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Incorporan como terceros civiles a empresas consorciadas de Odebrecht

Poder Judicial incluyó a las empresas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Iccgsa con la finalidad de que asuman eventual pago de reparación civil en el proceso del caso Interoceánica Sur.

Odebrecht

Odebrecht participó en la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. (Foto: Archivo El Comercio)

El juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, ordenó la incorporación como terceros civiles responsables de las empresas Graña y Montero SAA, JJC Contratistas Generales SA e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (Iccgsa), consorciadas de la constructora Odebrecht, en el marco de la investigación que se les sigue por las irregularidades en la construcción de la Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3.

La decisión se produjo tras el pedido de la procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht con la finalidad de que dichas empresas puedan asumir de manera solidaria un eventual pago de la reparación civil por los daños causados al Estado por la adjudicación irregular de la mencionada obra.

Ante dicho pedido, la defensa de la empresa Graña y Montero, sostuvo que no debía aceptarse el pedido porque la empresa no habría participado del acuerdo ilícito con Odebrecht y que el único grado de vinculación con el caso, es el de dependencia de una persona natural que trabajó para la empresa.

Mientras que la defensa de JJC Contratistas, también aseguró que su patrocinada no había participado en ningún acuerdo con el ex representante de Odebrecht, Jorge Barata.

Iccgsa, por su parte, sostuvo a través de su defensa que la procuraduría no habría establecido el supuesto daño causado.

Sin embargo, el juez Concepción Carhuancho sostuvo entre sus argumentos que las personas naturales no pueden desvincularse de las empresas que habrían cometido actos ilícitos.

Además, aseveró que si estas personas jurídicas se habrían beneficiaron de una decisión, en consecuencia, también deberían responder por el presunto daño causado al Estado.

Como se recuerda, las empresas vienen siendo investigadas luego que Jorge Barata, funcionario de Odebrecht, reconoció haber entregado cerca de USD$30 millones en coimas con la finalidad de que su empresa y las consorciadas sean beneficiadas con la licitación del proyecto Interoceánica Sur tramos 2 y 3.

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