(Foto: Presidencia)
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Redacción EC

“Somos una democracia y este tema del indulto humanitario lo vengo hablando hace muchos meses. Al final prevaleció la opinión de los médicos. No hay ninguna negociación con nadie”, dijo el presidente desde Arequipa sobre la que quizá sea la decisión más difícil que ha tomado, como él mismo calificó la gracia que le otorgó a Alberto Fujimori el pasado 24 de diciembre. Sin embargo, la última encuesta de Ipsos indica que la mayoría de peruanos no le cree a Pedro Pablo Kuczynski.

Hasta hace algunos meses, el 65% de la población estaba de acuerdo con un indulto humanitario para Fujimori. Hoy el respaldo a la medida ha disminuido por segunda vez desde su anuncio, hasta el 53%.

Mientras la aprobación de Kenji Fujimori sube, Kuczynski retorna a uno de sus niveles más bajos en lo que va de su gestión: 23% (y 70% de desaprobación). Lo más grave es que las cifras publicadas el fin de semana no solo responden a la impericia política de . La sensación general es que el presidente le ha mentido sistemáticamente al país y, en consecuencia, su palabra perdió valor.
La diferencia entre los resultados de Kenji y PPK se explican fácilmente. Mientras el primero proclamó a los cuatro vientos que estaba en política para sacar a su padre de la cárcel, cada vez se va conociendo más sobre la sinuosa historia del indulto que Kuczynski quería firmar, pero al que se refirió constantemente con evasivas, conminando a su primera ministra a protegerlo porque “no estaba ni estuvo en la agenda del Gabinete” (Aráoz sic). Los hechos desmienten a ambos. La gracia ha sido la única manera de asegurarse un segundo aire en Palacio de Gobierno. Así ha decidido ser recordado Kuczynski, como el presidente que indultó a Alberto Fujimori en medio de una telaraña de intrigas y utilizando al Gabinete para desarrollar su propia agenda.

Ya no hay duda de que designó para administrar sectores tan sensibles como Justicia y Salud a ministros que han servido sobre todo para facilitar la salida de Fujimori. Enrique Mendoza reemplazó a Marisol Pérez Tello en Justicia (quien abiertamente expresó su oposición a la gracia presidencial) y se ocupó de formar una Comisión de Gracias Presidenciales a la medida del indulto. Para ello, puso a Juan Falconí, otrora abogado de congresistas naranjas, como presidente. Y es por la sospechosa velocidad y aparente festinación del debido proceso en que se incurrió, que el ministro todavía no envía el expediente Fujimori al defensor del Pueblo, como este se lo viene solicitando.

Pero lo peor es lo que el presidente le hizo a la salud pública a cambio de un salvavidas para su honor (afectado por las revelaciones de sus tratos con Odebrecht mientras fue ministro de Alejandro Toledo) y su permanencia en el cargo.

Con la anemia infantil bordeando el 40%, mujeres dando a luz en los pasillos de los hospitales, donde faltan medicamentos porque no se les paga a los proveedores, y médicos y enfermeras en pie de huelga, PPK nombró a Fernando D’Alessio para encargarse de nombrar una junta médica ad hoc. Casi de inmediato, el marino en retiro puso a Luis Champin Loli, un hombre de su absoluta confianza, como responsable de las Redes Integradas de Salud de Lima Este y este se hizo cargo. La junta estuvo formada por los doctores Guido Hernández, Víctor Sánchez y Juan Postigo, el famoso médico que operó a Fujimori y fue vetado de participar en el análisis de un indulto para el ex presidente en el 2013 por haber adelantado opinión en beneficio de su libertad.
Ciento catorce días duró la gestión de D’Alessio. Llegó y se marchó sin pena ni gloria. Salvo Kuczynski, nadie más tendrá nada que agradecerle. La pregunta es si el honor de PPK está a salvo o más bien herido de muerte, víctima de su propia negligencia.

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