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Humala: Según fiscal, casas se adquirieron con dinero ilícito

El juez Richard Concepción Carhuancho autorizó medida y señaló que pagos de vivienda incautada se hizo con pagos de contratos inexistentes

Ollanta Humala

El ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, calificaron como "un abuso" la incautación de su casa. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Archivo El Comercio

La vivienda a donde la semana pasada el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia retornaron tras estar poco más de nueve meses encarcelados fue incautada ayer, a pedido del fiscal Germán Juárez, quien los investiga por el delito de lavado de activos.

Minutos antes de las 9 de la mañana, un grupo de policías y fiscales llegó a la calle Fernando Castrat, en Surco, para ejecutar la autorización emitida el 27 de abril por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. El requerimiento fue solicitado el 11 de abril.

El magistrado también ordenó la incautación de otros cuatro inmuebles –ubicados en Lurín, Surco, La Molina y La Victoria–, tres de ellos vinculados a Antonia Alarcón Cubas, madre de Heredia, y a Rocío Calderón Vinatea, amiga de la ex primera dama. Ambas están implicadas en la investigación por los aportes a las campañas del Partido Nacionalista.

El Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter, informó que la incautación de los inmuebles implica la entrega de las propiedades al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). “Debido a que han sido adquiridos presuntamente con dinero ilícito”, precisaron.
La diligencia no implicó la búsqueda de pruebas porque no fue un allanamiento.

Las cuentas bancarias de Nadine Heredia, Antonia Alarcón, Rocío Calderón, así como del Partido Nacionalista y de la empresa Todo Graph, también fueron incautadas.

La medida también alcanzó a dos cuentas a nombre de las hijas del ex presidente y Heredia, que aproximadamente tenían S/86 mil. Los fondos serán transferidos a las cuentas de Pronabi.

—Acudirán a la CIDH—
La casa incautada a los Humala, ubicada en la urbanización Chama, fue adquirida el 3 de abril del 2007 por US$160.000. El 27 de marzo del 2007, Heredia solicitó un crédito hipotecario por US$100.075 para cancelar la propiedad en un plazo de 15 años (180 cuotas) a razón de un pago de US$1.058,39 al mes hasta el 2022.

La resolución de la orden del juez Concepción, a la que accedió El Comercio, señaló que dicho crédito hipotecario fue cancelado “de manera antelada a través de 75 pagos, siendo el último el 20 de marzo del 2013. Remarcó que estos pagos han sido sustentados con contratos laborales “inexistentes”.

La fiscalía dio hasta las 10 de la noche como plazo máximo para que los Humala se retiren de la vivienda. Sin embargo, pasada esa hora, ellos continuaron en el inmueble.

En la tarde, el ex presidente y su esposa declararon a la prensa que la medida era “abusiva y un linchamiento político”.

“Esto es un ensañamiento, un acto de venganza impropio de un Estado de derecho. Invoco al presidente del Poder Judicial a que corrija este abuso grosero”, dijo Humala, de la mano de Heredia.

Ambos remarcaron que el juez Concepción no ha tenido en cuenta los derechos de sus hijos, así como el interés superior de los menores. “Es momento de reflexionar hasta dónde puede ir el odio”, agregaron.

César Nakazaki, abogado de Humala y Heredia, señaló que apelarán la medida, la que consideró “inconstitucional”.

Wilfredo Pedraza, también abogado de la pareja, anunció que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que emita una medida cautelar.

Cerca de las 7 de la noche, tres horas antes de que venza el plazo para desalojar, llegaron dos camiones de mudanza a la propiedad.

Fuentes de la fiscalía precisaron que la investigación preparatoria aún no puede ser concluida porque los Humala continúan interponiendo recursos legales ante el juez. Informaron que lo último que han solicitado es una tutela de derechos, que será evaluada hoy en una audiencia por Concepción.

Otras fuentes señalaron que la defensa de la pareja pidió al fiscal que se tomen más declaraciones y que, ante el rechazo del representante del Ministerio Público, han solicitado al magistrado que las ordene.

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