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró haber tenido los primeros contactos con allegados a Toledo en 2004 y que al año siguiente se dio inicio al pago del soborno, en varios tramos, después de obtener la adjudicación de la obra.

"De estas tratativas, como señaló Barata, tuvieron pleno conocimiento los representantes de las empresas socias de Odebrecht (...), que idearon un mecanismo para que Odebrecht pague la coima con el conocimiento de los ahora imputados", afirmó.

El fiscal anticorrupción remarcó que la sesión, presidida por el juez Richard Concepción Carhuancho, demostrará si la ley en el país es igual para todos, y procedió a sustentar el pedido por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.

Entregaron pasaportes
El abogado de Fernando Camet, Eduardo Alcocer, informó que su cliente está internado en una exclusiva clínica particular de Lima y aseguró que el pedido es "injusto y desproporcionado".

Alcocer sostuvo que "el tener conocimiento no es un acto de ayuda delictiva" y que la fiscalía no precisó si ese conocimiento se produjo antes o después del supuesto acto delictivo.

Los abogados de los empresarios peruanos entregaron pasaportes, documentos personales y otro tipo de documentación a la sala para demostrar que sus defendidos no tienen intención de fuga y que colaborarán en las investigaciones.

Tras la exposición de todas las partes, el juez Concepción suspendió la audiencia hasta las 10 de la noche, hora en la que comenzará a leer la resolución sobre el pedido de detención.