Inmunidad Parlamentaria: historias de blindaje y escándalo

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Buena parte de los cuestionamientos a la inmunidad parlamentaria nacieron del tratamiento que el Congreso disuelto brindó a espinosos expedientes de sus miembros. Durante ese periodo, se aprobaron solo tres de ocho pedidos de levantamiento cursados por el Poder Judicial.

Por la senda del trámite

Uno de los pedidos que capitalizó mayor atención durante el período disuelto tuvo como protagonista a Betty Ananculí (Fuerza Popular). La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso rechazó hasta en dos oportunidades (diciembre del 2018 y junio del 2019) las solicitudes judiciales para levantarle la inmunidad.

En la primera ocasión, la comisión desestimó en silencio el pedido sobre la legisladora, quien era investigada por el presunto delito contra la fe pública, falsificación de documento público y uso de documento público falso al presuntamente haber mentido en su hoja de vida cuando era candidata al Congreso, pese a las críticas por supuesto blindaje.

En la segunda oportunidad, el grupo rechazó el pedido con votos de la bancada a la que pertenecía Ananculí aduciendo que existía una persecución política en su contra. “No hay garantías en este proceso. Yo desde un comienzo he colaborado, jamás iba a pensar que iba a haber persecución”, defendió la parlamentaria tras saludar la decisión de la comisión.

Distinta fue la suerte de su colega de bancada Moisés Mamani, quien en marzo del 2018 denunció, junto al grupo naranja, una presunta compra de votos por parte de la gestión del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski con la finalidad de evitar la vacancia del economista.

En noviembre de ese mismo año, el entonces legislador fue denunciado por haber realizado tocamientos indebidos contra una aeromoza de Latam. El escándalo escaló a tal magnitud que en marzo del 2019 la comisión aprobó el pedido para levantarle la inmunidad, decisión que fue confirmada por el pleno del Congreso.

Y si de casos controvertidos se trata, el nombre de Yesenia Ponce no podría hacer falta. Sobre la entonces congresista se iniciaron recurrentes procesos en la Comisión de Ética y se formuló una solicitud judicial para levantarle la inmunidad parlamentaria por supuestamente mentir en su hoja de vida cursada al JNE en las elecciones del 2016.

Aunque parezca sorprendente, el pedido fue devuelto al Poder Judicial en noviembre del 2018 bajo el pretexto de que se debía subsanar parte de la documentación. Meses después, Ponce presentaría su renuncia irrevocable a la bancada de Fuerza Popular, por lo que, sin el amparo de ningún grupo parlamentario, el pedido de levantamiento de inmunidad procedería en la comisión.

No obstante, al igual que un pedido de levantamiento de inmunidad contra Moisés Mamani por mentir en su hoja de vida que también fue aprobado en dicho grupo, el pleno no llegó a revisar ambos casos.

Precedentes negativos

El Parlamento disuelto registró dos casos de especial gravedad. Uno de estos tuvo como personaje principal a Benicio Ríos (APP), sentenciado en diciembre del 2017 a siete años de pena privativa de la libertad por delito contra la administración pública y colusión, cometidos cuando era alcalde de Urubamba entre los años 2007 y 2010.

En mayo del 2018, el Poder Judicial confirmó la condena sobre Ríos. Luego de permanecer por varios meses prófugo, en agosto de ese año el legislador reapareció en el Hall de Pasos Perdidos y aseguró estar a disposición del Congreso. A finales de ese mismo mes, el Congreso aprobó levantar la inmunidad de arresto de Ríos, para, en setiembre, formalizar su vacancia.

Benicio Ríos se sumergió nuevamente en la clandestinidad hasta el 14 de noviembre del 2018, día en que la Policía Nacional lo capturó en Lima. Al día siguiente fue trasladado al Cusco e internado en el penal de Qenccoro.

Sin embargo, el acontecimiento que amasó la mayor notoriedad respecto al tópico de la inmunidad parlamentaria fue el de Edwin Donayre (APP). El 27 de agosto del 2018, el general en retiro del Ejército Peruano fue sentenciado a cumplir cinco años y seis meses de pena efectiva por el Caso Gasolinazo. Donayre, así como otros civiles y militares implicados, fueron acusados de haberse apropiado de manera ilícita de combustible que había sido asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur en el 2006.

Las dilaciones, sin embargo, comenzaron en ese preciso momento. Tras la sentencia, la Comisión de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema determinó que la sentencia debía hacerse efectiva, por lo que pidió al Parlamento autorización para que se ejecute la pena.

A inicios de setiembre del 2018, la Comisión de Inmunidad Parlamentaria decidió devolver al Poder Judicial su solicitud pues requerían que se especifique si querían un levantamiento de proceso o un levantamiento de arresto. Las demoras en las instancias del Parlamento dieron pie, incluso, a que en noviembre Edwin Donayre solicitara públicamente una audiencia con el entonces titular del Poder Judicial, Víctor Prado.

A inicios de diciembre, César Vásquez, vocero de la bancada de APP, afirmó que pediría que la Comisión de Constitución del Congreso brinde su parecer sobre el caso de su colega de grupo parlamentario pues, a su parecer, existía un “vacío de interpretación” respecto a la autorización del levantamiento de inmunidad de arresto.

Varios meses después, en febrero del 2019, la Comisión de Constitución emitió dicho informe consultivo en el que precisó que para que se apruebe un pedido de levantamiento de la inmunidad de arresto, y este procedimiento cuente con coherencia normativa y constitucional, "la condena debe ser firme".

Tuvieron que pasar dos meses más para que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso admitiera a trámite el pedido sobre Donayre. El 29 de abril del 2019, la Sala Suprema Penal Permanente ratificó la condena contra el legislador por Ayacucho y dispuso que cumpla cinco años de prisión.

Al día siguiente, ya sin el respaldo de su bancada ni la de Fuerza Popular, la comisión dio luz verde al informe que recomendaba levantar el fuero de Donayre, para que finalmente el pleno del Congreso aprobara el levantamiento de inmunidad del congresista el 2 de mayo del 2019, más de ocho meses después de dictada la sentencia.

Lo que devino después estuvo más cercano al espectáculo que al rubro político. El Poder Judicial dispuso la inmediata ubicación y captura de Edwin Donayre, pero este no fue hallado en su domicilio. Al no tener rastros sobre su paradero, el vacado legislador fue incluido en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Posteriormente también se le retiraron sus condecoraciones militares.

Donayre permaneció prófugo casi medio año. Fue capturado el 30 de octubre cerca de una plaza principal del distrito limeño de Puente Piedra. Días después fue trasladado al penal Miguel Castro Castro.

Balance

En noviembre del 2018, este Diario reveló que el Congreso disuelto demoraba un promedio de 97 días hábiles en generar una decisión final en torno a los pedidos de levantamiento de inmunidad cursados desde el Poder Judicial.

En el primer semestre del 2019, el Parlamento disuelto desestimó el proyecto del Ejecutivo que sugería que sea la Corte Suprema de Justicia, y ya no el Legislativo, el que determine el levantamiento de la inmunidad a parlamentarios en casos de delito común. En situaciones de flagrancia, proponía que el legislador pase inmediatamente a disposición del fiscal de la Nación.

El Congreso aprobó el proyecto, aunque con modificaciones sustanciales, por lo cual el presidente Martín Vizcarra presentó y justificó una propuesta radical en su mensaje a la Nación del 28 de julio del 2019: acortar el mandato presidencial y parlamentario a julio del 2020; un desenlace con una historia conocida.

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