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Incorporan a Odebrecht y Graña y Montero como terceros civiles responsables en investigaciones

También fueron incluidos JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) en el caso relacionado al tramo 2 de la carretera Interoceánica.

Fiscalía investiga a un un grupo de funcionarios del MTC y Ositran, así como empresarios por la Interoceánica Sur Tramo 2. (Foto referencial: GEC)

Fiscalía investiga a un un grupo de funcionarios del MTC y Ositran, así como empresarios por la Interoceánica Sur Tramo 2. (Foto referencial: GEC)

archivo el comercio

La primera sala de apelaciones anticorrupción ordenó la incorporación como terceros civiles responsables a las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A, en el marco de la investigación que se seguía por el segundo tramo de la carretera Interoceánica Sur.

El proyecto estuvo a cargo de la Concesionaria Interoceánica sur-tramo 2 S.A., integrada por las cuatro empresas, y cuyo gerente fue Luiz Fernando de Castro Santos.

Este caso fue denominado “Caso Ositrán” donde se encuentran investigadas 22 personas por negociación incompatible y/o colusión. Once de ellas eran funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN)  del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según las investigaciones, la ejecución contractual de dicho proyecto habría producido un perjuicio patrimonial al Estado de US$182’185,907.28 millones. Dicho perjuicio se habría producido en tres ítems: irregularidades en los tramos Hualla Hualla, Huayllayoc y Ocongate, en el trato indebido y en el incremento de gastos generales.

El pasado 10 de abril, el primer juzgado de investigación preparatoria anticorrupción declaró fundado en parte el requerimiento de la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato e incorporó a la persona Concesionaria Interoceánica sur-tramo 2 S.A y declaró infundado el extremo que comprendía a las cuatro primeras empresas mencionadas.

Para desestimar dicho extremo, el juzgado de primera instancia alegó que no existía ningún investigado que vincule jurídicamente a las cuatro empresas, o que estas tengan algún vínculo con Luiz Fernando de Castro Santos.

Ante ello, el procurador ad hoc del caso, Miguel Ramírez, apeló la decisión judicial pues consideró que los elementos de convicción fundamentaban la vinculación de las empresas con los hechos materia de investigación.

-Posición de la Sala-

Tras analizar el caso, el tribunal superior remarcó que, según la hipótesis de la fiscalía, las cuatro empresas, al ser parte del consorcio, también se habrían beneficiado económicamente con los actos ilícitos en directo perjuicio patrimonial del Estado.

El tribunal sostuvo que, en primer lugar, el representante de la concesionaria presentó, de manera irregular, propuestas de solución de problemas pese a que el proyecto recién había iniciado la ejecución de obras. Esto, dijo la sala, también generó un daño patrimonial ocasionado por el representante del consorcio constituido por las cuatro empresas.

Por ello, la sala sostuvo que, a su criterio, desde que las empresas constructoras “decidieron consorciarse y luego formaron otra empresa solo para efectos de firmar el contrato de concesión, les guió una única voluntad ilícita”.

“En suma, en el presente caso, se constata el vínculo entre el investigado Luiz Fernando de Castro Santos y las empresas constructoras y la Concesionaria Interoceánica Sur-tramo 2 S.A, verificándose también la generación de un daño en el ejercicio de una actividad de representación por tratarse de personas jurídicas”, concluyó el tribunal.

La sala estuvo integrada por los magistrados Ramio Salinas Siccha, Juan Guillermo Piscoya y Marco Angulo Morales.

Fuentes de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, explicaron que la decisión judicial permitirá que, de hallarse responsabilidad penal en la licitación de dicho proyecto y emitirse condena contra las personas investigadas en el caso, dichas empresas también puedan pagar parte de la reparación civil de manera solidaria.

Indicaron que la pretensión del despacho como monto de un futura reparación civil de manera solidaria es de US$182 millones.

Afirmaron que la incorporación de dichas empresas no afecta el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht puesto que la constructora se comprometió al pago de una reparación civil por este caso y forma parte del acuerdo.

El Comercio trató de conocer la versión de las cuatro empresas sobre la decisión judicial. Graña y Montero informó que se pronunciará a través de una nota de importancia. Hora después publicó la siguiente nota:

Constructora Norberto Odebrecht aseguró que "está imposibilitada de hacer cualquier comentario sobre asuntos que son parte del acuerdo de colaboración eficaz. Solo la Procuraduría ad hoc puede informar sobre los avances del proceso".

JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A indicaron que están analizando el tema.

Resolución de la Primera Sala de Apelaciones sobre incorporación de consorciadas en el caso IIRSA Sur Tramo 2

Resolución de la Primera Sala de Apelaciones sobre incorporación de consorciadas en el caso IIRSA Sur Tramo 2.

archivo el comercio

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