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Institucionalidad al compás de audios, una crisis que trasciende lo judicial

Especialistas advierten que falta de reforma institucional podría abrir la puerta a líderes antidemocráticos

Proyecto de ley propone declarar emergencia hasta por nueve meses el CNM para su evaluación y reestructuración. (Foto: Agencia Andina)

Proyecto de ley propone declarar emergencia hasta por nueve meses el CNM para su evaluación y reestructuración. (Foto: Agencia Andina)

Un presidente del Poder Judicial, siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), un titular de la Corte del Callao y un ministro de Justicia. Eso se llevó, hasta ahora, la ola de audios que revela una presunta red de tráfico de influencias dentro del sistema de justicia peruano.

Ante esa crisis de proporciones aún inciertas, la reforma judicial acapara hoy todo rincón del debate público. Sin embargo, su impacto trasciende lo estrictamente judicial y se suma a una creciente deslegitimidad de instituciones. “Esta no es una crisis de personas, sino de instituciones”, advierte el ex presidente de Transparencia Internacional José Ugaz.

CNM

(Gráfico: El Comercio)

—Mezcla perversa—
La difusión de los audios ha tocado, directa o indirectamente, a los tres poderes del Estado. Desde el presidente de la República hasta ministros, congresistas e incluso el flamante fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, han sido al menos mencionados en las polémicas grabaciones.

No todos los casos están vinculados a un presunto accionar irregular. Pero, en un universo de instituciones desaprobadas por más del 60% de la ciudadanía, —de acuerdo a la última encuesta de El Comercio-Ipsos— era de esperarse que estas acusen el golpe de una u otra forma.

Conferencias de prensa para desmentir acusaciones, renuncias, inhibiciones, denuncias constitucionales, suspensiones y destituciones son moneda corriente desde la difusión del primer audio.

“Lo visto en las últimas semanas refuerza en la gente este escepticismo hacia la institucionalidad. Esa impresión de que no se puede actuar contra fuerzas que parecen estructurales e instaladas ahí por mucho tiempo”, remarca el jefe de IDEA Internacional en el Perú, Percy Medina.

En ese contexto, un Ejecutivo con 66% de desaprobación ciudadana será el encargado de dar el primer paso en una reforma que luego pasará al campo de un Congreso con casi 80% de rechazo. Y el fruto de ese nuevo sistema de justicia será, a la vez, el encargado de investigar a muchos de aquellos políticos que lleven adelante la reforma.

“Se necesitan dos variables que las instituciones operen bien: que sean legítimas –imparciales en su funcionamiento– y eficientes. En América Latina nos olvidamos de que estos requisitos se tienen que alimentar constantemente. La confianza institucional se desanda rápido y se construye con mucha dificultad”, afirma Roberto de Michele, especialista líder del Banco Interamericano de Desarrollo en temas anticorrupción.

—Crisis y oportunidad—
Como prueba de esa falta de alimentación constante, el Perú vuelve a enfrentar hoy –aunque con diferentes matices– una crisis institucional a menos de dos décadas de la vivida tras el último gobierno del indultado Alberto Fujimori.

“Cuando uno no aprende esas lecciones, vuelve a tropezar. Hoy tenemos corrupción descentralizada y generalizada. La crisis abre una gran oportunidad. Si la dejamos pasar, puede que no se vuelva a presentar”, señala Ugaz.

El presidente Martín Vizcarra intenta ahora tomar como bandera la respuesta a la crisis, consciente de la oportunidad y de su caída en las encuestas. En cuestión de días, le solicitó al Parlamento la remoción de los miembros del CNM y designó a la comisión que tendrá el reto de diseñar en dos semanas una reforma judicial que no se hizo en años. Esta, por sí sola, podría resultar insuficiente.

“La reforma institucional es una tarea del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y, en gran medida, de acompañamiento de los medios y la opinión pública. Hay demasiados intereses en juego. El riesgo de esta es el gatopardismo: hacer cambios que en el fondo no cambian nada”, sostiene Medina.

De no concretarse una reforma que vaya más allá de la judicial, los especialistas consultados coinciden en que se abriría una peligrosa puerta para proyectos antidemocráticos. Líderes antisistema, radicales de derecha o de izquierda, podrían valerse de esa deslegitimidad institucional y hartazgo ciudadano.

“No podemos darnos el lujo de que el ciudadano tenga cada vez menos confianza en sus instituciones si queremos una democracia sólida. Ese es el caldo de cultivo para soluciones ‘mágicas’”, concluye De Michele.

El próximo 28 de julio, el jefe del Estado presentará las recomendaciones de la comisión encabezada por Allan Wagner para reformar el sistema de justicia.

La reforma institucional corre, mientras tanto, al compás de los audios.

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