(Composición: Jean Izquierdo/El Comercio)
(Composición: Jean Izquierdo/El Comercio)
Juan Paredes Castro

Analista político

Si no hubiera saltado el escándalo sobre los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, estos seguirían siendo en el Perú, para asombro de muchos, prácticas solapadas por gobiernos y gobernantes, e invisibles para la vista gorda de jueces y fiscales.

De igual manera, mientras la intromisión en elevados niveles de poder o la usurpación de los mismos, no sea, en las cumbres del Gobierno, del Legislativo y de la justicia, motivo de alarma pública, la complacencia se encargará de reconocerla como práctica normal y de rodearla de la impunidad ad hoc correspondiente.

Desde el ‘doctor’ Vladimiro Montesinos, dueño del picaporte de entrada y salida de Palacio de Gobierno en tiempos de Alberto Fujimori, hasta la ‘jefa’ , mandamás del régimen de Ollanta Humala, pasando, en términos pintorescos, por la ‘jefa’ (Katiuska) que oscureció la vida del ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, hay sobrados ejemplos en nuestra historia de cómo personalidades carentes de poderes formales terminan adquiriendo poderes reales, al punto de comprometer responsabilidades de Estado.

Lo último que acabamos de conocer es que una buena y respetable señora, como Ana Vega, asistenta de confianza de la presidenta de Fuerza Popular, , es el filtro máximo de las agendas de la bancada fujimorista en el Congreso. Su influencia hasta aquí podría parecer funcional y relativamente correcta. Ocurre, sin embargo, que Ana Vega tendría un ascendente muy fuerte sobre todos y cada uno de los parlamentarios fujimoristas , al punto de contenerles la respiración con su sola autoridad. Llamada “la jefa” por la congresista Patricia Donayre, nadie descartaría su actual capacidad de pinchar y cortar la torta de la reforma electoral. Ana Vega es el poder tras el trono de Keiko y del Congreso.

Que influyentes caracteres fuertes (esposas y amantes, amigos y amigas) rodeen la vida cotidiana de caracteres débiles investidos de poder (presidentes, magistrados, generales) podría no pasar de ser un fenómeno anecdótico de la psicología política, pero resulta que desde los viejos tiempos del cardenal Richelieu, bajo el reinado de Luis XIII, y del santón Rasputín, en la Rusia del zar Nicolás II, las consecuencias del ejercicio del poder tras el trono han sido generalmente nefastas. Lamentablemente, ni la lección de Montesinos ni la otra lección, más reciente, de Nadine Heredia, parecen ser asimilables por nuestro sistema político, vuelto a sembrar e incubar, en puestos claves, poderes informales con poderes reales, monstruosos injertos disfrazados de peligrosa apariencia legal y constitucional.

Algo similar pasa con los viceministros (recuérdese al humalista Iván Vega) que despachan directamente con el presidente, saltándose la instancia de los ministros. O con los vicepresidentes y su tentación a morir por los cargos ministeriales. No faltan quienes como el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, acaben hablando a nombre del presidente en un supuesto “arreglo” presupuestal con el contralor Edgar Alarcón. La confusión de vocerías e interlocutores, así como la confusión de competencias de poder, desarma el tablero de ajedrez de la política, poniendo fuera de fuego a sus actores y contendores legítimos.

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