Las idas y venidas del expediente PPK en la fiscalía

La investigación fiscal contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que hoy deberá declarar ante la fiscalía, por sus presuntos vínculos con la constructora Odebrecht estuvo paralizada desde febrero de este año debido a las controversias –entre las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios y de lavado de activos – sobre quién debía tomar el caso.

El pasado 23 de noviembre, la fiscal suprema Bersabeth Revilla acabó con el conflicto que mantuvo el expediente congelado durante nueve meses. La magistrada resolvió que la responsabilidad recaía sobre el equipo especial contra delitos de corrupción, liderado por Hamilton Castro Trigoso.

La resolución de Revilla, a la que accedió este Diario, grafica las idas y venidas del expediente Kuczynski. El caso se inició el 28 de febrero pasado cuando la entonces procuradora Katherine Ampuero solicitó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrir investigación preliminar a Kuczynski por las transferencias bancarias entre el actual mandatario y las empresas First Capital y Latin American Enterprise registradas en el Banco de Crédito (BCP). Casi de inmediato, Sánchez trasladó el pedido al coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela, y este a su vez lo derivó al fiscal Carlos Puma Quispe.

El 27 de marzo, Puma Quispe, de lavado de activos, sustentó que no podía abrir investigación porque ya existía una indagación en marcha iniciada por el equipo especial de investigación para el Caso Lava Jato que encabeza Castro.

Alegó, además, que no se halló reporte alguno de operación sospechosa de lavado de activos por parte de la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) que pudiera dar sustento a una investigación. Castro tomó la declaración del primer mandatario cuatro días después. Luego devolvió el expediente al fiscal Carlos Puma.

El 6 de junio, Castro decidió que no habían argumentos suficientes para abrir una investigación a Kuczynski por las transferencias del BCP.

Durante los siguientes meses, las discrepancias continuaron al punto que la procuradora Ampuero llegó a interponer una queja por la demora en la investigación contra Kuczynski, en julio pasado.

No fue hasta el 23 de noviembre, y a pedido del fiscal Rafael Vela, que la fiscal suprema Bersabeth Revilla resolvió confirmar que la competencia recaía sobre Castro y el equipo especial para el Caso Lava Jato.

Revilla citó la resolución de la Fiscalía de la Nación de diciembre del 2016 –que crea el equipo especial–, que señala claramente: “para que se avoquen a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habrían incurrido la empresa Odebrecht y otros”.

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