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¿Quién es el infractor? ¿Sánchez o Salaverry?, por Juan Paredes Castro

Pablo Sánchez

(Foto: Giovanni Tazza/El Comercio)

Brasil sigue poniéndole la agenda fiscal y judicial al Perú, y de paso también la agenda política, con todo el tumulto que la primera arma periódicamente sobre la segunda.

Como parte de este tumulto, nuestro sistema político (más de caudillos que de partidos) se torna cada vez más indefenso, y nuestras estructuras y reglas institucionales, precarias en sí mismas, no tienen otra válvula de escape que la impotencia.

Las revelaciones de que Odebrecht salvó a Susana Villarán de la revocatoria mediante una millonaria inversión publicitaria, nada caritativa, por supuesto, acusa un golpe muy duro a curtidos e ingenuos sectores de la izquierda que ya sufrieron una primera decepción con Toledo, una segunda con Humala, una tercera con la ex alcaldesa de Lima, una cuarta con Kuczynski, y que corren el riesgo de sufrir una quinta con Verónika Mendoza, implicada en las agendas de Nadine Heredia.

En un horizonte adverso como este para toda la clase política, más vale la pena estar advertidos de que el Ejecutivo y el Congreso, por conflictos de interés internos, no parecen estar en capacidad de construir una agenda de gobernabilidad que pueda estar blindada de los efectos Odebrecht.

En tanto el presidente Kuczynski no tiemple la cuerda floja sobre la que camina y Keiko Fujimori insista en apuntar fuera del blanco, ambos con acusaciones de Odebrecht no corroboradas, el Gobierno y el Congreso no podrán salir de su actual inmovilización política. El manejo económico en piloto automático no alcanza a disimular el grave deterioro de la institucionalidad política.

Si el Perú no fija un rápido balance político, legislativo, fiscal y judicial, en resultados, respecto de lo que viene de Brasil, nuestra pregonada lucha anticorrupción pude terminar siendo una reverenda fanfarronada.

Por lo pronto tenemos al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, acusado, equivocadamente, de infracción constitucional. Quien tendría más bien que cargar con el peso de una infracción constitucional es el congresista de Fuerza Popular Daniel Salaverry, autor de la iniciativa que persigue responsabilizar a Sánchez de lo que en esencia corresponde a los ámbitos jurisdiccionales de los fiscales.

La congresista Yeni Vilcatoma, en una variante de su propia denuncia contra el fiscal de la Nación, acusa al fiscal Hamilton Castro de no haber abierto investigación a las empresas consorciadas de Odebrecht, entre ellas, Graña y Montero. El blanco en este caso no sería precisamente Sánchez, sino aquellos fiscales como Castro, sobre los cuales Sánchez no puede imponer arbitrariamente su autoridad, porque estaría violando “la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional” (artículo 139 de la Constitución).

La torpeza de algunos fiscales de pretender investigar como crimen organizado el financiamiento, mediante cocteles, de la campaña electoral de Fuerza Popular, no puede ser respondida con otra torpeza: la de apuntar a la cabeza del fiscal de la Nación en lugar de hacerlo en dirección de los responsables directos del caso.

Defendamos, pues, lo que queda de nuestra institucionalidad política, legislativa, fiscal y judicial, que vive como puede desde su frágil recuperación de la autocracia del 90 al 2000.

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