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Interpelación a Marilú Martens: las inexactitudes que dejó el debate

La ministra de Educación se presentó ayer ante el pleno del Congreso. Dos bancadas pidieron su renuncia e incluso ya se habla de una moción de censura.

La ministra de Educación, Marilú Martens, fue finalmente interpelada ayer por el Congreso de la República. Fue una larga sesión en la cual oficialistas y opositores incurrieron en diversas inexactitudes para defender sus respectivas posturas sobre la gestión gubernamental del sector Educación. El Comercio analiza algunas de estas mentiras y medias verdades a continuación.

— “Tuvimos una huelga magisterial que duró 53 días”.
Marilú Martens, ministra de Educación.


Falso.
En su introducción previa a las respuestas del pliego interpelatorio, la ministra redujo los días de la duración de la huelga finalizada el sábado pasado (2 de setiembre). El 6 de junio, el SUTE Cusco anunció una movilización de docentes en 12 regiones del país para el 15 de ese mes. Si se toma dicha fecha como el inicio de la huelga, la duración se calcularía en 79 días. Y si se tomara el intento de toma del aeropuerto del Cusco por parte de un grupo de maestros como el inicio real de la huelga, esta se calcularía en 75 días. La cifra anunciada por la ministra es la que el Minedu calcula como días efectivos de clase perdidos en el transcurso de la huelga de maestros.

— “El Gobierno cumplió con el aumento del salario de entrada [de los docentes] a S/2.000”. Marilú Martens, ministra de Educación.

Media verdad.
Efectivamente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski cumplirá con su promesa de campaña de aumentar el salario base de los maestros de S/1.400 a S/2.000. Sin embargo, el entonces candidato se comprometió a realizar dicho incremento salarial “al término del primer año de gobierno”. Es decir, a finales de julio del 2017. No en diciembre, como respondió el Ministerio de Educación a los docentes ante el estallido de la huelga magisterial, ni tampoco en noviembre, como finalmente se hará a través de un decreto de urgencia.

— “No hemos llamado terroristas a nuestros docentes [en huelga]”.
Marilú Martens, ministra de Educación.


Media verdad.
Si bien no realizó dicha afirmación de forma explícita, el Gobierno vinculó a algunos representantes sindicales con grupos terroristas. Por ejemplo, el ministro de Interior, Carlos Basombrío, sostuvo ante la Comisión de Educación que al menos 25 de los 30 representantes gremiales presentes en el diálogo tenían “vínculos con el Movadef”. Mientras que el presidente Kuczynski aseguró, en su mensaje a la nación del 16 de junio, que no aceptaría “ideologías violentistas” como las que apoya un movimiento de “origen terrorista”.

— “El Ministerio de Educación actuó con mano firme durante la huelga magisterial”.
Marilú Martens, ministra de Educación.


Falso.
El Ministerio de Educación no solo no actuó con mano firme desde un inicio, sino que tuvo idas y vueltas durante toda la huelga de maestros. Reuniones fallidas, preacuerdos, amenazas de descuentos y anuncios no concretados marcaron los más de 70 días de protestas. De forma fallida, miembros del Ejecutivo advirtieron por lo menos siete veces sobre potenciales descuentos a los docentes —los cuales deben ser ejecutados por gobiernos regionales—, y en no menos de cuatro ocasiones la ministra Marilú Martens afirmó que estos volverían a clases.

— “Voluntad política hubo en todo momento [para dialogar]”.
Vicente Zeballos, vocero de Peruanos por el Kambio.


Media verdad.
La primera acción del Gobierno ante la huelga se dio una semana después de que esta se iniciara: el Ministerio de Educación la declaró ilegal el 22 de junio, y un día después, Marilú Martens dijo que no atendería a los maestros “en un contexto de violencia”. Más allá de si fue una decisión acertada, dicho condicionamiento se mantuvo por parte del Gobierno hasta la reunión del presidente Kuczynski con los representantes de los docentes en huelga, realizada el 10 de agosto.

— “La evaluación de los maestros debe ser formativa y no punitiva”.
Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular.


Falso.
La evaluación de desempeño contemplada en la Ley de Reforma Magisterial no cuenta hoy con un enfoque punitivo. Una prueba de ello es que el docente tiene acceso a una capacitación previa a la evaluación. Además, los docentes cuentan con hasta tres oportunidades para superar la evaluación de desempeño antes de proceder con su retiro de la carrera pública magisterial. Los dirigentes de los maestros en huelga pretendían que, de no superar la evaluación en tres intentos, el docente se mantuviera en su escala actual.

— “Hubo un enorme avance en Educación durante el último gobierno aprista”.
Jorge del Castillo, vocero del Apra.


Media verdad.
En un pasaje del debate, el parlamentario hizo alusión al “enorme avance” registrado durante el último gobierno de Alan García. Ello principalmente en referencia a la implementación de las evaluaciones de desempeño docente. Sin embargo, el salario anual promedio de cada maestro se redujo en los cinco años del último gobierno aprista. Así, el salario anual docente calculado en poco más de S/10.000 cuando asumió García descendió a S/9.784 al término de su gobierno, según cifras del Grupo de Análisis para el Desarrollo.

— “Los profesores piden recuperar las clases. Sin embargo, les han hecho los descuentos”.
Wilbert Rozas, vocero del Frente Amplio.


Media verdad.
A pesar de que puedan existir pedidos de docentes para recuperar las clases, los descuentos aplicados de forma progresiva corresponden a las ausencias registradas por los maestros durante los más de 70 días de huelga docente. Una medida que tanto el Ministerio de Educación como los gobiernos regionales tienen la potestad de tomar en casos como este. Si se concreta la recuperación de clases, los pagos respectivos a docentes se programarán y registrarán recién entonces.

— “Uno no tiene que pedir permiso para hacer una huelga. Es un derecho. Basta con avisar”.
Marco Arana, congresista del Frente Amplio.


Falso.
Si bien la legislación peruana permite a organizaciones sindicales realizar huelgas, cualquier protesta pública debe contar con garantías de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. El objetivo es que dichas entidades puedan garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de la ciudadanía mientras se realice la manifestación. Aquella protesta que no cuente con una autorización previa para recorrer las calles estaría incurriendo en un acto ilícito contemplado en el artículo 283 del Código Penal.

— “Se ha utilizado la Ley de Reforma Magisterial para despedir docentes”.
Edilberto Curro, vocero del Frente Amplio.


Falso.
El retiro de un docente de la carrera pública magisterial se dará si este no es capaz de superar la evaluación de desempeño en tres oportunidades, según la Ley de Reforma Magisterial. Sin embargo, resulta imposible que dicha ley ya haya sido utilizada para “despedir docentes” por una razón: las primeras evaluaciones de desempeño aún no se realizan. Estas se tomarán recién este año. Además, la relación directa entre evaluaciones y despidos no existe en ningún país en el cual ya se haya implementado esta metodología.

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